Cannabis para América Latina

Cada vez somos más quienes queremos un cambio en las políticas de drogas. Esto no solo es algo que está sucediendo en México, sino en el resto de América Latina. Vamos por un viaje en el que, sin duda, nos hemos topado con algunas paredes, pero la insistencia de colectivos y organizaciones que representan a distintos sectores de la población ha logrado brincar, mover y esquivar obstáculos para avanzar hacia los derechos y construir caminos hacia la paz.

Aunque han sido pocos los países que se están pronunciando abiertamente a favor de un cambio, los avances son valiosos. En México, después de décadas de una guerra fallida, seguimos esperando una reforma integral que permita reparar los daños provocados por el sistema punitivo. A pesar de que el Poder Ejecutivo y el Judicial se han pronunciado en múltiples ocasiones, el Congreso ha tardado más de tres años en sacar una ley que permita regular todas las partes de la cadena de producción de la cannabis, y garantizar el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen.

La iniciativa (que ya ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y únicamente requiere la ratificación de las últimas modificaciones) contempla el acceso a cannabis para uso adulto mediante tres vías: el autocultivo, las asociaciones cannábicas y un mercado regulado. Desde 2018, junto con otras organizaciones e individuos, conformamos una coalición llamada #RegulaciónPorLaPaz, donde hemos estado proponiendo que se incluyan mecanismos de justicia social en la regulación de la cannabis. Contamos con una publicación desde la coalición que detalla los elementos que consideramos necesario incluir en la ley, para lograr una política pública que nos encamine hacia la construcción de paz. La coalición y el concepto de una regulación por la paz de cannabis y otras plantas y sustancias ha tenido repercusión en la región y hemos visto otros países levantar la bandera para promover reformas en su legislación.

El Congreso mexicano tiene este periodo legislativo (si así lo decide) para hacer modificaciones al proyecto y considerar cuestiones de derechos, como eliminar la necesidad de mantener un registro de personas usuarias, y delimitar los espacios autorizados para consumir cannabis. Además, es necesario fortalecer las medidas que permitan que comunidades cultivadoras participen de manera equitativa en el mercado.

Otro país que está atravesando un proceso parecido es Chile. Desde 2005, la Ley 20.000 despenalizó el autocultivo de cannabis con fines tanto terapéuticos, como personales y hasta espirituales. El consumo en espacios privados de cualquier sustancia está permitido. Si las autoridades sorprenden a alguien con ‘pequeñas’ cantidades (aunque no existe una tabla de aprovisionamiento), puedes recibir un castigo de prisión de 1 a 5 años, a menos que se justifique que es para consumo personal e inmediato. A pesar de esto, la discrecionalidad de cada juzgado sigue poniendo en prisión a cientos de personas cada año. Basta con recordar el caso de Luis Quintanilla, activista de Dispensario Nacional, un club de cultivo que fue recientemente allanado por la policía, con lo que le quitaron la oportunidad a más de 300 personas usuarias de cannabis medicina obtener su medicina. Luis que sigue privada de la libertad.

Tras el desgarrador impacto de esta política es que la sociedad civil ha sabido vincularse para proponer e incidir por mejores medidas. En realidad, han sido miles de familias las que, después de buscar tratamientos con la planta para sus seres queridos en la clandestinidad, ahora están participando activamente en las discusiones a nivel nacional sobre las cuestiones a considerar para cumplir con las necesidades tanto de pacientes y personas usuarias, como del país.

Este año, el Congreso quiso dar un paso más adelante. Con el fin de abordar los problemas de la política de drogas actual, la diputada Ana María Gazmuri presentó una iniciativa para modificar la Ley 20.000 –que define los delitos de tráficos de drogas, y delimita los criterios que regulan la adquisición y consumo de cannabis. La propuesta promete quitarle el mercado al crimen organizado, y promover los derechos de personas usuarias. A la diputada ya se le ha sumado una serie de parlamentarios bajo el nombre de la ‘Bancada Transversal Regulación por la Paz’. Seguiremos de cerca acompañando este proceso como coalición.

Colombia es, después de Chile, probablemente el país que más ha dado de qué hablar en la región en los últimos meses. El cambio de administración que puso en la presidencia a Gustavo Petro ha dejado a entrever que se vienen reformas alentadoras en su política de drogas. El país cuenta con una regulación para uso medicinal desde 2016, allá desde aquellos tiempos donde se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP; y ahora el gobierno ha mencionado su intención de dar continuidad a este proceso, incluso abriendo la posibilidad de cultivar cannabis sin necesidad de licencias, para facilitar la participación en la industria, y el acceso adulto a la planta. Aquí, el autocultivo ya es legal con un límite de hasta 20 plantas.

Colombia tiene la oportunidad de continuar con su proceso interrumpido de construcción de paz; aunque para ello, como la han repetido varias veces especialistas del país, se necesita aterrizar la implementación del punto 4 del acuerdo de paz. Desde el año 2020, un grupo en el Congreso conformó una coalición parlamentaria llamada Regulación por la Paz, que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil empujó una iniciativa que fue aprobada en la Comisión Primera del Senado en abril, mediante la cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca, y sus derivados, como la cocaína.

No hay pretexto para que el presidente Petro no incluya este tema también en su plan nacional de gobierno, sobre todo cuando lo que se busca es el bienestar y reconciliación con comunidades conurbadas. El discurso que dio en las Naciones Unidas fue prometedor. Falta ver los compromisos y los resultados. Tal vez se logra antes de lo pronosticado por el estudio de Acción Técnica Social titulado Pensando en CocaÍNA, que estimaba que Colombia podría reunir los elementos suficientes para que se diera una discusión fructífera hacia la regulación de la cocaína en el año 2034. ¡Que se apure el progreso!

Nos queda mucho por ver en los próximos años respecto a la transformación en las políticas de drogas dentro de la región. Estamos en un momento único, y la sociedad civil no escatima sus esfuerzos para proponer políticas públicas que nos permitan tener el mundo que queremos ver. Un mundo que convive sanamente con las drogas es un mundo en paz.

* Jorge Herrera Valderrábano (@JHValderrabano) es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y estudió Trabajo Social en la UNAM también. Es cofundador del Instituto RIA y actualmente coordina la Red Unida de Jóvenes Constructores de Paz (UNOY) a nivel regional, en América.