FGR debe atraer caso del penal de Piedras Negras

Para muchas de nosotras puede parecer inverosímil que, en pleno siglo XXI, algo parecido al exterminio se cometa en México. Es más, es probable que al escuchar las palabras “campos de exterminio” pensemos automática y exclusivamente en la solución final de Himmler durante la Alemania Nazi.

No obstante, hoy sabemos que entre 2009 y 2012 el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, Coahuila, se convirtió en un auténtico campo de exterminio operado por “Los Zetas” y bajo la supervisión, tolerancia y omisión de las autoridades. Más allá de las violaciones a derechos humanos que se cometen a diario en los centros de privación de la libertad y el autogobierno en el sistema carcelario mexicano, este caso emblemático –por el horror que implica– representa un hito más de la impunidad, la violencia y la incursión del crimen organizado en la vida pública de México. Durante el período en cuestión, los Zetas no sólo utilizaron dicha prisión estatal para refugiarse y fabricar materiales para sus actividades criminales, sino que convirtieron el CERESO en un centro receptor de víctimas y adversarios donde al menos 150 personas fueron torturadas y desaparecidas en plena luz del día y ante la mirada permisiva de las autoridades.

El caso del CERESO de Piedras Negras es un ejemplo de la colusión que existe en México entre cárteles del narcotráfico y autoridades de todos los niveles de gobierno, a fin de cometer crímenes de lesa humanidad y mantenerlos en la impunidad. Se sabe que autoridades penitenciarias y policiales locales participaron activamente en los asesinatos del CERESO y que algunos altos mandos del Estado estaban al tanto de los crímenes cometidos por personas a su cargo y decidieron ocultarlos y tolerarlos. El colmo es que, como evidencia de los pactos de impunidad que tanto lastiman a nuestro país, en el fuero local sólo han sido enjuiciados perpetradores directos de bajo rango, mientras que aquellos de alto nivel, incluidas quienes son autoridades, no han sido investigadas de forma seria. Son especialmente preocupantes las graves deficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de los perpetradores de estas atrocidades que, incluso, podrían ser intencionales.

Crímenes como los cometidos en el CERESO de Piedras Negras no ocurren de manera aislada o espontánea, sino que forman parte de un auténtico ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es difícil imaginar un caso que refleje mejor la existencia de una línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado y de una organización. Por ello, en 2017 distintas organizaciones de la sociedad civil –incluyendo la CMDPDH– remitieron una comunicación sobre estos hechos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma –del que México es parte–. En ella, se argumenta que los hechos de Piedras Negras constituyen crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, y que fueron cometidos a manos de Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila, quienes implementaron una política de apoyo y colusión para cometer ese ataque y mantenerlo en la impunidad.

Desde la CMDPDH, llevamos años documentando la existencia de un contexto en México que permite concluir que ciertos crímenes perpetrados por miembros del crimen organizado se han cometido con la complicidad, tolerancia o aquiescencia del Estado y que, como parte de ataques generalizados o sistemáticos, constituyen crímenes de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma de la CPI. Es por ello que, como escribimos recientemente en otro blog de Animal Político, creemos que “la consideración del caso mexicano por un tribunal penal internacional como la CPI puede contribuir a disuadir la comisión de estos crímenes, asegurar investigaciones y enjuiciamientos genuinos y efectivos, y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

En este sentido, preocupa que estos crímenes internacionales rara vez son investigados a pesar de la gravedad y magnitud con la que ocurren en México. Es decir, que aquellas investigaciones que logran evadir los pactos de impunidad no cuentan con un análisis de contexto que permita fincar responsabilidades a los más altos responsables de cometer los crímenes tomando en cuenta la cadena de mando. En otras palabras, las fiscalías se centran únicamente en la responsabilidad penal de los autores directos y aseguran la impunidad de los autores mediatos y superiores jerárquicos. Esto tiene que cambiar.

Los pactos de impunidad funcionan porque resulta muy fácil y económico “lavarse las manos” ante un crimen de esta magnitud. Ello, dada la falta de capacidad y voluntad del Estado para investigar y enjuiciar a los más altos responsables de cometer atrocidades como la de Piedras Negras, que queda totalmente demostrada por la persistencia de estos pactos, la cercanía del poder político con el poder militar y la alarmante tasa de impunidad a nivel nacional.

Hasta en tanto un tribunal penal internacional como la CPI decida investigar casos como el de Piedras Negras, la comunidad de derechos humanos en México seguirá exigiendo que las investigaciones y enjuiciamientos nacionales sean genuinos y acerquen a las víctimas a la justicia.

Por ello, el pasado 24 de enero, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la CMDPDH y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presentamos un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que ejerza su facultad de atracción para investigar las atrocidades en el CERESO de Piedras Negras, Coahuila, incluyendo los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y desaparición forzada de personas.

Esta solicitud, realizada conforme al artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene como objetivo asegurar que se agoten todas las líneas de investigación –omitidas por la fiscalía estatal– que apuntan a altos mandos federales y estatales. Mediante la atracción del caso, la FGR puede asegurar una investigación seria y efectiva con líneas de investigación que incluyan el “encubrimiento” u “omisión de investigación” de diversas autoridades involucradas en los hechos y en su posterior investigación.

Ante la gravedad de estos hechos, la persistente impunidad y la trascendencia social de este caso, la FGR debe escuchar a las víctimas y atender las omisiones de las autoridades encargadas de investigar crímenes internacionales a nivel local.

* Carlo Carvajal (@CarloCarvajal) es Oficial de incidencia en la CMDPDH.