Breve historia de los ajustes presupuestales del INE

Por cuarta ocasión consecutiva el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que ajustar a la baja su presupuesto anual, con el que afrontará nuevamente la compleja función de organizar 77 elecciones locales y federales entre 2020 y 2021. Es decir, el INE intervendrá en el proceso de transmisión del poder político de 4,130 cargos de representación popular.

Esta vez la adecuación presupuestal del ejercicio fiscal de 2020 correspondió a 1,071 millones, hasta ahora el aminoramiento económico más grande de la historia del INE, pues supera en un 357% a la reducción de 2017 -300 millones-, en un 133% a la disminución de 2018 -800 millones- y en un 112% a la deducción de 2019 -950 millones- (ver gráfica).

Al revisar los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, no se encuentra ningún razonamiento lógico que sustente política, social y económicamente la decisión de la Cámara de Diputados de reducir el presupuesto del INE. Ni mucho menos se contempla una motivación técnica y operativa sobre los montos económicos del reajuste presupuestal. Mas bien pareciera que la Cámara está normalizando la reducción presupuestal al INE, pues es una conducta inercial mas que razonada.

¿Qué ha hecho el INE para enfrentar los recortes presupuestales?

Sin lugar a duda, las reducciones presupuestales son un gran reto para el INE, desafíos que hasta el día de hoy se encuentran superados satisfactoriamente, puesto que la autoridad electoral nacional ha mantenido la realización de elecciones libres, equitativas y auténticas, y ha garantizado el goce y el ejercicio de los derechos, libertades e igualdades de los ciudadanos, candidatos, militantes y partidos políticos.

Para ello, el INE se ha visto en la necesidad de implementar una serie de medidas administrativas y financieras, cuya finalidad consistió en solventar la reducción de los recursos económicos. Medidas que, año con año, se han ido complejizando y agravando, pero que han salvaguardo la transmisión pacifica del poder político a nivel federal, local y municipal.

En 2017, ante el recorte de 300 millones de pesos, se instrumentó una reducción proporcional de los montos de los proyectos. Con una adaptación de la planificación presupuestal, no se puso en riesgo la función electoral. Al interior del INE se consideró que la reducción de los recursos obedecía a un contexto social adverso -protestas por el aumento de la gasolina- y que éste no se repetiría.

Empero, para 2018 el INE debió subsanar una disminución de 800 millones de pesos en un año electoral. En consecuencia, aminoró el presupuesto de la oficinas centrales y órganos desconcentrados, recortó los montos de las representaciones del Poder Legislativo y de la Comisión Nacional de Vigilancia y disminuyó el dinero destinado a mobiliario, gasto en papelería, gasolina, telefonía y alimentación. En esta ocasión, sí se tuvo que tomar medidas que afectarían al proceso electoral, tales como: reducir el número de casillas especiales, disminuir el número de días de contratación de los capacitadores y supervisores electorales, rediseñar los materiales para la capacitación de funcionarios de casilla, eliminar la adquisición de 471 mil bases porta urna y 159 mil cajas de material electoral, disminuir a 3 marcadores de boletas por casilla y suprimir la impresión en papel seguridad de las listas nominales.

A la par de las medidas antes aludidas, el INE desplegó una táctica mediática para alertar a la ciudadanía sobre las complejidades y consecuencias del recorte presupuestal. Asimismo, buscó sensibilizar a los actores políticos sobre la importancia de tener procesos electorales confiables, certeros, transparentes, pacíficos y libres en la vida pública; mismos que requieren recursos para su desarrollo.

No obstante la campaña mediática emprendida por el INE y los resultados positivos en materia de organización de las elecciones locales y federales, para 2019 el INE tuvo que solventar un ajuste presupuestal de 950 millones. En esa ocasión redujo las partidas presupuestales de materiales y útiles de oficina, productos alimenticios, combustibles, telefonía, congresos, convenciones, asesorías, pasajes aéreos y terrestres y viáticos. También, disminuyó los montos de diversos proyectos que afectaron el alcance y la implementación de los programas del voto de los mexicanos en el extranjero, la operación de los órganos de vigilancia del padrón electoral, la actualización del padrón y credencialización, la aplicación de la estrategia nacional de cultura cívica, los operativos de reseccionamiento y los modelos de riesgo. Además, suspendió temporalmente las contrataciones de más 600 plazas vacantes por el programa de retiro voluntario y rotación natural del personal y reorientó los ahorros generados en las licitaciones públicas.

En esta ocasión, la táctica mediática fue más agresiva y el mensaje central consistió en alertar a la sociedad sobre el sometimiento de la autoridad electoral nacional mediante acciones presupuestarias y sobre los problemas que representaría organizar cinco elecciones locales, las cuales fueron desarrolladas de forma exitosa a pesar de la disminución presupuestal.

Por primera vez, el INE instrumentó una acción legal al interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, alegando una evidente vulneración a su autonomía e independencia. Hasta el momento, el medio de impugnación no ha sido resuelto y solo tendrá unos días de vigencia, puesto que el acto de autoridad deja de surtir sus efectos el próximo 31 de diciembre. Conjuntamente, se solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal que la fecha no ha sido negada u otorgada.

Ahora, de cara al 2020, el INE debe minimizar los efectos de un recorte por 1,071 millones de pesos. Para ello, aplazó la renovación de equipo y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo, lo que pone en riesgo la verificación de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales en más de 2 mil 200 señales en todo el país. Además, retrasó la construcción de las sedes de las Juntas Locales en Aguascalientes y Nuevo León, prolongando el gasto en rentas y remodelaciones. Así mismo, demoró la modernización del equipo y mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana, lo que podría provocar una mala atención a las personas que acudan a obtener su credencial para votar.

También canceló las inversiones para renovar mobiliario y equipo de juntas locales y distritales, afectando el buen estado que deben tener las bodegas para resguardar los documentos electorales. Eliminó los talleres regionales para medios de comunicación, por lo que ya no se brindaría capacitación a la fuente que cubre los procesos electorales.

En esta ocasión, el INE volvió a instrumentar medidas en torno a la organización del proceso electoral, tales como aplazar un mes la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales y reducir el gasto de órganos delegacionales y subdelegacionales. Se espera que estas acciones no tengan una repercusión negativa en el desarrollo de los cómicos.

Una vez más la estrategia mediática fue de vital importancia, ya que logró posicionar el tema sobre el respeto a la autonomía e independencia del INE, incorporando a la defensa de la autoridad electoral nacional a sectores empresariales, partidos políticos, académicos, y a la sociedad en general.

En cuanto a la vía jurídica, el INE volverá a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando que esta vez resuelva en tiempo y forma a su favor para revertir la intervención legislativa. Sin embargo, en esta ocasión no solicitará una nueva ampliación presupuestal a la SHCP, ya que se estaría enviando un mensaje de dependencia de otras instancias gubernamentales para cumplir adecuadamente con sus funciones.

Todo indica que los esfuerzos desarrollados para solventar las reducciones presupuestales son tomados por la Cámara de Diputados como señales que el INE puede sobrevivir con menos recursos, ya que en los ajustes presupuestales de 2017, 2018 y 2019 no ha dejado de cumplir con sus atribuciones. Nada menos apegado a la realidad.

La Cámara de Diputados debe observar que en cada recorte presupuestal el INE instrumenta medidas aún más complejas, que tienden a reducir los alcances de diversos proyectos, a postergar el desarrollo de planes, o bien, a cancelar programas que son necesarios para garantizar la llegada a buen puerto de las elecciones. Si bien, hasta el momento, no se han tenido repercusiones graves, eventualmente se podría vulnerar la confianza en las elecciones, siendo mucho más costoso recuperar la certeza que el voto es libre, secreto y respetado.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.