Ayudar no debería costar la vida

Cada 19 de agosto, el mundo recuerda a quienes dedican su vida a salvar otras: las y los trabajadores humanitarios. Pero más que un día para celebrar, debería ser un día para incomodarnos. Porque la realidad es brutal: desde el año 2000, todos los días en promedio un trabajador humanitario ha sido asesinado, herido o secuestrado. Sí, todos los días. En este cuarto de siglo, más de 8,500 ataques han sido documentados, según los últimos datos de la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSD, por sus siglas en inglés).

La conmemoración, impulsada por Naciones Unidas, busca reconocer el valor de quienes están en primera línea de las crisis. Pero ¿de qué sirve un reconocimiento simbólico si en la práctica seguimos permitiendo que el humanitarismo se ejerza con la solidaridad perseguida?

Ayudar nunca debería ser un riesgo mortal. Sin embargo, el trabajo humanitario se desarrolla en los escenarios más difíciles: guerras, desastres naturales, desplazamientos forzados, epidemias. Sin su labor, millones de personas quedarían abandonadas. No obstante, en muchos contextos, quienes ayudan se convierten en blanco de violencia.

¿Por qué? Porque dar asistencia en zonas de conflicto puede ser interpretado como “tomar partido”. Porque garantizar agua, medicinas o refugio a civiles desafía el control de quienes buscan someterlos. Porque la solidaridad estorba a los intereses armados, políticos o incluso económicos.

El problema no es nuevo, pero sí se ha agravado. Cada año, las cifras de ataques se mantienen en niveles alarmantes. Y lo más grave: casi ninguno de esos crímenes se investiga o sanciona. La impunidad se ha vuelto un combustible silencioso que perpetúa la violencia.

Cada ataque a la asistencia humanitaria representa un doble daño, pues cada que un trabajador humanitario es asesinado o secuestrado, no solo se apaga una vida. También se interrumpe la cadena de asistencia que sostiene a cientos o miles de personas: un convoy detenido, un hospital improvisado sin médicos, una escuela temporal sin docentes.

Además, el mensaje que reciben las comunidades es devastador: ni siquiera quienes vienen a protegerlos están a salvo. Y el mensaje que reciben quienes consideran dedicarse al sector es igual de demoledor: tu vocación puede costarte la vida.

Es un atentado contra la humanidad en su conjunto. Y lo tratamos como si fuera un daño colateral inevitable, cuando en realidad es un problema político que requiere respuestas urgentes.

¿Estos ataques violentos no pasan en México?

En México tendemos a pensar que los ataques a trabajadores humanitarios son un tema lejano, propio de Siria, Sudán o Afganistán. No lo son.

Nuestro país enfrenta crisis humanitarias de gran escala: desplazamiento forzado interno por violencia, desapariciones, caravanas migrantes, desastres naturales cada vez más intensos por el cambio climático. En todos esos escenarios, organizaciones civiles, brigadistas, voluntarios y personal médico se la juegan día a día.

¿Quién protege a estas personas? ¿Qué protocolos tienen las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad? La respuesta incómoda es que no hay una política integral de protección para el personal humanitario en México. Y la deuda es enorme.

Con más de 50 años de trabajar en las contextos más vulnerables de México con niñas, niños, adolescentes y sus comunidades, desde Save the Children sabemos de primera mano que trabajar dando asistencia humanitaria puede provocar hostigamiento, amenazas y peligro. Y aunque estas agresiones rara vez llegan a los titulares, no son menos graves.

2024, el año más mortífero de la historia para el personal humanitario

El año pasado fue el más mortífero de la historia para el personal humanitario con 383 víctimas mortales, de las cuales unas 172 habían muerto el año pasado por estas fechas. Esto llevó a Australia, junto con otros países, a redactar la Declaración sobre la Protección del Personal Humanitario, que subraya el compromiso de la comunidad internacional para terminar con todo tipo de violencia que enfrentan los trabajadores humanitarios.

Sin embargo, a pesar de la creación de la declaración, 2025 va camino de convertirse en el año más mortífero jamás registrado, con 265 trabajadores humanitarios muertos en lo que va de año, un 54 % más que el año pasado por estas fechas, según el recuento provisional de la AWSD.

La promesa de protección de los trabajadores humanitarios en virtud del derecho internacional humanitario se ha roto. Nuestro trabajo está infrafinanciado, sobrecargado y sometido a ataques. No podemos aceptar un mundo en el que quienes salvan vidas sean objeto de ataques por ello.

Las leyes son claras. Los ataques contra trabajadores humanitarios son crímenes de guerra, y los crímenes de guerra no deben quedar impunes. No necesitamos más declaraciones si no se cumplen o no las firman todos los países. Necesitamos acción y rendición de cuentas, investigar, procesar y poner fin al ciclo de impunidad.

Esa falta de justicia manda un mensaje peligroso: se puede atacar a un médico voluntario, a un repartidor de alimentos o a un defensor de la niñez sin consecuencias. Y mientras tanto, la narrativa oficial de muchos Estados sigue usando el humanitarismo como propaganda, como si conmemorar un día al año bastara para cumplir con su obligación de protegerlos.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los gobiernos para que exijan responsabilidades por cada violación del derecho internacional humanitario cometida contra trabajadores humanitarios, y garanticen que los responsables son llevados ante la justicia.

¡No dejemos de alzar la voz!

Hablar del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria no debería quedarse en lo simbólico. Nos obliga a mirar de frente una contradicción: quienes sostienen la esperanza en medio del caos son los mismos que viven permanentemente amenazados.

Si permitimos que esa violencia se normalice, estamos aceptando un mundo en el que ni siquiera la solidaridad es segura. Un mundo donde ayudar equivale a ponerse un blanco en la frente.

Proteger a los trabajadores humanitarios no es un gesto de gratitud: es una obligación política, ética y legal. Porque sin la asistencia humanitaria, millones de personas -incluidas niñas, niños y adolescentes- quedarían en la intemperie absoluta. Y porque, al final, lo que está en juego no es solo la vida de quienes ayudan, sino la idea misma de humanidad.