Burkina Faso y los claroscuros del régimen

Burkina Faso ha experimentado una profunda transformación política en los últimos años, convirtiéndose en uno de los casos más relevantes para comprender la evolución política y de seguridad en el Sahel. Aunque el régimen de Uagadugú ha alcanzado una notable popularidad gracias a sus discursos de soberanía, antiimperialismo y seguridad, detrás de esta imagen existe una realidad mucho más compleja que resulta fundamental para entender el momento político que atraviesan tanto Burkina Faso como el resto de la región.

Como ocurre en otros países del Sahel, Burkina Faso enfrenta una crisis multidimensional. Por un lado, lidia con una insurgencia yihadista que ha encontrado terreno fértil en la pobreza, la marginación y la débil presencia estatal, especialmente en zonas rurales donde los grupos armados mantienen una fuerte presencia. Por otro, persisten tensiones entre comunidades pastoriles Fulani y comunidades agrícolas Mossi, conflictos que se han intensificado por la competencia por la tierra, el agua y otros recursos cada vez más escasos.

Sin embargo, lo que distingue al caso de Burkina Faso es que, pese a los conflictos y problemas internos del país, el régimen en Uagadugú parece gozar de una amplia popularidad.  El actual líder del país, el capitán Ibrahim Traoré, llegó al poder tras el golpe de Estado de septiembre de 2022 que derrocó al teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. A su vez, Damiba había tomado el poder apenas unos meses antes, en enero de ese mismo año, mediante otro golpe de Estado que puso fin al gobierno del presidente Kaboré.

Ambos golpes de Estado estuvieron estrechamente relacionados con el deterioro de la seguridad nacional y la expansión de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico. La incapacidad percibida de los gobiernos civiles para contener la violencia abrió espacio para que el ascenso de liderazgos militares como el de Traoré fueran percibidos como legítimos e incluso deseables por parte de la población. A la par, su legitimidad no se ha construido únicamente sobre la promesa de restaurar la seguridad, sino también sobre una narrativa de soberanía nacional y antiimperialismo, reflejada en acciones como la expulsión de tropas francesas del país, la nacionalización de minas y el fortalecimiento de la Alianza de Estados del Sahel con Mali y Níger.

Sin embargo, esta narrativa centrada en la seguridad nacional y la soberanía tiende a relegar dinámicas de conflicto más profundas y complejas que resultan fundamentales para comprender la naturaleza de la violencia en Burkina Faso.

Aunque la crisis suele presentarse como una guerra entre el Estado y grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico, una interpretación que constituye uno de los principales pilares de legitimidad del régimen y que justifica tanto la militarización como la concentración del poder, esta visión resulta insuficiente para explicar la realidad del país. A medida que la insurgencia se expandió durante la última década, la violencia adquirió una dimensión étnica cada vez más marcada, transformando una lucha contrainsurgente en un conflicto donde las identidades comunitarias, las disputas históricas por recursos y las dinámicas de exclusión social desempeñan un papel tan importante como la propia amenaza yihadista.

La guerra ha adquirido características de confrontación

Esta dinámica se intensificó tras la llegada de Traoré al poder. El gobierno amplió significativamente el reclutamiento de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), milicias civiles creadas para apoyar al ejército en la lucha contra los insurgentes. Aunque estas fuerzas han permitido al Estado aumentar su presencia territorial, también han sido acusadas por organizaciones de derechos humanos de cometer asesinatos, desplazamientos forzados y ataques sistemáticos contra comunidades Fulani acusadas de colaborar con los grupos armados. Diversos informes sostienen que las operaciones contrainsurgentes han terminado difuminando la distinción entre combatientes y población civil y que lo que vemos es en realidad un proceso de limpieza étnica.

La mayoría de estas milicias provienen de comunidades agrícolas sedentarias, particularmente del pueblo Mossi, el grupo étnico más numeroso del país y tradicionalmente dominante en las estructuras políticas y administrativas. Como consecuencia, la guerra ha adquirido características de confrontación entre comunidades Mossi organizadas en torno al Estado y poblaciones pastoriles Fulani percibidas como cercanas a la insurgencia.

Al mismo tiempo, la insurgencia también ha explotado estas fracturas. El Grupo Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin ie (JNIM), asociado a Al Qaeda, ha utilizado la represión contra los Fulani como herramienta de reclutamiento, presentándose como protector de comunidades perseguidas por el Estado y sus aliados. Esto ha generado un círculo vicioso en el que la violencia estatal alimenta el reclutamiento insurgente, mientras que los ataques yihadistas refuerzan la percepción gubernamental de que los Fulani constituyen una amenaza colectiva.

Es precisamente en este contexto donde deben entenderse los claroscuros del régimen. Para muchos ciudadanos, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones urbanas, el gobierno de Traoré representa una respuesta firme frente a una crisis de seguridad que los gobiernos anteriores no lograron contener.

A ello se suman el discurso de soberanía nacional, la ruptura con Francia, así como el fortalecimiento de la Alianza de Estados del Sahel, son factores que han contribuido a su popularidad. Sin embargo, su proyecto político se desarrolla en medio de un conflicto marcado por crecientes tensiones étnicas y comunitarias que al mismo tiempo amenazan con profundizar las fracturas sociales del país, a la par que sostiene la popularidad del régimen, por lo que incluso se acusa al régimen de producir la violencia mediante la creación de milicias afines al gobierno como una forma de afianzar su control sobre el país.

Por ello, la popularidad de Traoré y del régimen en su conjunto debe analizarse con las controversias que lo rodean. Las denuncias de abusos contra comunidades Fulani, así como las restricciones a la oposición y a la prensa, las cuales contrastan con una narrativa que ha logrado conectar con el descontento y las aspiraciones de amplios sectores de la población. Por lo que comprender la situación de Burkina Faso exige ir más allá de la figura de Traoré y examinar las dinámicas sociales, étnicas, políticas y de seguridad que moldean el país. ♦