La búsqueda de personas desparecidas como prioridad humanitaria

En 2003, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) creó una unidad especializada en lo que denominó “acción forense humanitaria”. Su objetivo es aliviar una forma particular de sufrimiento apremiante: el dolor y la incertidumbre de quienes han extraviado a sus seres queridos como consecuencia de conflictos armados, otras formas de violencia o catástrofes naturales. Su labor forense es estrictamente humanitaria en el sentido de priorizar el acceso a restos humanos. Su objetivo no es identificar a los responsables de la desaparición ni reconstruir los hechos que llevaron a la muerte, sino examinar los restos, establecer su identidad, notificar a familiares y seres queridos, y darles un digno entierro.

Siguiendo su orientación característica de neutralidad, confidencialidad y diplomacia humanitaria, el trabajo forense del CICR se ha desmarcado activamente de todo proceso de investigación penal y rendición de cuentas. Su privilegio de no contribuir a investigaciones penales quedó firmemente establecido ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, donde se abstuvo de dar testimonio bajo el razonable argumento de que, si lo hiciera, arriesgaría su percepción de neutralidad en el terreno y, con ello, su interlocución y acceso para llevar a cabo exhumaciones y otras labores humanitarias.

En las últimas dos décadas, el campo del humanitarismo forense se ha establecido internacionalmente sobre dos premisas. La primera es que el sufrimiento de quienes buscan a sus desaparecidos es tan incapacitante y devastador como el sufrimiento físico de los civiles heridos durante un conflicto armado. El alivio de ambos es urgente y prioritario. La segunda es que, en el interés prioritario de aliviar este sufrimiento, la labor forense debe operar siguiendo los principios de la acción humanitaria y deslindarse de la lógica acusatoria y adversarial de la investigación penal. 

La desaparición forzada en México como crisis humanitaria

La desaparición de un hijo u otros seres queridos cercanos destruye la vida que se tenía, no solo por la ausencia sino también por la incertidumbre sobre su situación y paradero. Con la desaparición, la vida se vuelca a la preocupación, la incertidumbre y, para muchos, la imperativa necesidad de buscar para aliviar el sufrimiento. En palabras de una destacada madre buscadora de Sonora: “yo no concibo esta vida sin mis hijos, yo necesito seguir en el camino, en el monte, buscando y encontrando para poder respirar, para poder sentir, porque en cada cuerpo que hemos encontrado siento una poca de paz” (p. 32). En México, Colombia, Argentina y Perú, por mencionar solo casos latinoamericanos notables, colectivos de búsqueda, en particular de madres y abuelas de desaparecidos, han empujado tenazmente, en algunos casos por décadas, procesos de búsqueda y demandas de justicia.

En sentido estricto, la gran crisis de la desaparición forzada en México se debe a la incapacidad estatal de hacer investigación forense eficaz y suficiente. Esto no equivale a decir que la crisis sea el resultado de la impunidad. Tradicionalmente, en el mundo la investigación forense se ha asociado y subordinado a la investigación penal, cuyo objetivo es siempre encontrar al culpable de un crimen. Sin duda, la impunidad que gozan los perpetradores del crimen internacional de desaparición forzada en México ha contribuido a la crisis. Pero no es necesario identificar con certeza a los culpables del crimen de desaparición forzada para encontrar e identificar restos humanos. Si bien las ciencias forenses son hoy en día necesarias tanto para investigar un crimen como para identificar a sus víctimas, los procesos forenses de identificación de restos y responsabilización penal tienen orientaciones y demandas técnicas diversas.

Bajo el actual diseño institucional, la labor forense en México está asociada al Ministerio Público y subordinada a los procesos de investigación penal. Dado el gran rezago que arrastran los MP frente a las muchas violencias homicidas que azotan a México, esto ha llevado en la práctica a una gigantesca acumulación de cuerpos y restos humanos sin investigar ni identificar, cuya búsqueda debe siempre iniciar con la apertura de una carpeta de investigación penal.

Una alternativa que permitiría evitar el estrecho cuello de botella del sistema penal es enfocarse en la investigación forense de cuerpos y restos humanos bajo principios estrictamente humanitarios. México podría crear una infraestructura robusta de investigación forense dedicada exclusivamente a la búsqueda, identificación y digno entierro de cuerpos y restos. En el interés prioritario de acceder a estos restos, la institucionalidad forense humanitaria debe ser autónoma y desligarse de la investigación penal. Debe gobernarse por principios de neutralidad y confidencialidad, de modo que pueda acceder a información y territorios para la búsqueda e identificación. Y debe tener capacidades técnicas suficientes para la investigación forense, incluyendo especialistas en medicina, arqueología, antropología y genética forense y, quizás lo más importante, un sistema nacional centralizado de información forense, con capacidad operativa suficiente para procesar grandes volúmenes de información y un sistema adecuado de protección de datos.

Hoy en día, los colectivos de búsqueda en México pueden resultar amenazantes para actores poderosos implicados en casos de desaparición forzada, porque podrían descubrir y revelar públicamente información incriminatoria o recabar pruebas para un eventual proceso penal. En muchos casos, estos actores poderosos están en condiciones de crear obstáculos insuperables para las búsquedas. Al institucionalizar una garantía de confidencialidad y “neutralizar” las labores de búsqueda frente a la relación adversarial entre el ente acusador y el acusado, la búsqueda dejará de ser percibida como amenaza. Se removerá así un importante obstáculo en el camino hacia el cierre digno para quienes esperan o siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Por una investigación forense estrictamente humanitaria en México

Con suficientes recursos y voluntad política, una infraestructura humanitaria forense robusta y eficaz contribuiría sin duda a mitigar e idealmente resolver la gran crisis de la desaparición forzada en México. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que actualmente existe dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, es un buen punto de partida para desarrollar un sistema de investigación forense capaz de hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Este sistema no contribuiría a resolver la gran crisis de violencia homicida e impunidad en México, pero sí comenzaría a dar alivio a los cientos de miles de personas que esperan noticias o siguen buscando a sus seres queridos.

* Pablo Kalmanovitz es profesor e investigador titular en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. El autor agradece a Ángel Daniel Miranda Mora por el apoyo e interlocución en el proyecto de investigación que sustenta este texto.