Ayotzinapa y Tepito: lo que sucede cuando no sabemos quiénes son nuestros policías

Por: José Tapia, Director de Investigación y Proyectos de México Evalúa

 

A la memoria de Alejandro, Brandon, Gabriel, Alexis y Gonzalo, quienes perecieron por las acciones que enmarcaron estos dos lamentables sucesos

 

Con pocas semanas de diferencia, presenciamos un par de hechos que en cualquier otra parte del mundo hubieran alzado a la opinión pública y ciudadanos contra la autoridad y llevado a juicio penal a altos funcionarios de gobierno, no sin antes asegurar su dimisión. En nuestro país, no fue así.

La agresión que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa en la Carretera del Sol y los presuntos delincuentes en Tepito, evidenciaron la nula capacidad investigativa a nivel local y federal, así como la impunidad prevalente en el delito de homicidio que hoy llega, en algunos estados, al 90% (es decir, sólo se sanciona 1 de cada 10 homicidios registrados).

Sin embargo, para ser más específicos, la gravedad del asunto radica en la carencia de controles básicos y registros en las instituciones de seguridad pública. Es un hecho que no existe un registro completo del personal que nos permita saber quiénes conforman los cuerpos policiacos, del armamento y equipo utilizado por el mismo, ni de las evaluaciones sobre sus capacidades: a nivel nacional promedio, el primero tiene un avance del 42%; el segundo del 69% y sólo se han aplicado evaluaciones de confianza al 8% del personal total de seguridad (Fuente: SESNSP). Lo anterior es lamentable, ya que dichos inventarios deben ser siempre cercanos al 100%.

Esta grave insuficiencia en registros tiene múltiples efectos negativos para la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, no es posible saber sobre la capacidad, confianza, personalidad jurídica o, incluso, la identidad de quienes conforman las policías. Tampoco nos permite saber con qué armamento se cuenta, en dónde esta resguardado, quién lo tiene en su poder y para qué lo utiliza. Y peor aún: no se sabe si quienes pertenecen a las fuerzas del orden cuentan con la capacidad e integridad para realizar sus tareas. En conjunto, la carencia de esta información hace prácticamente imposible dar con los verdaderos responsables materiales de estos asesinatos.

En los países donde la seguridad pública sí funciona, existe un registro casi al 100% de su personal pero, sobre todo, se conoce el tipo, número de serie y arma que porta cada uno de sus policías, además de garantizar el entrenamiento y protocolo para su adecuado uso. Ello inhibe los incentivos a utilizar el armamento de manera discrecional o para diversos otros fines fuera de la esfera de sus atribuciones de ley.

En México, esta visión de un control efectivo simplemente no opera y parece que las secretarías de seguridad pública, tanto estatales como la federal, piensan que no se necesita.

Debemos hacer un llamado a las autoridades a otorgarnos lo mínimo que establecen las normas en términos de registros. Se han canalizado gran cantidad de recursos para cumplir con estas tareas y a pesar de que no se cumplen, no tenemos a los responsables de que no existan, se encuentren desactualizadas o incompletas. Estos parámetros de cumplimiento, la mayoría publicados en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivan ni más ni menos que de obligaciones plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Bajo esta perspectiva, parecen huecas las innumerables declaraciones sobre el compromiso de la autoridad con los ciudadanos y su empeño en mejorar el entorno de seguridad y resguardar su integridad. Lo irrefutable es que su inacción e incapacidad seguirá resultando en pérdidas de vidas de ciudadanos.