Cambio climático, conservación y ciudadanía: el caso Tajamar

Por: Ernesto Vargas Palestina (@xsednonsatiatax) y Luis Ángel Lara Pereda 

Frente a la amenaza que representa el cambio climático para las sociedades humanas y la vida en el planeta, diversos líderes políticos y especialistas se han reunido desde hace años para diseñar en conjunto estrategias que permitan enfrentar esta problemática. En 1979, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre el Clima, que fue la primera reunión internacional en la que se abordó el tema del cambio climático como un asunto de interés global. Sin embargo, fue en 1992 a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, que se establecieron tratados internacionales con planes de acción que tenían miras a solucionar este problema. Uno de ellos fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya primera reunión fue en Berlín, conocida como COP 1.

Desde entonces se han celebrado reuniones anuales en las que se evalúan los avances en materia de conservación del medio ambiente y el impacto que las actividades humanas tienen en el mismo. Durante la última semana de noviembre y primeros días de diciembre de 2015, se celebró en París la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21), donde los participantes llegaron a un acuerdo que algunos han denominado como histórico: diseñar una estrategia capaz de acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Con la conciencia que, de no hacerlo, la temperatura en el planeta aumentará por lo menos 2 grados centígrados, lo cual conllevaría una alteración irreversible en el funcionamiento de los ecosistemas de los que formamos parte y dependemos para sobrevivir.

[contextly_sidebar id=”OOz1sTTYPGbUXbWOtVJ5X8Vdfts3MuVE”]Como parte fundamental para lograr este objetivo, el artículo 5º de los Acuerdos de París, establece como prioritaria la conservación, gestión sostenible y aumento de los bosques, considerados también ahora como reservas forestales de carbono. Se busca que mediante incentivos económicos, con especial énfasis en los países con economías emergentes como la nuestra, se diseñen e implementen políticas de gestión integral de los bosques con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. No obstante, este acuerdo ha sido criticado debido a que no hay vinculación jurídica para los firmantes, ya que en caso de no cumplir con los puntos de los Acuerdos de París no habría consecuencia jurídica alguna. En este punto es relevante cuestionarnos: ¿es necesario que existan sanciones para que nos preocupemos por conservar el medio ambiente?

De esta manera, es importante mencionar la responsabilidad que nuestro país tiene en esta tarea. Por ello queremos resaltar que en el marco de la COP21, la delegación mexicana organizó un encuentro sobre biodiversidad y cambio climático cuyo objetivo fue enfatizar que la biodiversidad es una herramienta de contención y mitigación del cambio climático. Esta postura adquiere mayor relevancia si recordamos que México está considerado como el 4º país con mayor biodiversidad en el mundo. No obstante, esta riqueza se encuentra amenazada, por un lado, por las actividades que llevamos a cabo, nuestro estilo de vida y las tecnologías globales, y por el otro, por los vacíos legales que permiten la destrucción de zonas de riqueza natural sin consecuencia legal o económica alguna. Un ejemplo reciente es la destrucción de más de 50 hectáreas del manglar Tajamar en Cancún, llevada a cabo hace unos días con la finalidad de construir un complejo turístico.

Acciones como la del manglar Tajamar resultan dilemáticas y se inscriben en el debate entre desarrollo económico y conservación medioambiental. Una manera de abordar situaciones como ésta es mediante la ecología política, disciplina que estudia estos conflictos como ecológico-distributivos. En este caso, el manglar sería un recurso en disputa por parte de diversos sectores sociales: iniciativa privada, comunidades académicas, ciudadanía y el propio gobierno. Cada sector considera el manglar en función de sus intereses: económicos, ambientales, recreativos y administrativos. ¿Cuál de ellos es más importante? ¿Hay manera de conciliarlos? Un complejo turístico traería ganancias económicas y generación de empleos, pero al mismo tiempo la destrucción del manglar trastoca los llamados servicios ambientales, por ejemplo, la protección que brindan frente a fenómenos naturales como los huracanes.

¿Cómo se pretende coadyuvar a la misión de reducir lo antes posible las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la preservación de la biodiversidad, si a través de las acciones se infringe un daño al medio ambiente? Si bien es cierto que no hay acuerdo mundial alguno que vincule de forma jurídica este tipo de acciones, ello no implica que no tengamos una obligación ética y moral como individuos en la conservación del medio ambiente. Por ello consideramos que la discusión individual y comunitaria de este tipo de acciones, constituye el primer paso para crear una conciencia ambiental. En ese sentido, antes de permitir transformaciones como las de Tajamar, sería importante realizar un análisis de riesgos y beneficios donde la comunidad tenga injerencia en las decisiones que le conciernen.

Asimismo, creemos que es deber de los centros e instituciones académicas crear e impulsar proyectos que promuevan la participación ciudadana informada, con la finalidad de crear conciencia e informar a los diversos actores involucrados en el diseño de estrategias que permitan la conservación de la naturaleza y con ello, cuidar de nuestro mundo.

* Ernesto Vargas Palestina y Luis Ángel Lara Pereda son investigadores del Programa Universitario de Bioética (@bioeticaunam).