El capacitismo también afecta el acceso a los servicios de salud reproductiva
Redacción Animal Político · 9 de septiembre de 2024
La lucha por el acceso a los derechos reproductivos ha sido una constante en el movimiento feminista, pero algunas veces se ha olvidado a quienes viven con una discapacidad y no se ha reflexionado lo suficiente sobre el capacitismo que enfrentan.
El capacitismo se entiende como una forma de discriminación y de opresión contra las personas con discapacidad. Es un sistema de valores que prioriza ciertas características del cuerpo y la mente como ideales para llevar una vida plena y satisfactoria. Este enfoque tiende a valorar estándares específicos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, lo cual puede llevar a considerar la discapacidad como inherentemente desafiante o menos deseable, subestimando así la diversidad de experiencias humanas y la capacidad de las personas con discapacidades para ejercer plenamente sus derechos.
Las prácticas y actitudes que estigmatizan a las personas que viven con discapacidad tienen raíz en el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad. En los servicios de salud exacerban las barreras para que puedan ejercer sus derechos reproductivos y refuerzan los mitos y estereotipos que tienden a normalizar diversas formas de violencia, como la obstétrica y, agravan los obstáculos para que ejerzan sus derechos reproductivos con autonomía.
Desde GIRE hemos identificado que las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud reproductiva. Con frecuencia son víctimas de violencia obstétrica a través de esterilización no consentida y de anticoncepción forzada donde se sustituye la toma de decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad. Datos de la ENDIREH (2021) revelan que 55.6 % de mujeres con discapacidad y 39.6 % de mujeres con limitación entre 15 y 49 años sufrieron al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto, siendo las jóvenes con discapacidad las más afectadas por este tipo de violencia.
El deseo que tienen terceras personas de controlar sus ciclos menstruales, su crecimiento, o evitar que se embaracen y así impedir que “hereden o contagien” su discapacidad, limita su libertad de elegir si desean reproducirse y ejercer la maternidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha reconocido que las mujeres con discapacidad “con frecuencia se ven privadas del control de su salud reproductiva y de la adopción de decisiones, al darse por sentado que no son capaces de otorgar su consentimiento”.
Organizaciones como Women Enabled International han señalado que las mujeres con discapacidad física pocas veces tienen el poder de tomar decisiones autónomas durante el parto. Por ejemplo, a menudo el personal de salud indica que deben parir por cesárea, a pesar de que esto no siempre es necesario. En México, organizaciones como Disability Rights International (DRI) y el Colectivo Chuhcán han documentado los abusos y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos hacia las mujeres con discapacidad psicosocial, exponiendo el arraigado problema de la esterilización no consentida al que se enfrentan niñas y mujeres con discapacidad, principalmente psicosocial.
Otra de las prácticas capacitistas que el personal de salud, las familias o personas que toman el papel de tutoras imponen sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad es el aborto sin consentimiento. Las razones por las que creen necesario que se interrumpa un embarazo están guiadas por estereotipos que consideran que por su discapacidad no pueden maternar ni criar.
Este tipo de discriminación también está latente en el acceso a la información. Generalmente desde la infancia se les excluye de la educación sexual y reproductiva y hay presunciones de que no la necesitarán. Se pensaría que en la edad adulta sí tendrán acceso a ella, pero no es así, se les sigue excluyendo al no proveerla en formatos accesibles y bajo sistemas de apoyo y de ajustes razonables, es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y particulares que garanticen a las personas con discapacidad acceder a ella en igualdad de condiciones.
En GIRE continuaremos trabajando para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud reproductiva sin discriminación y las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad puedan decidir sobre su destino reproductivo. Para que las instituciones de salud sean accesibles, el personal de salud brinde la atención libre de estigmas, estereotipos y prejuicios, y se realicen ajustes razonables para la atención de las personas usuarias, según sea necesario.
Es imprescindible reflexionar sobre la justicia reproductiva con las gafas anticapacitistas para ampliar el panorama de necesidades que a lo largo del tiempo ha estado centrado en una atención a la salud para las personas que viven sin discapacidad.
Después de todo, la lucha feminista y los movimientos de personas con discapacidad trabajamos desde nuestras trincheras para garantizar un mismo derecho: la autonomía reproductiva. No olvidemos que la justicia reproductiva sólo será justicia si es también para las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad.