Capacitación policial sin honorarios para los docentes

Ante la urgencia que los gobiernos tienen por el término del plazo para la implementación en su totalidad del sistema de justicia penal acusatorio, programada por reforma constitucional para el 18 de junio del 2016; el pasado 12 de octubre el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puso en marcha el Plan Nacional de Capacitación para Policías en el Sistema de Justicia Penal, con el que se pretende capacitar a más de 350,000 policías en todo el país en materias propias que les competen como primeros respondientes y procesadores de los lugares de intervención donde se presuma la comisión o hallazgo de indicios de un hecho probablemente delictivo.

Una primera etapa consistió en seleccionar, actualizar y capacitar a 90 docentes previamente evaluados y certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) mediante un diplomado en Formación de Instructores Nacionales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mismos que a su vez, en una segunda etapa, formarán a 714 instructores policiales pertenecientes a las distintas academias e institutos de formación en todo el país, para que finalmente, en una tercera etapa, se capacite a todo el estado de fuerza policial del país.

[contextly_sidebar id=”3VD6qePFNddlRpeAne9hGqz4V4UBOik4″]Lo anterior parece no tener mayor problema, salvo el hecho de la premura con que debe aplicarse el plan en su conjunto para lograr cumplir con el objetivo general: que al 18 de junio del 2016 contemos con policías, de todos los niveles, debidamente capacitados, equipados y con el marco jurídico que los respalde, para llevar a cabo labores profesionales de investigación técnico-científicas que permitan integrar correctamente las carpetas de investigación y participar sin mayor problema, cuando sean llamados a testificar en juicio.

Sin embargo, no todo es lo que parece, ya que en el discurso político de las autoridades encargadas de la implementación del plan nacional de capacitación policial se ha omitido mencionar varios puntos, que solamente quienes están directamente involucrados en el proceso conocen:

• Primeramente, es importante mencionar que los docentes previamente certificados por SETEC lo fueron por cuenta propia como parte de su actividad profesional personal, logrando a través de exámenes de evaluación, cumplir con un requisito indispensable para poder llevar a cabo labores de docencia, y no porque las instituciones, en el caso de quienes se encuentran activos dentro de alguna, hayan tenido el interés de certificarlos;
• En segundo lugar, resulta por demás cuestionable, por decir lo menos, el hecho de que a los 90 docentes certificados que la SETEC seleccionó para cursar el diplomado en Formación de Instructores Nacionales, se les haya condicionado desde un principio para poder cursarlo, a replicarlo sin obtener a cambio los honorarios correspondientes, es decir, sin que se les pague, esto mediante la firma de una carta-compromiso que señalaba que, en caso de incumplimiento, se les cancelaría la certificación obtenida con anterioridad, lo cual evidentemente afecta la estabilidad laboral de los docentes, sobre todo a los que trabajan de manera independiente;
• Aunado a lo anterior, tampoco se ha tomado en cuenta que, además de las 3 semanas que los docentes estuvieron internados en la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal en San Luis Potosí, cursando el diplomado para ser instructores nacionales, mismas que dejaron de trabajar para poder asistir, ahora están “obligados” a invertir otras 3 semanas para cumplir con el “compromiso” de replicarlo, lo cual en su conjunto es un mes y medio en que los docentes no obtendrán ninguna remuneración.

¿Resultados positivos o negativos?

Así las cosas, ahora podemos observar un panorama más general y deducir los posibles resultados del Plan Nacional de Capacitación Policial en el Sistema de Justicia Penal, en el que por un lado quedan poco más de 200 días para que se cumpla el plazo, con más de 350,000 policías por capacitar en todo el país, y por otro tenemos personal docente que, a pesar de cumplir con un perfil profesional y con una certificación que los respalda, están siendo obligados a capacitar sin obtener ningún beneficio para ellos ni para sus familias, lo cual evidentemente tendrá como resultado una capacitación de mala gana, apática, sin compromiso, con desconfianza hacia las autoridades que, se supone, tienen la importantísima encomienda de implementar un “sistema de justicia”.

Lo que si debemos reconocer como usuarios del nuevo sistema de justicia penal, es que esos 90 instructores nacionales sienten un enorme compromiso que va más allá de funcionarios e instituciones, basado en sus códigos de ética como profesionistas, ya que su compromiso es con los policías y con la sociedad a la que sirven.

Esperemos que las autoridades se den cuenta que la implementación del sistema de justicia penal requiere de gente plena, con expectativas satisfechas y sin preocupaciones de ningún tipo para que abonen todas sus experiencias y sus conocimientos.

* Rodolfo Basurto Carmona se ha desempeñado como Jefe de Unidad Departamental y Subdirector de Área en diversos Agrupamientos y Unidades Sectoriales de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Es egresado de la 2ª generación de la licenciatura en Administración Policial, la cual cursó en el Instituto Técnico de Formación Policial (2001-2004). Tiene diplomado por el Instituto Técnico de Formación Policial en Derechos Humanos y Seguridad Pública (2010), por el Instituto Tecnológico de Monterrey en Habilidades Directivas (2010), por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Seguridad Pública (2010), y por la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como Instructor Nacional (2015). Actualmente es Presidente de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, A.C.