Bolivia, apuesta democratica

El domingo 18 de octubre, además de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo (México), en Bolivia se celebraban elecciones generales. En estos comicios se elegirían a las y los nuevos integrantes de órgano legislativo, así como a las personas que encabezarían la presidencia y vicepresidencia del país. Estas no eran otras elecciones más, pues tenían una importancia especial en la región.

Recordemos que, en octubre de 2019, se celebraron elecciones generales en este país andino, pero ante diversas irregularidades –como por ejemplo la suspensión por varias horas de la transmisión de los cómputos–, una ola de estallidos sociales se presentaron en diversas partes del país, principalmente en La Paz. Estos 21 días de movilizaciones, a los que algunos han denominado «la Revolución de las Pititas», culminaron el 10 de noviembre de 2019 cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó su informe preliminar del análisis de integridad electoral de las elecciones referidas. En este documento se identificaron diversas irregularidades, por lo que la OEA se pronunció por la repetición del proceso electoral. Ese mismo día Evo Morales anunció su dimisión como presidente del país.

El 12 de noviembre, Jeanine Áñez es anunciada como nueva presidenta el país y el 24 de noviembre promulgó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales mediante la cual dejan sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre de 2019, convocan a nuevas elecciones generales, se decreta el cese de las y los órganos electorales (nacionales y departamentales), se establece que deberá conformarse una nueva integración de vocales del Tribunal, y respecto a las candidaturas, esta ley estableció que quienes hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo en los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse al mismo cargo.

El 25 de noviembre designó a Salvador Romero Ballivián como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en representación del Órgano Ejecutivo y el 19 de diciembre, la Asamblea Legislativa designó a las otras seis personas que se desempeñarían como vocales del TSE. Al día siguiente, el colegiado eligió como presidente a Romero Ballivián y a María Angélica Ruíz Vaca Díez como vicepresidenta. A partir de ese momento se definió la conformación del TSE que habría de conducir uno de los procesos electorales más trascendentes en la historia de Bolivia.

Aunque el proceso electoral no estuvo libre de controversias y litigios, sin duda la principal complejidad logística enfrentada fue la pandemia por COVID-19. Ante este escenario se determinó ampliar el plazo para celebrar las elecciones, originalmente dispuestas para el 3 de mayo, inicialmente se propuso que se celebrarán el 6 de septiembre, aunque finalmente se determinó celebrarlas el 18 de octubre (fecha límite del plazo de celebración).

Los ojos de la comunidad internacional estaban puestos en este proceso electivo y Bolivia necesitaba que estos comicios cumplieran con todos los estándares de integridad y transparencia, de forma que la validez de los resultados no fuera cuestionada y que esto llevara a otro estallido social en aquel país.

A pesar de lo retador y casi adverso que se visualizaba el contexto en el cual se celebrarías estas elecciones, el TSE tuvo un desempeño prístino en los procesos de empadronamiento, registro de candidaturas, designación de jurados electorales y comunicación, todo lo cual permitió que la ciudadanía acudiera a votar en un contexto, sí tenso, pero de calma generalizada. Esta actuación permitió que el anuncio sobre la determinación de no utilizar el sistema de difusión de resultados preliminares para la elección presidencial, hecho el sábado 17 de octubre, fue aceptado por las candidaturas participantes y sus simpatizantes. Todo gracias a que para la celebración de estas nuevas elecciones aportaron por una autoridad electoral fuerte y experimentada.

La jornada electoral del 18 de octubre, además de ejemplar en su desarrollo lo fue también en su participación electoral pues se registró una concurrencia a las urnas de 88 % del padrón electoral.

Finalmente, el viernes 23 de octubre se anunció que habían concluido los cómputos oficiales. Este conteo oficial confirmó lo que la presidenta Áñez adelantaba desde la noche de la elección: que Luis Arce –y su compañero de fórmula, David Choquehuanca– habría ganado la elección a la presidencia y además habría sido con un margen de ventaja tal, que no sería necesaria una segunda vuelta. Por lo que estarán tomando posesión de sus cargos tan pronto como noviembre de este año.

Esta elección quizá marca el inicio de una nueva era en la democracia boliviana, ya que se da a partir de un proceso de dialogo y acuerdos, con un órgano electoral autónomo y un titular del órgano Ejecutivo electo con una gran legitimidad.

@Eleccionesymas