Cannabis en el espacio público: hacia una política integral con enfoque de derechos

En México, el reconocimiento del consumo adulto de cannabis como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad ha marcado un hito en la agenda de derechos humanos. Este avance, impulsado por la Declaratoria General de Inconstitucional 1/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha permitido que personas adultas obtengan permisos sanitarios para consumir cannabis con fines meramente lúdicos.

En la Ciudad de México, este reconocimiento además se tradujo en la creación de espacios públicos donde el consumo lúdico de cannabis es permitido. Sin embargo, la implementación de estos sitios ha evidenciado tensiones entre el ejercicio de derechos, la seguridad pública y la convivencia vecinal. Lo cual, nos lleva a preguntar ¿cómo logramos que estos espacios sean ejemplos de regulación democrática y no focos de conflicto?

Tras diversas quejas vecinales que argumentaron presencia de delitos, el deterioro del entorno y la falta de reglas claras para el uso del espacio, las autoridades capitalinas decidieron clausurar las antiguas zonas de consumo para reubicarlas en lugares menos concurridos y más seguros para las personas consumidoras y el público en general. Se definieron tres nuevas localidades: la Plaza de la Concepción, el Monumento a Simón Bolívar y la Plaza de Lectura José Saramago.

Con el objetivo de evitar que se repliquen dichas problemáticas, estos nuevos espacios contarán con acompañamiento institucional brindado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA), videovigilancia a través del C5 y la prohibición de compra-venta dentro de los espacios, así como de consumir cualquier otro tipo de sustancia, incluyendo las bebidas alcohólicas.

La implementación de estas medidas representa una gran oportunidad para mejorar las políticas públicas sobre el consumo de sustancias y garantizar de manera efectiva la seguridad de personas usuarias y comunidades vecinales. Sin embargo, no puede recaer exclusivamente sobre las autoridades administrativas como el IAPA, también deben extenderse estos esfuerzos hacia las policías y fiscalías.

Algunos usuarios han manifestado que elementos de seguridad pública intentan detenerlos una vez que abandonan las zonas de consumo libre. Lo cual, no solo desnaturaliza el objetivo de estos espacios, también evidencia la falta de trabajo articulado entre las autoridades administrativas y la policía de la Ciudad de México.

Esta falta de coordinación entre instituciones pone en riesgo a las personas usuarias, genera desconfianza entre la ciudadanía y desalienta el uso de las zonas de consumo, debilitando la construcción de una cultura de tolerancia. Por ello, es indispensable construir políticas públicas integrales que prioricen la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Es necesario crear protocolos claros y alentar la capacitación de los servidores públicos involucrados en derechos humanos, para evitar prácticas punitivas que contradigan el espíritu de estas zonas. Al mismo tiempo, es fundamental que las personas consumidoras y las comunidades locales participen activamente en el diseño, monitoreo y evaluación de estos espacios.

El acompañamiento institucional tiene que ser integral y debe tomar en cuenta la opinión de la comunidad vecinal, las personas consumidoras, la sociedad civil y de las instituciones expertas. Solo de esta manera se puede fomentar una cultura de tolerancia, corresponsabilidad y reducción de daños, donde el ejercicio de derechos no se perciba como amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la convivencia democrática en el espacio público.