El barroquismo del INAI sobre el caso Atenco
blogeditor · 15 de octubre de 2016
Por: David Mora (@dmoravera)
Era 3 de mayo de 2006. Nelly Salas, fotorreportera, tomó para la agencia Cuartoscuro esta imagen.
La espiral de violencia en San Salvador Atenco escalaría gravemente en unas cuantas horas. El saldo, al día siguiente, serían dos personas asesinadas y decenas detenidas. “A los extranjeros se les expulsaría y floristas, activistas, defensores de derechos humanos y personas que nada tenían que ver con el conflicto serían arrestadas”. Más de 20 mujeres del grupo de personas detenidas fueron torturadas sexualmente por quienes se desplegaron en el operativo. La saña se manifestó en diversas formas: violaciones, golpes, mordidas, desnudez forzada, violación con objetos introducidos en vaginas, anos y bocas. Los responsables del operativo no han enfrentado procesos de justicia. Por lo menos uno, incluso, ocupa un alto cargo en el gobierno federal, su carrera va en ascenso como estuvo la del Presidente, quien gobernaba el Estado de México en la fecha de los sucesos.
El 17 de septiembre la Comisión Interamericana presentó formalmente la petición ante la Corte Interamericana para que ésta sentencie la responsabilidad internacional del Estado mexicano en las violaciones cometidas. Hecha esta aclaración, sin embargo, se puede afirmar que Atenco, al igual que otros muchos casos de violaciones graves, sigue esperando justicia y verdad, así como luchando contra el olvido.
Memoria y Verdad, una plataforma que se presentó el martes 11 de octubre, es una apuesta por eso: ejercicios sociales para buscar verdades y no permitir el olvido de 15 casos de violaciones graves; un mecanismo para difundir información oficial, no oficial y otros materiales sobre los mismos.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), parte de este proyecto, en último minuto y de forma unilateral tomó la decisión de que la foto que tomó Nelly Salas no puede ser difundida, así como tampoco otras 244 fotografías, 11 videos y otras decenas de documentos de fuentes no oficiales. Difundirlos, concluyó el Instituto, violaría el derecho a la protección de datos personales de las personas fotografiadas. En otras palabras, el INAI alega requerir que las personas fotografiadas por Nelly le otorguen el consentimiento expreso de que aceptan que esta imagen sea difundida.
Sí, que el hombre brutalmente golpeado por policías y los tres de ellos a quienes se les percibe el rostro, manifiesten que dan su consentimiento expreso para que la foto se difunda. No importa que la foto ha circulado públicamente por más de 10 años, tampoco que fuese captada en un claro contexto de publicidad –una manifestación que terminó en conflicto–, ni que esté en clara conexión con uno de los temas que más alto interés público y social tienen: las violaciones graves a derechos humanos.
Al igual que con la foto de Nelly, el INAI alega requerir el consentimiento de miles de personas que salen retratadas (manifestantes, por ejemplo, exigiendo la aparición de los 43 normalistas, reunidos en el Ángel), de víctimas desaparecidas o asesinadas, o de personas fotografiadas hace cerca de 50 años (como en los casos de las masacres de Tlatelolco y El Halconazo). Sobra explicar la imposible realización de esto.
El INAI, claro, está obligado constitucionalmente a proteger los datos personales. Ésta, sin embargo, no es la forma de hacerlo. Una ponderación entre derechos –a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la verdad en casos de violaciones graves, por un lado, frente a una protección de datos personales en abstracto, por otro– encontraría en la publicidad de esta información la respuesta. Si el Instituto insiste en esta interpretación barroca de protección de datos personales, corren serio riesgo actividades tan fundamentales para una democracia, como documentar la represión policial de una protesta: un policía podría perfectamente alegar que no se le pidió su consentimiento para ser retratado mientras golpeaba manifestantes y renglón seguido exigir que la foto no se difunda.
La construcción de memorias y verdades requiere un Instituto a la altura del contexto de impunidad y violencia que vive México, así como de las leyes garantistas que tenemos en materia de acceso a la información. Argumentos como el acá eviscerado muestran pequeñeza de su parte.