¿Qué tiene que ver el cannabis con la capacidad de gobernar?

Por Paulina Sánchez*

Hace unas semanas, Anabel Hernández afirmó que Claudia Sheinbaum consume cannabis para enfrentar las presiones asociadas con el ejercicio de la Presidencia. La periodista atribuyó la información a fuentes dentro del gobierno, pero hasta ahora no existe evidencia pública que permita confirmar el supuesto consumo actual de la presidenta.

No sé si Claudia Sheinbaum consume cannabis y, en realidad, esa no es la pregunta que me interesa. Lo que me interesa es todo lo que ocurrió alrededor de la posibilidad de que lo hiciera.

Por ejemplo, que el consumo de cannabis pudiera aparecer como información políticamente relevante sobre una mujer que ocupa un cargo público, o  la facilidad con la que una decisión perteneciente, en principio, a la esfera privada puede desplazarse hacia una discusión sobre el ejercicio del poder.

Una mujer puede participar políticamente. Una mujer puede ser activista. Una mujer puede producir conocimiento. Pero cuando esa misma mujer dice “yo también uso sustancias”, algo parece cambiar en la manera en que su palabra es recibida. Asumirse sin pena como mujer usuaria de sustancias implica cruzar otra frontera, y esa frontera es política.

Hace décadas, los feminismos nos dieron una frase que transformó nuestra manera de entender el poder: lo personal es político. Nos enseñaron que aquello que parecía pertenecer exclusivamente a la intimidad, como nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, los cuidados y las violencias, estaba también atravesado por dimensiones políticas, sociales y económicas. Sin embargo, parece que cuando llevamos esta discusión al consumo de sustancias psicoactivas, se desdibuja la idea de la autonomía.

Últimamente me pregunto hasta dónde estamos dispuestas a llevar la afirmación de que lo personal es político. ¿Lo personal sigue siendo político cuando hablamos de sustancias psicoactivas?

El estigma asociado al uso de sustancias no solamente dice algo sobre las sustancias. Dice algo sobre quién consideramos responsable, racional, confiable o capaz de tomar decisiones. Y eventualmente esas categorías dejan de ser solamente prejuicios sociales y se convierten en condiciones para participar políticamente.

Después de entender esto fue que la discusión alrededor de Sheinbaum comenzó a incomodarme de una manera distinta.

No considero que una presidenta deba estar exenta de rendir cuentas. Quien ejerce el poder público debe rendir cuentas sobre sus decisiones y sobre aquello que efectivamente afecte el desempeño de sus responsabilidades. Sin embargo, el señalamiento que se le hizo a la presidenta surgió desde un espacio lleno de prejuicios, sexismo y estigma. Esto solo refuerza las narrativas sobre las personas que utilizamos sustancias y, una vez más, se nos señala sin darnos soluciones ni acompañamiento.

¿Cuánto cuesta políticamente decir quién soy?

Con esto, me pregunto: ¿por qué el consumo, por sí mismo, tendría que decirnos algo sobre la capacidad política de una persona?

Entonces aparece una pregunta que, hasta hace poco, no me había formulado de esta manera: ¿cuánto cuesta políticamente decir quién soy?

Hay un costo en hacerlo visible. Una mujer que se reconoce como usuaria de sustancias sabe que esa información puede entrar con ella a una entrevista de trabajo, una reunión institucional, una discusión pública o un espacio político. Sabe que puede convertirse en una explicación fácil para desacreditar sus argumentos. Sabe que aquello que para otras personas pertenece legítimamente a la vida privada puede convertirse, en su caso, en una característica a partir de la cual se juzgue todo lo demás.

Pero también existe un costo en permanecer invisible.

Si las mujeres que usamos sustancias solamente podemos participar plenamente en la esfera pública mientras nadie sepa que las usamos, nuestra inclusión política tiene una condición. Formalmente, tenemos los mismos derechos políticos que cualquier otra persona: podemos votar, expresarnos, organizarnos, asociarnos, ocupar cargos públicos y participar en los asuntos que afectan a nuestras comunidades. Pero la democracia no ocurre solamente en las leyes ni se agota en el reconocimiento formal de derechos. También se construye a partir de las condiciones sociales que determinan quién puede ocupar el espacio público, quién puede hablar y, sobre todo, quién es reconocida como una interlocutora política legítima.

Lo que ocurrió alrededor del supuesto consumo de cannabis de Claudia Sheinbaum cobra relevancia no porque debamos saber qué hace la presidenta en su vida privada, sino porque la conversación mostró la facilidad con la que el consumo de una sustancia puede utilizarse para poner bajo sospecha la racionalidad, la responsabilidad y la capacidad de una mujer para ejercer el poder.

Esto ocurre en un país en el que las personas que usamos sustancias hemos sido históricamente representadas desde el peligro, la enfermedad, la irresponsabilidad o la criminalidad. Ocurre dentro de un modelo prohibicionista que durante décadas ha convertido determinadas decisiones sobre nuestros cuerpos en asuntos de vigilancia, control y castigo. Y ocurre en una sociedad en la que las mujeres seguimos enfrentando expectativas particulares sobre cómo debemos comportarnos, qué riesgos podemos asumir, qué placeres podemos experimentar y qué decisiones nos permiten seguir siendo consideradas responsables y respetables.

¿El consumo de sustancias es evidencia para cuestionar la capacidad de una mujer para gobernar?

Cuando esos imaginarios aparecen en la discusión política, refuerzan una frontera sobre quién consideramos apta para participar, decidir y ejercer poder. Si el consumo de sustancias funciona como evidencia suficiente para cuestionar la capacidad de una mujer para gobernar, también puede funcionar para cuestionar su capacidad de maternar, producir conocimiento, tomar decisiones sobre su propia vida y ser reconocida como una voz legítima dentro de su comunidad.

El prohibicionismo no se sostiene únicamente mediante leyes que determinan qué sustancias son legales o ilegales. También necesita narrativas que nos enseñan quiénes son las personas que las usan y qué debemos pensar sobre ellas. Mientras aceptemos esas asociaciones como naturales, también resulta más sencillo aceptar que determinadas personas sean vigiladas, tuteladas, excluidas o castigadas por las decisiones que toman sobre sus propios cuerpos.

En el caso de las mujeres, además, esas narrativas tienen una larga historia de control sobre nuestra autonomía, y eso tiene consecuencias políticas. Participar en una democracia debería significar algo más que tener permitido votar. También debería implicar la posibilidad de aparecer en el espacio público sin que determinadas decisiones personales cancelen nuestra condición de sujetos políticos.

La discusión sobre si Claudia Sheinbaum consume o no cannabis nos lleva a cuestionarnos: ¿qué clase de sujetos políticos puede imaginar nuestra democracia? ¿Qué experiencias consideramos compatibles con el ejercicio de la ciudadanía y cuáles seguimos colocando fuera de los límites de lo aceptable? ¿Qué partes de nuestra vida podemos llevar al espacio público sin que se conviertan en argumentos para desacreditarnos?

Si la posibilidad de que una mujer que ocupa el espacio de mayor poder político del país use cannabis puede convertirse en una herramienta para poner bajo sospecha su capacidad para ejercerlo, hay que preguntarnos qué mensaje produce esa discusión para las demás mujeres que usamos sustancias y queremos participar en la vida pública.♦ 

*Paulina Sánchez es politóloga y activista mexicana especializada en política de drogas y reducción de riesgos y daños. Su trabajo se ha enfocado en la construcción de respuestas comunitarias desde una perspectiva de derechos humanos y género. Ha trabajado en proyectos de incidencia y atención comunitaria relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. Actualmente es integrante de Instituto RIA, A. C.

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