Miles de cámaras contra la delincuencia, ¿y de qué sirven?

Por Marco Cancino*

Un comerciante recibe una llamada. Le dicen que saben dónde vive, a qué hora abre el negocio y dónde estudian sus hijos. Tiene que pagar. Días después aparece alguien a recoger el dinero. Frente al establecimiento hay una cámara; unas calles adelante, un lector de placas registra el vehículo; existe además un número telefónico, quizás una cuenta donde se han realizado depósitos y seguramente otras víctimas que han recibido amenazas parecidas. El Estado puede tener frente a sí muchas piezas del rompecabezas. La pregunta es si tiene la capacidad para juntarlas.

Pensemos ahora en el presidente municipal de esa misma ciudad. Dispone de 100 millones de pesos adicionales para seguridad y tiene dos propuestas sobre el escritorio. Una ofrece cámaras, lectores de placas, drones, software, inteligencia artificial y una enorme pared de monitores. La otra propone fortalecer la formación policial, operadores y analistas, desarrollar mandos y supervisores, mejorar protocolos, investigación, atención a víctimas y evaluación de competencias. ¿En cuál invertiría? 

La primera tiene una ventaja política difícil de ignorar: se inaugura. Las cámaras se cuentan, los drones vuelan y las pantallas producen una imagen inequívoca de modernidad. ¿Cómo se inaugura, en cambio, que un policía ahora sabe investigar mejor, desescalar un conflicto, entrevistar correctamente a una víctima o realizar una detención conforme a derecho?

La tecnología no funciona sola

No se trata de afirmar que las cámaras no sirven. La evidencia internacional dice algo bastante más interesante. Una revisión sistemática de cuatro décadas de evaluaciones, encabezada por Eric Piza y publicada en Criminology & Public Policy encontró que la videovigilancia está asociada con una reducción modesta pero estadísticamente significativa del delito. El College of Policing británico estima un efecto promedio cercano al 13 %, especialmente en determinados delitos patrimoniales y contra vehículos, pero sin encontrar una reducción estadísticamente significativa de los delitos violentos. Además, los mejores resultados aparecen cuando existe monitoreo activo y las cámaras forman parte de otras intervenciones. La tecnología funciona, pero no funciona sola.

México ofrece ejemplos del mismo dilema. En Ciudad de México, distintas evaluaciones han encontrado efectos diferentes según el delito, territorio y programa estudiado: algunas identificaron resultados favorables frente al robo a transeúnte y ciertos delitos no violentos, mientras una evaluación del programa MiCalle publicada en Applied Geography no encontró evidencia de reducción del robo a repartidores a escala de colonia. Preguntar simplemente si “las cámaras funcionan” es, entonces, formular mal la pregunta. ¿Funcionan para qué delito, en qué lugar, operadas por quién y conectadas con qué capacidad de respuesta?

Y seguimos comprándolas. La plataforma de transparencia capitalina reporta en 2026 más de 476 millones de pesos autorizados para fortalecer la videovigilancia mediante adquisición e infraestructura para 35,464 nuevas cámaras. Jalisco amplía Escudo Jalisco C5 con miles de cámaras, lectores de placas, analítica e inteligencia artificial. Pero hay un dato menos espectacular: el nuevo C5i jalisciense está diseñado para albergar entre 150 y 180 personas durante el día y entre 80 y 100 durante la noche. Detrás de tanta inteligencia tecnológica seguimos necesitando inteligencia humana.

Ninguna base de datos interroga a una víctima

La extorsión permite entenderlo mejor. Desde que comenzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y hasta febrero de 2026, el gobierno federal reportó 161,112 llamadas al 089 y 907 personas detenidas por este delito en 24 entidades. Esos datos no demuestran que la tecnología haya causado por sí misma las detenciones o una reducción de la extorsión, pero muestran el enorme potencial de información que existe detrás de una denuncia. Un número telefónico, horario, municipio, monto exigido, forma de pago, cuenta bancaria, vehículo, placa, comercio afectado y coincidencias con otras llamadas pueden dejar de ser hechos aislados y convertirse, mediante análisis e investigación, en patrones.

Ahí una cámara puede ayudar a identificar al cobrador, reconstruir su ruta o relacionar un vehículo con distintos establecimientos; un lector de placas puede generar otra pista; el análisis de comunicaciones, dentro de las facultades legales correspondientes, puede aportar otras; la inteligencia financiera puede seguir el dinero. De hecho, el gobierno federal informó en diciembre de 2025 que 12 centros penitenciarios concentraban 56 % de las líneas reportadas al 089 como utilizadas para extorsionar. La respuesta incluyó inhibidores de señal y otras medidas tecnológicas. Pero ninguna base de datos interroga a una víctima, protege a un comerciante amenazado, construye por sí sola una carpeta de investigación ni desarticula una organización criminal.

Entre recibir información y producir seguridad existe una cadena: tecnología, operador, datos, análisis, decisión, despliegue, intervención e investigación. Si falla cualquiera de esos eslabones, disminuye el valor de los anteriores. Por eso la propia Estrategia Nacional contra la Extorsión contempla operadores del 089 capacitados en manejo de crisis y negociación y unidades especializadas con personal ministerial, policial y pericial. La tecnología conecta la llamada; una persona preparada puede contribuir a evitar que la extorsión se consume y convertir esa información en una investigación.

Impartir cursos no equivale a profesionalizar

Lo mismo ocurre con la policía cotidiana. El INEGI reportó que durante 2024 las instituciones municipales realizaron más de 1.25 millones de puestas a disposición de personas y alrededor del 86 % fueron ante autoridades de Justicia Cívica, no ante el Ministerio Público. Necesitamos policías capaces de manejar conflictos, atender víctimas, utilizar proporcionalmente la fuerza, preservar evidencia, elaborar informes y resolver problemas comunitarios. Pero tampoco caigamos en el lugar común contrario: impartir cursos no equivale a profesionalizar. Una presentación de PowerPoint, una constancia y una fotografía grupal pueden ser el equivalente institucional de una cámara que nadie monitorea.

Sabemos que una formación bien diseñada puede modificar comportamientos. Una evaluación experimental realizada en Louisville, Kentucky, encontró que un programa de comunicación, evaluación y desescalamiento estuvo asociado con 28.1 % menos incidentes de uso de fuerza, 26.3 % menos lesiones a civiles y 36 % menos lesiones a policías. Otra evaluación, entre miles de agentes de Chicago capacitados en justicia procedimental encontró posteriormente 10 % menos quejas y 6.4 % menos usos de fuerza. La diferencia no está en contar cursos, sino en comprobar qué aprendieron los policías, si lo aplican y qué cambió después.

Hay además un dilema que no deberíamos ignorar. Cuanto más inteligentes hacemos las cámaras, mayor capacidad de vigilancia entregamos al Estado. Reconocimiento facial, lectura automatizada de placas, seguimiento de trayectorias y cruces de bases de datos pueden ayudar a investigar, pero también afectan la privacidad. La legislación mexicana de protección de datos obliga a las autoridades a observar, entre otros, los principios de finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. La seguridad no puede convertirse en un cheque en blanco para observar permanentemente a la población. Paradójicamente, mientras más inteligencia ponemos en las máquinas, más necesitamos personas capaces de comprender sus límites técnicos, jurídicos y éticos.

¿Qué hacer con lo que vemos en las cámaras?

Volvamos entonces al alcalde y sus 100 millones. Tal vez nunca tuvo que escoger entre cámaras y policías. La verdadera decisión era si quería comprar cosas o construir capacidades. Puede invertir en tecnología cuando exista un problema concreto que esta ayude a resolver, pero tendrá que invertir también en operadores, analistas, policías, investigadores, supervisores, mantenimiento, protocolos, protección de datos y evaluación. Y en lugar de presumir cuántas cámaras instaló o cuántos policías “capacitó”, debería explicar qué cambió: si disminuyó determinado delito, mejoró la respuesta, aumentó el esclarecimiento, se evitó una extorsión o se protegió mejor a una víctima.

Podemos llenar una ciudad de cámaras y seguir sin saber qué hacer con lo que vemos. También podemos llenar expedientes de constancias y seguir teniendo policías que no saben qué hacer frente a lo que ocurre. El dilema, entonces, nunca fue tecnología o profesionalización. El verdadero reto es construir instituciones capaces de convertir datos en información, conocimiento y autoridad en seguridad. Porque una cámara puede ver una extorsión. Lo que todavía necesitamos es una institución que reaccione eficiente y eficazmente y sea capaz de impedir que vuelva a ocurrir.♦

*Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública. Redes: @marco_cancino

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