Beatriz: victoria feminista en El Salvador
Redacción Animal Político · 20 de enero de 2025
El acceso oportuno a servicios de salud reproductiva, como la interrupción del embarazo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En países cuyas legislaciones en materia de aborto son restrictivas, la salud y la vida de las mujeres están en riesgo. Así ocurrió en el caso de Beatriz, mujer salvadoreña a quien el Estado le negó el acceso al aborto a pesar de que los dictámenes médicos lo establecían como un procedimiento inmediato para salvaguardar su vida.
Debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, Beatriz fue forzada a continuar un embarazo inviable a costa del detrimento de su salud. Este caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 20 de diciembre de 2024 tras una incesante lucha por parte de las organizaciones Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local e IPAS LAC, que buscaban honrar la memoria de Beatriz y obtener la reparación integral para su familia, así como medidas de no repetición a fin de asegurar que ninguna otra mujer pase por lo que ella pasó.
La Corte IDH reconoció la responsabilidad del Estado salvadoreño en la violación de los derechos humanos de Beatriz a la integridad personal, la vida privada, la protección judicial y el derecho a la salud. Señaló que enfrentó situaciones que generaron inseguridad jurídica en términos de atención médica oportuna y adecuada, y ordenó establecer directrices y guías de actuación para el personal médico y judicial a través de la adecuación de los protocolos médicos existentes o de cualquier otra medida normativa que garantice la seguridad jurídica en la atención de casos similares.
Este fallo revela las graves consecuencias de la prohibición del aborto: la falta de certeza jurídica impidió al personal de salud brindar atención oportuna, pues la provisión del servicio estaba sujeta a la obtención de autorizaciones administrativas y judiciales. Además, los largos periodos de espera para determinar el tratamiento a seguir, es decir, la interrupción del embarazo, bajo el argumento de que no existían protocolos de atención adecuados, derivaron en violencia obstétrica.
El Salvador tiene la obligación de cumplir las medidas de reparación establecidas por la Corte IDH, entre ellas, fortalecer las habilidades del personal de salud para que la normativa sea aplicada de manera cabal y así dar cumplimiento al derecho a la salud y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, colocando al centro el deseo de Beatriz y su familia: que ninguna otra mujer en Latinoamérica pase por lo que ella pasó. Para ello es indispensable generar las condiciones jurídicas que garanticen el acceso al aborto seguro en El Salvador.
La justicia reproductiva es una asignatura pendiente para las mujeres y personas con capacidad de gestar en la región y el resto del mundo. Celebramos que la Corte IDH haya reconocido la responsabilidad del Estado de El Salvador en la violación de los derechos humanos de Beatriz y su familia. Se trata de una victoria del movimiento feminista en un país donde la prohibición absoluta del aborto obliga a las mujeres a continuar con embarazos que ponen en riesgo su salud y su vida.
Esta sentencia honra la memoria de Beatriz y echa luz sobre la imperiosa necesidad de dejar de considerar al aborto como un delito y reconocerlo como un servicio de salud esencial. El triunfo de Beatriz y su familia, y de las organizaciones que empujaron la decisión de la Corte, nos llena de fuerza para seguir en la lucha por la eliminación del delito de aborto y asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva dignos y sin discriminación.