¿Cambiar o erosionar?

Por: Rafael García Aceves (@rafagaceves)

Una nueva marea legislativa está llegando y no es sólo porque está por dar inicio el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, sino también por la discusión que se ha generado en torno a las reformas en materia energética y fiscal, la de transparencia, así como las leyes reglamentarias de la reforma educativa, por mencionar algunas. El debate público sobre la agenda legislativa ha ido aumentando: circulan más videos en las redes sociales, más columnas de opinión y Trending Topics que hacen alusión al debate público, entre otros. Tenemos que reconocer que este entusiasmo por las reformas ha sido positivo y un sector más amplio de la ciudadanía mexicana se encuentra al pendiente de las noticias y de la discusión.

Sin embargo, existe el riesgo de que esta ola reformista se vuelva una nueva decepción para los mexicanos. Y no me refiero a los resultados de la reforma energética o fiscal, sino al marco en el que podrían darse éstas y otras reformas. Y ese marco es nuestro sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas.

[contextly_sidebar id=”1c65e69fb8e6752f0db3662b76a67211″]¿Cómo se espera tener empresas paraestatales competitivas si no tienen sindicatos transparentes o si los funcionarios de éstas no hacen públicas sus declaraciones patrimoniales? ¿Cómo se espera mejorar la recaudación de impuestos y el gasto si los partidos políticos no informan adecuadamente de cómo gastan los recursos que reciben del erario público? ¿O cómo esperar un buen uso de los excedentes petroleros cuando no se sanciona a quienes hacen mal uso de ellos?

Éstas son solamente algunas preguntas que ilustran la importancia de articular las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas con las reformas en materia energética o fiscal. Las reformas van de la mano. Si el ciudadano percibe que la transparencia no alcanza al sindicato de Pemex, las mejoras en competitividad quedarán cortas y la legitimidad en entredicho. Si se malgastan los recursos fiscales que generaría Pemex mediante la opacidad de los estados, entonces guarda poco sentido ampliar las utilidades de la empresa paraestatal. Muestra de ello es que una encuesta reciente de El Universal y Buendía & Laredo señala que 28% de los encuestados encuentra fundamental la reforma energética y 25% – una cifra muy similar- considera la reforma anticorrupción es la reforma más importante para el país.

Si las reformas no avanzan en paralelo, no será posible hablar de una verdadera evaluación de la educación, de un sector energético competitivo o de un mejor gasto público.

Esta próxima ola legislativa, que de vista pareciera tendrá una alta cresta, corre el riesgo de erosionar más la confianza de la ciudadanía en las instituciones si no se decide de una vez por todas cambiar nuestro marco anticorrupción y fortalecer la máxima publicidad y acceso a la información, la rendición de cuentas y la cero tolerancia a la impunidad.

* Rafael García Aceves es internacionalista por el ITESO y Coordinador del Programa de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables en la Fundación Este País (@FundaciónEP).