Cannabis, la hora de actuar llegó

Por: Fernanda Alonso Aranda (@alonsitof)

La semana pasada tuve el honor de organizar un coloquio en la Escuela de Derecho de Georgetown sobre la legalización de la cannabis y la salud pública, al que acudieron expertos de salud pública de seis países, México incluido. A diferencia de la mayoría de los foros especializados en el tema, no se discutieron los motivos para legalizar o no la cannabis, sino cómo hacerlo.

La disyuntiva sobre la conveniencia o no de la legalización está excesivamente diagnosticada y discutida. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de legalizar y regular el mercado de cannabis para proteger la salud pública y disminuir los riesgos del mercado negro? Éste es el tema que debemos discutir de manera urgente.

Tenemos pruebas de que el prohibicionismo fracasó.[1] Se han analizado incontablemente los cientos de miles de muertos por la estrategia fallida del gobierno mexicano, los costos de los millones de encarcelados por delitos contra la salud por consumo o posesión simple de marihuana alrededor del mundo. Uruguay ya legalizó la cannabis para usos médicos y personales y Canadá no tarda. Incluso en Estados Unidos hay un cambio de percepción: 24 de los 50 estados norteamericanos han legalizado de una manera u otra la cannabis.

[contextly_sidebar id=”zIErNdHjiSyYYqse2WSegb6PwakiJamY”]Es momento de actuar. México debe ajustarse a la nueva realidad. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia ya permite el uso médico y el autoconsumo para usos no médicos, mientras que el legislativo ha empezado a introducir ciertas alternativas (por más limitadas que sean). Sin embargo, el poder ejecutivo del gobierno federal mexicano mantiene una retórica prohibicionista, que enorgullecería al mismo Richard Nixon.

La iniciativa de la Ley General para el Control de Cannabis, que presentó hoy en el Senado el legislador del PAN, Roberto Gil Zuarth, busca que México esté a la vanguardia de los cambios internacionales en materia de regulación de la cannabis. Esta ley procura el justo medio entre la procuración de justicia y la salud pública. Es decir, por un lado es necesario sustraer del ámbito penal a miles de consumidores, reducir el tamaño del mercado negro, garantizar el uso médico de productos de cannabis y garantizar el libre desarrollo de la personalidad para quienes, siendo mayores de edad, decidan consumir este producto. Al mismo tiempo, se pretende prevenir y evitar el consumo de menores de edad, proteger la salud de terceros y disminuir el uso problemático de la cannabis[2]. Lo novedoso de salir del prohibicionismo es que podemos regular todo esto mediante esta iniciativa.

Hoy en día nos encontramos ante una oportunidad única. Podemos escoger cómo regular y eso nos permite aprender del pasado y corregir los errores que hemos cometido –no sólo en materia de drogas, sino en la regulación de otros productos e industrias dañinos a la salud como la tabacalera o refresquera. Al legalizar un nuevo mercado se puede establecer, desde el principio, un modelo de regulación responsable y adecuado a nuestro país.

La iniciativa propone tres tipos de consumo: uso médico, uso terapéutico y uso personal. Este último se regula a través de tres modalidades de abastecimiento para el uso personal adulto.

Primero, busca despenalizar el cultivo para uso personal. Segundo, regula las cooperativas de producción de cannabis (conocidos como clubes cannábicos en España), concebidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo fin es garantizar el abasto seguro mensual para los socios de una cantidad regulada de cannabis, por medio de cuotas. Tercero, otorga un monopsonio a una empresa distribuidora del Estado (llamada CANNAMEX), que estaría encargada de comprar la producción de los campesinos para sustraerlos del control de los cárteles y después vendería a aquellos individuos autorizados para la venta al menudeo. Al establecer un mercado no competitivo, se puede sustraer a grandes empresas con el poder de captar al regulador de la ecuación y se asegura que el fin no sea aumentar el consumo para maximizar ingresos.

Adicionalmente, CANNEMEX garantizará los estándares de calidad del producto y determinará los tipos de empaque y etiqueta en circulación, sin características comerciales y con criterios de seguridad que se distribuirán a los puntos de venta autorizados. La regulación prohibirá cualquier publicidad vinculada a la cannabis y prohibirá la venta a menores. Mediante este sistema, el Estado mantiene el control y asegura que la salud pública sea la prioridad en cada eslabón de la cadena de producción.

El organismo regulador creado por esta ley sería el Instituto Mexicano de la Cannabis (o IMCANN), que también estaría encargado de investigar los usos médicos y terapéuticos de la cannabis. De aprobarse la iniciativa de ley, el IMCANN, con CANNAMEX, también regulará los tipos de cannabis destinados a la producción farmacéutica y a usos terapéuticos.

Finalmente, para otorgar una protección mayor en el ámbito de salud pública, se crea el Programa de prevención, tratamiento y control del uso problemático de sustancias psicoactivas, que aleja al consumidor problemático del ámbito penal y lo empieza a tratar como paciente.

Lo más novedoso de la ley no es la legalización para estos tres usos (que es ya en si muy importante), sino que se trata de una regulación completa e integral. Es un giro de 180 grados. Se trata de que con el nuevo marco legal quienes consumen la cannabis puedan hacerlo de manera más segura, que quienes lo vayan a hacer tengan la información necesaria para tomar decisiones responsables y quienes no la consuman ni tengan interés de hacerlo no sufran los perjuicios de las acciones de los otros, ni de un mercado negro.

La industria de la cannabis ya existe. El consumo ya existe. Es preferible que el Estado –y no el crimen organizado–, que razones contundentes –y no prejuicios morales– definan cómo se va a organizar la producción, la distribución y el consumo de la cannabis.

 

* Fernanda Alonso es maestra en derecho y salud por la Universidad de Georgetown. Actualmente trabaja como investigadora en el O’Neill Institute for National and Global Health Law.

 

 

[1] Ver Pérez Correa y Romero, “Marihuana: Cómo”, Nexos (1 Abri, 2016), disponible aquí.

[2] El consumo problemático es el uso de sustancias psicoactivas que provoca trastornos (problemas) a las personas en: su salud biológica, psicológica, emocional o social; en la funcionalidad con su familia, escuela o trabajo, en su economía; con la comunidad donde vive (sociedad) o con la ley. Incluye cualquier uso por menores de edad, la intoxicación aguda, el uso nocivo o abuso (consumo excesivo, compulsivo, inoportuno o extenso) y la dependencia o adicción