Balance 2025: más allá de los discursos en la agenda social y de derechos humanos

En este tiempo de posverdad, me gustaría invitar a la reflexión sobre el balance de 2025, sus logros y pendientes en la agenda social y de derechos humanos. En un contexto marcado por la polarización política y discursiva, pareciera que los grandes discursos y la parafernalia institucional, en ocasiones, ocultan el hilo fino: el impacto real de estas iniciativas en la vida cotidiana de las personas.

Uno de los triunfos de este gobierno, que se viene consolidando desde el sexenio anterior, es el avance en el discurso político en materia de derechos humanos. Sin embargo, más allá de la importancia de lo simbólico en un discurso progresista, cabe preguntarse: ¿existen avances reales en el sistema y en sus estructuras? ¿El Estado está garantizando efectivamente los derechos humanos de quienes habitamos este país?

En materia de género, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un paquete de iniciativas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, asegurar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes, y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Estas iniciativas ya fueron replicadas en el Congreso de la Ciudad de México y han sido reiteradamente mencionadas, en el plano discursivo, en diversos foros. Pero la pregunta persiste: ¿bastan estas iniciativas para garantizar la autonomía económica de las mujeres? ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento? ¿Existen presupuestos vinculantes y sistemas de evaluación de estas reformas?

Desmenucemos, entonces, qué implica realmente garantizar la libertad y la autonomía económica en México. Comencemos por identificar dónde y cómo trabajan las mujeres. En nuestro país, el 64 % de la carga de cuidados no remunerada recae en nosotras. Las mujeres destinan la mayor parte de su tiempo a estas tareas, y aquellas con menos recursos económicos les dedican aún más horas. Por ello, desde hace tiempo se ha insistido en la necesidad de implementar un Sistema de Cuidados que contribuya a la redistribución, desfeminización y desfamiliarización de estas labores.

La buena noticia es que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de Ley General del Sistema de Cuidados, actualmente en proceso de dictaminación en el Congreso local, con el objetivo de que la capital se convierta en “la ciudad de los cuidados”. Incluso, la propuesta contempla una disposición que garantiza que el presupuesto destinado a cuidados no podrá reducirse y deberá ser progresivo. No obstante, la tarea pendiente es doble: lograr su aprobación tanto a nivel local como federal, y enfrentar un reto aún mayor, que es la territorialización de esta ley y de las políticas públicas que se desprendan de ella. Aprobar una ley no basta para convertirnos en una panacea de los cuidados; su implementación adecuada es indispensable.

Por otro lado, garantizar la autonomía y la libertad económica requiere necesariamente de empleos dignos y bien remunerados, con salarios justos, acceso a seguridad social y, sobre todo, con horarios compatibles con la vida y con los cuidados. En este sentido, la presidenta anunció las esperadas iniciativas para el fortalecimiento de los derechos laborales y sociales: la implementación de la semana laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo a 315 pesos diarios.

Respecto al incremento del salario mínimo, el discurso merece celebrarse. Pagar a una persona cerca de 9,500 pesos mensuales representa un avance importante. Sin embargo, la canasta básica tiene un costo aproximado de 4,759 pesos mensuales para dos personas; es decir, casi la mitad del salario se destina únicamente a garantizar la subsistencia mínima. ¿Cómo se cubren entonces, con los poco más de 4,000 pesos restantes, la renta, el transporte, las actividades recreativas, los medicamentos o las necesidades de familias de más de dos integrantes? El salario sigue siendo insuficiente. Seguimos en deuda con un salario verdaderamente digno.

En cuanto a la presunta “semana laboral de 40 horas”, la narrativa oficial fue inmediata: un triunfo de la clase trabajadora, un paso firme hacia una sociedad de derechos y un avance en la transformación social que el país busca consolidar. No obstante, se trata de una promesa cuya implementación está proyectada hasta 2030. Más aún, dentro de estas 40 horas no se incluyeron explícitamente dos días de descanso, una demanda histórica del movimiento obrero. Sin ese segundo día, gran parte del tiempo “liberado” continuará destinándose a labores domésticas y de cuidados, actividades que, como ya se ha señalado, recaen de manera desproporcionada en las mujeres.

Asimismo, la inclusión en la iniciativa de la posibilidad de trabajar entre 9 y 12 horas extras “voluntarias” representa un riesgo evidente en un país con profundas asimetrías en las relaciones laborales y con apenas 600 inspectores para supervisar su cumplimiento a nivel nacional. En la práctica, esta “voluntariedad” puede convertirse en una herramienta coercitiva disfrazada de libertad contractual.

Todo indica que, a pesar de lo que se afirma en el discurso oficial, México seguirá siendo el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor cantidad de personas trabajando más de 60 horas semanales. Sin una reducción efectiva de la jornada laboral y sin una participación decidida del Estado, las empresas y la sociedad civil, la pobreza de tiempo continúa reproduciéndose.

Así, la oportunidad de vincular esta reforma laboral con una verdadera reconfiguración del tiempo social se diluye. La reducción de la brecha salarial y la consolidación de un sistema de cuidados permanecen como deudas estructurales, aun cuando en el discurso público se presenten como avances. Lo mismo ocurre con otros temas centrales de la agenda social y de derechos humanos.

El balance de 2025 muestra a un gobierno que ha logrado instalar una narrativa sólida de progresismo, igualdad y derechos humanos. Sin embargo, la distancia entre esa narrativa y la realidad persiste. Muchos cambios se anuncian como grandes victorias, pero su implementación no termina de consolidarse y, en ocasiones, resulta insuficiente frente a las realidades que enfrentamos. Los avances existen y deben reconocerse, pero el país, en diversas áreas, parece detenido en un punto intermedio: ni retrocede como algunas personas temían, ni transforma como muchas esperaban.

México vive hoy un progresismo de discurso con un status quo de fondo. Mientras la retórica celebra derechos ampliados, millones de personas siguen esperando que esos derechos dejen de ser promesas y se conviertan en realidades tangibles.

* Macarena Velázquez López (@MacaIntensa) es abogada por el CIDE y cuenta con estudios de maestría por la London School of Economics & Political Science (LSE). Feminista, activista e intensa. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos. Actualmente es consultora en género y derechos humanos.