La cara que no vemos de la economía circular

Por Ingrid Picasso Cerdá*

La sensación de vacío que suele dejar el Mundial empieza a sentirse. La fiesta termina, las quinielas llegan a su fin, las pantallas se apagan y las ciudades recuperan poco a poco su ritmo cotidiano. Pero si algo quedó después de un mes de competencia fueron los residuos. Aunque todavía no existen cifras oficiales concluyentes, se estima que entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se generaron alrededor de 34 mil toneladas adicionales de basura durante el torneo.

Latas, botellas de plástico y de vidrio llenaron calles, plazas y espacios públicos. Cuando concluye la celebración, pocas veces nos preguntamos qué ocurre con esos materiales y, sobre todo, quién hace posible que muchos de ellos vuelvan a incorporarse a la cadena de reciclaje.

Las personas recicladoras de base (conocidas también como pepenadoras) cumplen un papel fundamental en ese proceso. La Ley de Economía Circular las define como quienes, de forma independiente o colectiva, realizan la recolección, separación, comercialización y reciclaje de materias primas secundarias. Más allá de esa definición, su trabajo constituye un servicio ambiental indispensable para las ciudades: recuperan materiales que de otro modo terminarían en los rellenos sanitarios y hacen posible que buena parte de los residuos tenga una segunda vida.

En México, durante el primer trimestre de 2026, la fuerza laboral de personas recicladoras de base ascendía a 151 mil, con un ingreso promedio mensual de 4 mil 960 pesos por jornadas de 35.4 horas semanales. De ellas, el 77.8% trabajaba en condiciones de informalidad y, por tanto, permanecía sin acceso a la seguridad social.

La situación se repite en buena parte de América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que, para 2023, alrededor de dos millones de personas obtenían del reciclaje de base su principal fuente de ingresos y recuperaban aproximadamente la mitad del material reciclado de la región. A escala mundial, se estima que alrededor del 80% desarrolla esta actividad desde la informalidad.

Las consecuencias van mucho más allá de la falta de atención médica. Quienes trabajan recuperando residuos están expuestos diariamente a objetos punzocortantes, lixiviados, gases, residuos biológicos y largas jornadas bajo el sol o nocturnas, sin protección frente a riesgos laborales. Tampoco cuentan con licencias por maternidad, paternidad o incapacidad, de modo que cualquier día sin trabajar representa un día sin ingresos.

A ello se suma la imposibilidad de acceder, en muchos casos, a servicios de cuidado infantil, programas de vivienda o una pensión para la vejez. No son pocas las personas que comenzaron esta actividad siendo niñas o niños, acompañando a sus familias, y que hoy continúan realizándola junto a sus hijas, hijos o nietos.

Sin embargo, la precariedad laboral no es el único desafío. A pesar de la importancia ambiental de su trabajo, las personas recicladoras siguen enfrentando estigmas y una profunda falta de reconocimiento social. Resulta paradójico que quienes contribuyen de manera cotidiana a reducir los residuos y sostener la economía circular permanezcan, muchas veces, invisibles para la sociedad.

Reconocer su trabajo implica ir más allá del discurso ambiental. También supone garantizar condiciones laborales dignas y avanzar hacia su incorporación plena en las políticas de protección social.

Experiencias que muestran un camino

Diversos países de la región han comenzado a construir respuestas en esa dirección. En Colombia, después de décadas de organización de las propias personas recicladoras y de una serie de sentencias de la Corte Constitucional, se reconoció su labor como parte del servicio público de aprovechamiento. Más recientemente, el Decreto 271 de 2026 creó la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, con mecanismos para facilitar su acceso al régimen subsidiado de salud, programas de pensión, Beneficios Económicos Periódicos (un sistema voluntario y flexible de ahorro para la vejez) y cobertura frente a riesgos laborales.

En Perú, la Ley N.° 29419 promueve la formalización de quienes realizan esta actividad y su incorporación a los sistemas municipales de gestión integral de residuos. Brasil, por su parte, ha impulsado durante años políticas de fortalecimiento de las cooperativas de personas recicladoras y el reconocimiento de su contribución económica, social y ambiental.

México también ha registrado avances. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas han acompañado la consolidación de cooperativas y organizaciones de personas recicladoras, facilitando (como ya ocurre en Argentina, Brasil y Colombia) su participación en esquemas de contratación pública relacionados con la gestión de residuos.

La transición hacia una economía circular no puede construirse sin quienes recuperan, clasifican y reincorporan miles de toneladas de materiales cada día. Tampoco puede sostenerse sobre condiciones de trabajo precarias o sobre la exclusión de derechos básicos.

Como ciudadanía podemos contribuir separando adecuadamente los residuos y manejando de forma responsable aquellos que representan un riesgo para quienes los recuperan. Pero el desafío es mucho mayor. También implica respaldar políticas públicas que reconozcan el valor del reciclaje de base y amplíen el acceso de estas personas a la seguridad social y a condiciones laborales dignas.

Porque detrás de cada botella, cada lata o cada cartón que vuelve a utilizarse hay una cadena de trabajo que suele pasar desapercibida. Reconocer a quienes la sostienen es, además de una cuestión de justicia laboral, también una condición indispensable para que la transición ecológica avance de manera verdaderamente sostenible.

*Ingrid Picasso Cerdá es licenciada en Antropología Social por la UAM Iztapalapa y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha tomado diversos diplomados en métodos de investigación y evaluación. Actualmente es investigadora en la Dirección de Proyectos, Investigación y Asistencia Técnica (DEPIAT) de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). En investigación, ha trabajado temas como desarrollo rural, migración internacional, educación intercultural bilingüe indígena, antropología visual, gobernanza, economía popular, cooperación internacional para el desarrollo, seguridad social y construcción de paz. Como consultora, se ha enfocado en la evaluación de proyectos y programas de desarrollo en México, Colombia y Bolivia.