Crónica de un desmantelamiento anunciado: los recursos para enfermedades de alto costo

En 2019, el Fondo de Salud para el Bienestar tenía 105 mil millones de pesos. Para el tercer trimestre de 2025 conserva apenas 32 mil millones. Cuatro años de transferencias obligatorias a la Tesorería —40 mil millones anuales entre 2020 y 2023— desfondaron el instrumento público más importante para financiar enfermedades de alto costo en personas sin seguridad social. Esa reserva, que durante más de una década garantizó tratamientos que ninguna familia puede costear, hoy está prácticamente agotada.

El desplome se concretó ayer, cuando la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más amplias a la Ley General de Salud en las últimas dos décadas. La iniciativa presidencial, presentada en septiembre de 2025, modifica 89 disposiciones: 61 artículos reformados, 24 adicionados y 4 derogados. Pero más allá de la ingeniería legislativa, el cambio decisivo es otro: la eliminación de la garantía legal que aseguraba recursos etiquetados para enfermedades catastróficas.

Desde 2003, cuando nació el Seguro Popular, quedó claro que hay enfermedades cuya atención rebasa por completo las posibilidades financieras de los hogares. Oncologías, trasplantes, cuidados intensivos neonatales y otros padecimientos se consideran “catastróficos” porque exigen gastar, al menos, 30 % del ingreso total familiar. Para enfrentarlas, la ley estableció un diseño simple y prudente: cada año, 11 % del presupuesto del Seguro Popular debía acumularse en un fideicomiso. De ese total, 8 % se destinaba exclusivamente a financiar enfermedades catastróficas y 3 % a infraestructura sanitaria y emergencias como la influenza de 2009. La lógica era clara: construir un ahorro público estable, creciente y blindado, capaz de sostener en el tiempo tratamientos caros, continuos y vitales.

Con la desaparición del Seguro Popular, el fideicomiso se mantuvo bajo el nombre de Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Pero dos decisiones cambiaron de raíz su naturaleza. La primera: redistribuir ese 11 % para incluir infraestructura en zonas marginadas y complementar el abasto de medicamentos. La segunda, y más grave: imponer un límite a la acumulación del Fondo —equivalente a dos veces el presupuesto de 2020— y ordenar que cualquier remanente se devolviera a la Tesorería de la Federación. Un instrumento creado para crecer y sostener cobertura financiera quedó atado a un techo arbitrario que anuló su propósito original.

En 2023 apareció el OPD IMSS-Bienestar y con él nuevas modificaciones. El FONSABI se mantuvo, pero lo aprobado ayer da un giro que parece técnico, pero es sustantivo: se elimina la distribución interna del 11 %. La ley sólo ordena que ese porcentaje se destine al Fondo, pero ya no establece cuánto debe utilizarse para financiar enfermedades catastróficas. Sin esa precisión, el Fondo queda expuesto a cualquier priorización coyuntural del gasto.

Con esta reforma, México cierra un ciclo que empezó hace más de veinte años: desaparece la última garantía jurídica que aseguraba a las personas sin seguridad social contar con financiamiento estable para enfrentar enfermedades que ponen en riesgo su vida y su patrimonio. No se trata de un descuido legislativo; es una decisión explícita. El corolario de un desmantelamiento institucional.

Y, como siempre en salud, la factura no la pagará el Congreso: la pagarán las familias que enfrenten solas lo que antes el Estado había decidido proteger.

@ljcortes6