Caminos (des)encontrados sobre las políticas de drogas en Costa Rica

El tema de las drogas a nivel mundial ha sido manejada de maneras muy particulares, las cuales se pueden rastrear desde finales del siglo XIX e inicios del XX, promovidas principalmente desde Estados Unidos y partiendo de una moral religiosa y con contenidos xenófobos; resultando en daños sociales significativos y profundos en las sociedades en las cuales vivimos actualmente.

Este abordaje que se difundió mundialmente tuvo en los convenios internacionales y presiones de países interesados las herramientas para que los marcos legales de distintas naciones adoptaran dicha agenda. Este es el caso de Costa Rica, que tanto en la ley 8204 denominada “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas”, basada en las convenciones de las Naciones Unidas de 1961, de 1971 y de 1988, como el programa Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (AISEC), un trabajo en conjunto entre la policía costarricense y colombiana intermediada por la Embajada de Estados Unidos, han promovido la persecución, la estigmatización y patologización de los usuarios de sustancias psicoactivas. Estas políticas han llevado a interpretaciones extremistas implementadas desde la “Guerra contra las Drogas”, teniendo como meta erradicar el consumo, y cargando las baterías hacia el aumento de las penas, incorporación de nuevos delitos, y el tratamiento de las personas con dependencia, socavando y transgrediendo distintos Derechos Humanos de las personas a las que se les aplican las políticas.

Estructura Institucional

Para llevar a cabo esos objetivos de erradicar el consumo se creó el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente encargado de  coordinar y diseñar las políticas, los planes y las estrategias tanto para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, como en contra del tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Además del ICD, el Ministerio de Salud tiene la competencia de determinar la legalidad de las sustancias psicoactivas, así como de tener un órgano adscrito como el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia(IAFA), el cual se encarga del estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción a las sustancias psicoactivas. Cabe mencionar la labor de la policía pública, que se encarga del cumplimiento de la ley y catalogar a los usuarios como infractores o no.

Resultados de una política pública de Guerra contra las Drogas en Costa Rica

Estos entes han olvidado la prevención desde los usuarios y las medidas que las comunidades promueven y necesitan, para reforzar las autoridades policiales de control y las instituciones de tratamiento, impulsando la “Guerra contra las Drogas”, y que se muestran en las consecuencias de dichas medidas.

Tal es el caso de la des-información, provocando que las personas que consumen o quieren consumir no tengan acceso a información idónea para no exponerse a riesgos y daños relacionados con el uso de las sustancias psicoactivas, como por ejemplo la combinación de alcohol con energizantes y/o con marihuana en las zonas de fiesta. El pensar la prevención como el “no consumo”, han llevado al fracaso de distintas políticas, como el cierre del programa D.A.R.E ; así como no tener incidencia en el consumo, pues según VI encuesta nacional 2015: Consumo de drogas en Costa Rica, el aumento en el consumo de distintas sustancias psicoactivas como el alcohol, LSD, Éxtasis o marihuana, el mantenimiento del consumo de otras como el crack, cocaína y heroína, o disminución del uso del tabaco se deben causas multifactoriales que no tienen que ver con las políticas públicas. Otro efecto de definir la prevención desde un paradigma médico hegemónico, es que en Costa Rica no existan espacios para el testeo de sustancias que pudieran venir adulteradas, poniendo en riesgo a los usuarios.

Como el uso no disminuye, la apuesta médica opta por tratar a los usuarios como si todo consumo es problemático, y por tanto una enfermedad, llevando al internamiento en centros de tratamiento, principalmente de carácter cristocéntrico, a personas que no lo desean o solo cumplen requisitos institucionales como la justicia restaurativa. Esto promueve la estigmatización de los usuarios de sustancias psicoactivas, además de reproducir la abstinencia como fin.

Desde la perspectiva legal, ha provocado que el encarcelamiento por delitos relacionado con drogas, como lo explica MSc. Cortés, sea en su mayoría por “microtráfico”, mostrando un rostro de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, bajo nivel educativo, con vivencias de violencia física y/o psicológica o consumos problemático de sustancias psicoactivas. Cabe destacar que también hay que darle un enfoque de género, pues a pesar de que las mujeres encarceladas en Costa Rica representan solo el 6%, el 55% de ellas son por infracción a la ley de psicotrópicos (ley 8204). En cuanto a los narcotraficantes líderes de organizaciones, son pocos los que han sido capturados, pero su encarcelamiento aumenta el brote de violencia para ocupar su lugar, tal es el caso de “El Indio”, “El Gordo Leo” y “El Pollo”.

Dichas medidas se siguen tomando, a pesar de que estudios realizados por la Comisión Global de Políticas de Drogas (GCDP por sus siglas en ingles) en el 2014 y el Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en ingles) en el 2018, hayan mencionado el fracaso en los principales programas tanto internacionales como nacionales para la consecución de sus objetivos, además de expresar que se debería centrar en la salud, la seguridad y los derechos humanos de los usuarios, pues la oferta y consumo mundial de drogas continua en aumento.

Cambiando el paradigma

A pesar de lo anterior, en Costa Rica, hay movimientos, principalmente desde la sociedad civil, que buscan cambiarle la cara, tal es el caso de la aprobación de la ley 9161 en el 2013, para que las penas por las infracciones a la ley de psicotrópicos se disminuyeran y tuvieran proporcionalidad y especificidad de género, pensando en las mujeres, en condiciones socioeconómicas vulnerables, jefas de hogar y con personas a cargo. En el 2017 se presentó el Modelo de Reducción de Daños, creado por el IAFA y sociedad civil, con el objetivo de enmarcar lo que es el modelo, y dar pautas de cómo se puede planificar, ejecutar y evaluar los indicadores de dicho paradigma.

En el 2019 se impulsó la discusión en el Poder Legislativo del proyecto de ley 20322, para integrar en la ley esa proporcionalidad a todas las personas que hayan ingresado al sistema penitenciario por delitos no violentos relacionado con las drogas, así como la incorporación de conceptos claves que diferencien el microtráfico a los narcotraficantes, y las penas correspondientes.

La Campaña Consumo Seguro de la Municipalidad de Montes de Oca es otro ejemplo como un gobierno local, sociedad civil, procesos investigativos, usuarios y empresa privada, se pueden encausar en la intervención de un espacio de ocio nocturno, desde la reducción de riesgos y daños, para involucrar a usos, vivencias y propuestas de las personas usuarias en su contexto para realizar políticas públicas más acordes con la población beneficiaria, sin transgredir sus derechos.

Una ONG que ha sido referente a nivel nacional e internacional es la Asociación para el Estudio e Intervención sobre Drogas (ACEID), quienes han impulsado distintas propuestas investigativas, legales, políticas y de intervención, en la defensa de los derechos humanos y la salud de las personas usuarias de drogas; o la organización Chepe se Baña, quienes atienden a habitantes de calle desde la reducción de daños. Otro ejemplo es la revista Medical Cannabis News, la cual se creó para poner en la palestra los usos medicinales del cannabis para distintas enfermedades, además de crear un canal donde se pueden realizar discusiones del tema en distintos ámbitos

Es claro que la “Guerra contra las Drogas” implementada en Costa Rica ha fracasado, y que desde la sociedad civil se han creado herramientas para cambiar esta perspectiva. Los caminos entre los distintos actores se pueden encontrar en los puntos de concordancia, para buscar un cambio a políticas públicas sensatas, con indicadores de evaluación idóneos, que defiendan los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Busquemos apoyar no castigar.

* José Pablo Cascante González (@13Balpa) es Antropólogo Social de la Universidad de Costa Rica, Co-gestor de Campaña Consumo Seguro de la Municipalidad de Montes de Oca. Miembro de LPSD Costa Rica y LANPUD.