La caída en las inversiones afectará la capacidad de crecimiento

Por Carlos Serrano*

La inversión en México está en una muy preocupante dinámica de contracción. La caída de 6.7 % del año pasado fue la más pronunciada desde la crisis financiera global de 2009, sin contar la pandemia. Al interior de esta cifra, se tiene que la inversión pública disminuyó casi 20 % debido a la conclusión de las obras insignia de la administración anterior, obras que, en mi opinión, no contribuirán al crecimiento económico futuro. Por su parte, la inversión privada cayó en un preocupante 4.4 %.

A la fecha contamos con datos a febrero y la situación sigue siendo muy negativa: en los dos primeros meses del año la inversión ha caído 3 % comparada con el mismo periodo del año anterior, que a su vez ya mostraba una caída de 6.5 %.

Hay quienes sostienen que la caída en la inversión obedece al entorno de incertidumbre externa, en particular a las políticas comerciales de la administración Trump. Esto es falso. La inversión en México comenzó a caer bastante antes de que siquiera se supiera que Trump sería presidente, y mucho menos se conocieran sus políticas comerciales. 

La inversión viene cayendo desde que se dio a conocer que Morena y sus aliados tendrían la mayoría suficiente en el Congreso para hacer cambios constitucionales, y en particular desde que se supo que vendría la reforma al sistema judicial, cuyo objetivo central ha sido subordinar el poder judicial al ejecutivo. 

A esa reforma se han sumado la nueva Ley de Amparo —que deja a las empresas con menor nivel de protección—, las propuestas de algunos miembros de la Suprema Corte en el sentido de reabrir casos ya juzgados, y la posibilidad de que se puedan congelar cuentas bancarias con la mera sospecha de que son instrumentos de lavado de dinero.

Así, de julio de 2024 a febrero de este año —último dato disponible— la inversión privada ha caído 7.5 % y la pública, 15 % Esto no solo explica el bajo crecimiento del país desde entonces, sino que asegura un menor crecimiento hacia adelante.

El papel del T-MEC y de las inversiones extranjeras directas

Esta caída se da, paradójicamente, en lo que debería ser una buena coyuntura. El año pasado el 82 % de las exportaciones de México a Estados Unidos se llevaron a cabo sin aranceles. El hecho de que México pueda exportar productos libre de arancel siempre y cuando se utilicen los canales del T-MEC —sin contar los aranceles de la Sección 232, aplicables al acero, aluminio y automóviles— convierte a nuestro país en el más atractivo del mundo para producir y exportar al mercado estadounidense, el más grande del planeta. 

En particular, México podría beneficiarse del boom de inversión en inteligencia artificial que se observa en Estados Unidos. La inversión, en lugar de estar en contracción, debería estar creciendo con fuerza. No lo hace debido a la gran incertidumbre jurídica que prevalece en el país.

De hecho, la inversión extranjera directa sí está creciendo de forma importante, precisamente porque los inversionistas extranjeros perciben las oportunidades antes mencionadas. ¿Por qué crece la inversión extranjera cuando la doméstica cae? En buena medida porque la debilidad del Estado de derecho les afecta menos: las empresas estadounidenses o europeas pueden acudir a paneles de arbitraje respaldados por los acuerdos comerciales suscritos por sus gobiernos con el mexicano. 

Paradójicamente, las empresas extranjeras cuentan con un mayor grado de protección ante actos de arbitrariedad que las empresas domésticas.

Es cierto que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha mostrado múltiples señales de querer fomentar la inversión privada. Saben que sin ella no habrá crecimiento, y sin crecimiento se irá reduciendo el espacio fiscal y, con ello, la capacidad de continuar con las políticas redistributivas y de reducción de la pobreza que han implementado. En este contexto se ha anunciado el Plan México, los proyectos de infraestructura mixtos y la simplificación de trámites. Todas estas medidas son positivas, pero insuficientes, pues no atacan la raíz del problema: la incertidumbre jurídica.

Los inversionistas pueden percibir que el gobierno de la presidenta no utilizará al sistema judicial para afectar intereses privados. Pero ¿qué garantía tienen de que quien gane la presidencia en cuatro años tampoco lo hará? Lo que sí se sabe es que, al someter los cargos judiciales —desde los miembros de la Suprema Corte hasta los jueces federales— a elección popular, quienes ganen cargos estarán en deuda con el partido en el poder. 

La semilla de la desconfianza ya está sembrada

Por tanto, se asume que no habrá independencia judicial real. ¿Quién hará una inversión que dará frutos en años o décadas, sabiendo que en cuatro años se pueden tomar medidas en su contra y que el recurso de defenderse en el sistema judicial no existirá? 

Si este clima persiste, habrá muy poco interés en participar en los proyectos mixtos, a menos de que los flujos esperados en los primeros años compensen completamente el riesgo —lo cual difícilmente sería viable desde el punto de vista político.

Además de la caída en la inversión, se está observando una muy fuerte disminución en el número de empresas formales. La caída en el número de patrones registrados ante el IMSS lleva 22 meses consecutivos. Esto sucede al mismo tiempo que crecen las informales: de enero de 2023 a abril de este año, el número de patrones formales ha caído alrededor de 10 %, mientras que las empresas informales han aumentado 11 %. 

Una economía con menos formalidad es una economía menos productiva, entre otros factores porque las informales difícilmente tienen acceso al crédito y, por tanto, menor crecimiento potencial. Es difícil determinar las causas exactas de esta caída, pero detrás de ella están la debilidad en el crecimiento económico, los niveles ya elevados de salario mínimo —que encarecen la operación formal de pequeñas y medianas empresas— y la percepción de inseguridad jurídica.

Es positivo que se haya pospuesto la elección de la segunda mitad de los jueces federales. Pero ello no resolverá el problema de fondo. Si no se revierte la percepción de inseguridad jurídica, el país entrará en una trayectoria de crecimiento muy bajo que impedirá avanzar de forma sostenida en la agenda de reducción de la pobreza. ♦

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*Carlos Serrano es economista en jefe de BBVA en México y experto en México, ¿cómo vamos? Obtuvo maestría y doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley, en donde se especializó en macroeconomía, finanzas internacionales y organización industrial. Además, obtuvo la licenciatura en economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Redes: @carlosserrano70