Cárceles mexicanas: bodegas humanas injustas e inseguras

Por: Mariana García, Investigadora de México Evalúa.

Después de ver el documental Presunto Culpable para muchos mexicanos fue más que evidente la realidad del sistema de procuración de justicia en nuestro país, pues fuimos testigos del desempeño de los ministerios públicos al integrar expedientes para sustentar la acusación, así como la actuación de los jueces al valorar la evidencia y emitir las sentencias. Esto nos dejó muy claro que existen enormes posibilidades de que gente inocente permanezca en las cárceles del país sin deberla ni temerla.

¿Para qué sirven las cárceles idealmente? Entre los principales objetivos para el establecimiento de prisiones en todo el mundo están básicamente: proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, disuadir a posibles delincuentes de la intención de cometer actos ilícitos en el futuro, así como fungir como centros de readaptación social para reinsertar de nuevo a la sociedad a los presos que hayan cumplido su condena. Existe entonces (como dijera Michel Foucault en su obra maestra Vigilar y castigar) un elemento disuasivo y de corrección del comportamiento que hace de las cárceles “instituciones disciplinarias”.

 

Sin embargo, ¿qué pasa cuándo se pervierten esos principios y las prisiones no sirven para los objetivos para los que fueron creadas? Un interesante documento de Guillermo Zepeda para el Open Society Institution de George Soros, Los mitos de la prisión preventiva en México (2009) nos presenta un extraordinario acercamiento a las deficiencias de la prisión para cumplir con sus principales funciones, pues: la prisión preventiva no reduce el número de delitos que se cometen, no hace que los ciudadanos nos sintamos más seguros, no encarcela a los criminales más peligrosos y no permite una adecuada reparación del daño para la víctima.

 

¿Qué aspectos son particularmente preocupantes en las cárceles mexicanas? A mi parecer, las constantes injusticias y violaciones a derechos humanos básicos que reproduce el sistema penitenciario mexicano. Los dos más delicados: el agravio de la prisión preventiva hacia los “presuntos delincuentes” como mecanismo disuasivo y las condiciones de vida a la que son expuestos los presos durante su estancia dentro de las prisiones. Me explico brevemente:

 

1. En México, la autoridad abusa indiscriminadamente de la prisión preventiva. Más del 40% de las personas privadas de su libertad dentro de las cárceles están todavía en espera de que sus investigaciones y procesos concluyan. Esto quiere decir que personas señaladas como “presuntos culpables” son encarceladas previo a la sentencia condenatoria, es decir, no sabemos si realmente cometieron o no un delito.

 

En el Índice de Desempeño del Sistema Penal publicado por México Evalúa en 2010 se estima que, en promedio, a nivel nacional el número de presos sin condena por cada 100 mil habitantes es de 65.3. Sin embargo, hay estados como DF o Baja California donde esta cifra asciende a 143.1 y 221.1, respectivamente.

 

Peor aún, la tasa de error judicial (personas que sufrieron la molestia de ser consignadas ante un juez, someterse a proceso penal, e incluso –en ocasiones- el agravio de la prisión preventiva sin que el MP pudiera fundar la causa para condenarlos) es de  20.8% en todo el país.

 

2. Las condiciones dentro de las cárceles mexicanas son de extrema violencia, sobrepoblación y posible autogobierno. Esto en cifras se traduce en que: más del 60% de los reclusos subsisten en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación (esto en parte por el empleo excesivo de la prisión preventiva como mecanismo disuasivo). Por otro lado, durante 2009 la tasa de homicidios en reclusorios fue 2.4 veces superior a la observada en las personas en libertad. Así mismo, 60% de nuestros penales está en situación vulnerable pues por existe posibilidad de autogobierno (definida por Elías Carranza, especialista en temas penitenciarios, como: por cada funcionario penitenciario hay más de cuatro reclusos, lo que implica la posibilidad de que los internos escapen al control y supervisión del personal).

 

No es este espacio una apología a los delincuentes y sus fechorías, sino más bien una alerta de emergencia para evitar el abuso de los derechos humanos hacia los “presuntos delincuentes” y hacia los presos por las condiciones de vida que enfrentan mientras permanecen recluidos dentro del sistema penitenciario mexicano. Las violaciones a los derechos de muchos mexicanos en términos del acceso a la justicia y a un tratamiento digno dentro de las prisiones imposibilita que estas instituciones funcionen como mecanismos eficientes de disuasión del delito, así como espacios para lograr la reinserción social de los presos a la comunidad.

 

La reforma de justicia penal aprobada en 2008, que contempla la introducción de juicios orales y la posibilidad de emplear mecanismos de justicia alternativa para penas menores, permitirá desahogar con mayor rapidez y eficiencia los casos que lleguen ante nuestras autoridades, pero, sobre todo, deseablemente irá reduciendo la persistencia de tantas injusticias dentro del sistema penitenciario mexicano. Mientras los estados se toman su tiempo en implementarla, pongámonos a pensar: ¿a quiénes estamos encarcelando? y ¿en qué condiciones de vida conviven los presos, en lo que el propio Memo Zepeda llamara “las bodegas de seres humanos”?