Redacción Animal Político · 25 de mayo de 2023
Replicando el modelo de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, los colectivos Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, Una Nación BuscandoT de Tijuana, y Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, convocaron a la Cuarta Brigada Estatal de Búsqueda por Nuestros Desaparecidos en Baja California que se llevó a cabo del 15 al 30 de abril del 2023. Se trató de una jornada de 15 días en la que alrededor de 110 personas desarrollaron labores de búsqueda con el objetivo de encontrar a sus familiares desaparecidos. Esta convocatoria tuvo como sustento el principio de participación conjunta reconocido como un derecho en la Ley General de Desapariciones y reveló algunas de las necesidades más apremiantes en la materia.
A diferencia de las diligencias judiciales que realizan las autoridades —cuando las realizan— las acciones de búsqueda enmarcadas en las brigadas, organizadas por las familias, poseen un carácter humanitario; ponen el acento no en la sanción penal de los perpetradores, sino en el profundo deseo de recuperar al ser querido desaparecido. Hay en ellas, como en cada acto de búsqueda, un deseo irrefrenable de terminar con el dolor. Se busca al ser querido desaparecido, vivo o muerto, pero también se busca paz. Imposible olvidar lo que dijo una de las buscadoras participantes: “Estoy aquí porque ya no puedo más, no es vida estar así, necesito hacer algo para sostenerme, para recuperar mi vida”.
Si bien las búsquedas ciudadanas están cargadas de elementos subjetivos, parten de una realidad objetiva, imposible de negar, que las detona y que es necesario nombrar: En Baja California asistimos a una crisis de desapariciones que se cuenta en 14 mil 426 personas desaparecidas y por lo menos 11 mil 081 cuerpos sin identificar, situación que se agrava por la existencia de autoridades rebasadas en sus capacidades para atender el problema y por la persistencia de fenómenos que se cruzan con las desapariciones; entre ellas la migración, el desplazamiento forzado y la habitabilidad de calle.
Frente a esta realidad y con la experiencia de tres brigadas previas, y una brigada internacional, en las que las familias buscadoras fortalecieron sus conocimientos en torno a sus derechos y afinaron habilidades para el hallazgo de restos humanos, los colectivos convocantes exigieron que las dependencias encargadas de la búsqueda, investigación y atención a víctimas cumplieran con sus obligaciones. Solicitaron seguridad, personal especializado, alimentos, hidratantes, transportes y la habilitación de albergues para hospedar a las y los brigadistas. Esto implicó un proceso de planeación de meses y la interlocución permanente, a veces ríspida, con autoridades estatales y federales a fin de que cumplieran con lo acordado.
La brigada llegó y con ella la esperanza de regresarles a casa. Entre el 15 y 30 de abril del 2023 familiares de personas desaparecidas provenientes de Sinaloa, Morelos, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Guadalajara, Chihuahua, Tamaulipas, dos familiares de El Salvador y, desde luego, de Baja California, se dispusieron a recorrer el estado en busca de personas desaparecidas. En su andar recorrieron los siete municipios de la geografía bajacaliforniana, inspeccionaron territorios inhóspitos en busca de fosas o entierros clandestinos y tapizaron avenidas con los rostros de los tesoros amados. Además, revisaron fichas de personas privadas de la libertad, visitaron albergues, centros de rehabilitación y escudriñaron entre archivos de los Servicios Médicos Forenses.
En medio de tensiones derivadas del contexto y las complejidades propias de la búsqueda, la brigada logró la localización de dos osamentas incompletas en Mexicali, una en San Felipe, restos óseos dispersos en Ensenada y un cuerpo en descomposición en Tijuana. Además, tres personas fueron localizadas en la Fosa Común, dos de ellas en Mexicali y una en Tijuana. Asimismo, fueron localizadas dos personas con vida en el municipio de Ensenada.
Además de movilizar el dolor de más de un centenar de familias en búsqueda, la brigada movilizó el trabajo conjunto y las capacidades técnicas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Elementa DDHH, Data Cívica, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero), instituciones que se sumaron solidariamente a la causa y que, con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado y puntos de búsqueda aportados por los colectivos, realizaron un análisis sobre el hallazgo de fosas clandestinas para desarrollar un modelo que permite delimitar y proponer nuevas áreas de búsqueda. En puntos obtenidos a través de este análisis, la brigada logró dos hallazgos positivos en campo.
En ese caminar doloroso, pero resistente, las familias buscadoras identificaron retos y obstáculos entre los que destacan: la falta de coordinación interinstitucional, principalmente entre la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, la falta de células municipales de búsqueda —pues hasta ahora el estado sólo cuenta con un grupo municipal de búsqueda en Mexicali—, la falta de operatividad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el escaso personal destinado para las labores de búsqueda en terreno, la falta de implementación del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense y la persistencia de condiciones de violencia macrocriminal que ponen en riesgo extremo a las familias. Todo ello frente a la ausencia de un marco jurídico que armonice las disposiciones de la Ley General de Desapariciones con el contexto y necesidades de la entidad. Apunto esto como una tarea importante a la que es necesario dar seguimiento, sobre todo ahora que el Congreso del Estado ha anunciado, aunque con cinco años de retraso, que se trabajará en la elaboración de la Ley Estatal de Desapariciones.
* Adriana Jaén Manuel es socióloga. Actualmente se desempeña como investigadora y enlace de @ElementaDDHH en Baja California.