Amnistía Internacional · 16 de noviembre de 2026
Por Edith Olivares Ferreto*
“Escribe por los derechos”, la campaña insignia de Amnistía Internacional, cumple este mes 25 años de llevarse a cabo. En este cuarto de siglo, gracias a sus acciones, más de 100 personas recobraron su libertad luego de ser detenidas ilegalmente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o por manifestarse pacíficamente, otras más lograron el respeto de su derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente y en otros casos les fue conmutada la pena de muerte impuesta en juicios viciados y por tanto injustos.
La fuerza de “Escribe por los derechos” radica en la palabra, de tal forma que desde su inicio, en 2001, se han realizado más de 50 millones de acciones bajo el formato de cartas, correos electrónicos, tarjetas, firmas de peticiones y publicaciones en redes sociales.
Las cartas tienen como objetivo enviar mensajes de apoyo a las personas cuyos derechos han sido vulnerados, y las peticiones se envían a los gobiernos con la exigencia de que emprendan acciones que cesen las violaciones a esos derechos. La campaña es impulsada por las personas activistas de Amnistía Internacional y por las y los simpatizantes que se suman a la causa.
Este año, el tema central de “Escribe por los derechos” tiene que ver con casos emblemáticos de prácticas autoritarias en que incurren gobiernos de todos los continentes que, amparados en un sistema legal a modo, impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Por ejemplo, en El Salvador, donde el gobierno impuso un estado de excepción desde 2022 —que da a las autoridades poderes amplios para silenciar las voces críticas—, la abogada Ruth López está detenida desde mayo de 2025 por mantener su exigencia de que el gobierno rinda cuentas de sus actos y por condenar los abusos a derechos humanos y la corrupción en que ha incurrido. En ese lapso las autoridades le han negado ver a su familia y no cuenta con defensa legal.
En ese sentido, otro caso incluido en “Escribe por los derechos” es el de Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha, de Pakistán, quienes, como personas abogadas, han defendido a activistas baluchis y pastunes en contra de la opresión del Estado, además de que han hecho críticas a la actuación de las fuerzas armadas de su país.

Ambas personas han sido condenadas a diversas penas de prisión en varios procesos judiciales, estas suman unos 17 años de cárcel. En el juicio carecieron de defensa legal, el mismo fue muy rápido y con cargos sin sustento.
Una situación similar enfrenta Rokiatou Doumbia, en Mali. Ella es una empresaria, activista e influencer que, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, cuestionó a la junta militar que gobierna a su país, así como el encarecimiento de alimentos. Por ese hecho fue detenida y acusada de incitación a la revuelta, alteración del orden público, desacreditar al Estado y conspiración para delinquir. Si bien le fueron retirados los dos primeros cargos, los dos restantes siguen vigentes.
Otro ejemplo de los excesos en el uso del poder judicial está en la detención que se dictó contra Marwa Arafa, en Egipto, por asistir a familias de personas que están en prisión por motivos políticos, denunciar los abusos que padecen niñas y niños y ayudar en sus gastos a las familias que visitan a sus familiares presos.
El Estado egipcio detuvo a Marwa bajo cargos de terrorismo, pero sin tener elementos fundados. Por ese hecho, Marwa enfrenta ahora una posible condena de cadena perpetua. Otra agravante en su situación es que no recibe la atención médica que requiere y tampoco ha podido ver a su hija que contaba con dos años en 2020, cuando ella fue detenida, y que actualmente tiene ocho.
La desaparición forzada del exdiplomático Humphrey Polepole, en Tanzania, es un caso más de la forma en que los Estados castigan las voces disidentes. Polepole no ha sido visto desde que agentes de seguridad del Estado se lo llevaron de su casa en 2025.
Su activismo se caracterizó por cuestionar las restricciones al espacio cívico impuestas por el presidente Samia Suluhu Hassan, así como a los derechos humanos y la persecución de opositores a su gobierno.
Todas y todos podemos apoyar las causas de estas personas defensoras a través de “Escribe por los derechos”. Como en otras ocasiones, invito a las personas lectoras a tomar acción. Es muy fácil, pueden ingresar al micrositio que tenemos en nuestra página para conocer más de cada uno de los casos reseñados y sumarse a las acciones de apoyo.

Para las cartas pueden utilizar el formato disponible en nuestra página, este se encuentra en la ficha de cada caso y de ahí son enviadas a todas y cada una de las personas incluidas en la campaña. Lo mismo ocurre con las peticiones, que también son ubicables en el micrositio.
Cada año, millones de personas han formado parte de “Escribe por los derechos”. En la campaña de 2019, más de 765 mil personas escribieron al gobierno de Sudán del Sur para expresar su solidaridad con Magai Matiop Ngong. Con su apoyo contribuyeron a que le fuera conmutada la pena de muerte que se le dictó en un juicio injusto, siendo menor de edad, y sin contar con abogado. Su caso fue devuelto al Tribunal Superior para que dictara una condena adecuada.
El mismo año, la campaña logró recabar más de 160 mil firmas en más de 40 países para demandar justicia y reparación del daño para José Adrián. Un niño del estado de Yucatán que fue detenido de manera arbitraria y golpeado violentamente por policías e involucrado en un delito que no cometió.
En 2020, 435 mil 179 personas firmaron la Petición para que el gobierno de Quintana Roo hiciera justicia a la activista mexicana Wendy Galarza y las mujeres del Comité 9N que fueron reprimidas en noviembre de ese año al protestar contra la violencia de género en ese estado. Las firmas provinieron de 39 países de los cinco continentes.
Las cartas y las peticiones que forman parte de esta campaña son como la gota de agua que cae sobre la piedra y que, por su constancia, logra perforarla. Ese esfuerzo ha valido la pena, aunque por momentos la tarea parezca imposible. Los testimonios de las personas liberadas o de las comunidades que han recuperado sus derechos dan constancia de que las acciones de quienes nos tomamos la injusticia como algo personal ¡sí dan resultado!
*Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.