Redacción Animal Político · 14 de marzo de 2023
El derecho a la nacionalidad es un derecho humano que implica que a toda persona se le reconozca como perteneciente a su país de origen, así como de la voluntad de integrarse a otro, sin ser privado de su disposición (Declaración de los Derechos Humanos, Art. 15).
En México, este derecho está regulado por la Ley y el Reglamento de la Nacionalidad y por el art. 30 de la Constitución, los cuales establecen que una persona puede adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
En el caso de la naturalización, todo extranjero que cumpla con los requisitos dispuestos por esa legislación podrá solicitarla ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de acuerdo con la condición de estancia que cada uno tiene.
Sin embargo, el proceso para la recopilación de los requisitos se convierte en un gran reto para los interesados, debido a la intervención de otras dependencias u órganos desconcentrados del gobierno, como lo son el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía de justicia de los diferentes Estados, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, otras áreas de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras.
Instituciones que, a pesar de tener este acercamiento con el proceso desde hace tiempo, en realidad se encuentran poco sensibilizadas con la integración social y económica que viven las personas extranjeras en México, así como de los documentos de origen o destino con los que pueden contar. Asimismo, aunque esté estipulado en su reglamento interno o general, dependen en demasía de la disposición, empatía y manejo de información del funcionario que les atienda.
Incluso hasta se llega hablar de estado de ánimo o “humor” de quien está detrás de ventanilla; así lo refiere Brenda Juárez, venezolana interesada en el proceso, que al acudir en diferentes días a migración y a pesar de que la funcionaria fue la misma, la atención fue diferente.
Otra situación común por parte de las y los funcionarios es la petición de documentos con los que no cuentan las personas extranjeras, sobre todo aquellas bajo protección internacional, como refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, a quienes en ocasiones les solicitan documentación apostillada o legalizada, vulnerando su derecho a la vida y confidencialidad al tener que acercarse a su consulado o embajada para conseguirlo, pues en muchas ocasiones son personas amenazadas y/o perseguidas por agentes gubernamentales o el propio gobierno.
Del mismo modo, se refleja el desconocimiento que las y los burócratas tienen hacia la documentación nacional con la que cuentan las personas extranjeras, como el Documento de identidad y viaje. Inclusive de la definición de las diversas condiciones de estancia, como la apatridia.
Otro reto es el llenado y la carga de documentos para la obtención de ciertos requisitos, como la constancia de no antecedentes penales de la Ciudad de México, cuya página no explica con claridad los pasos a seguir, por lo que quien revise el trámite será quien decida sobre el mismo.
Además, se cree que una vez que la persona extranjera logra reunir todos los requisitos e ingresar su expediente, sólo debe esperar para recibir su carta de naturalización; sin embargo, en el caso de quienes no se encuentran apoyadas o acompañadas por organizaciones como Sin Fronteras, desconocen que para que esta petición pueda ser otorgada también será examinada por la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional de Migración. Asimismo, en caso de encontrar alguna inconsistencia, se notifica a la persona interesada a través de la cancillería para que ésta pueda desahogar dicha petición por el mismo medio, triangulando información y causando mayor retraso en la resolución.
Esto afecta la situación emocional, económica, laboral y educativa de las personas, generándoles ansiedad, estrés, fatiga física y mental al no poder avanzar con su proceso debido al desconocimiento del trámite o documentación por parte de quienes realizan los trámites, o bien por la falta información clara y precisa.
Tal fue el caso de Joseph, apátrida quien refiere que por su disposición le fue difícil encontrar un empleo fijo, que después de un tiempo y para evitar problemas con su documentación decidió naturalizarse. Sin embargo, durante su proceso se encontraba con funcionarios que desconocían su condición y lo referían a una y otra institución generando un desgaste de tiempo innecesario que llegó a causarle problemas en su trabajo por las peticiones constantes para ausentarse y tratar de resolver su situación.
Es así como desde Sin Fronteras buscamos entablar una comunicación con las diferentes representaciones involucradas, con el fin de informar y sensibilizar sobre las dificultades con las que las personas solicitantes pueden encontrarse durante el proceso de la naturalización. Asimismo, otro de nuestros objetivos es acompañar a la población en la recopilación de su documentación para que conozcan no solo el proceso, sino también las disposiciones económicas y de tiempo con las que deberán contar para que su trámite sea exitoso.
* Fernanda Lara Rodríguez es Auxiliar Legal en Sin Fronteras IAP.