Ayotzinapa: tres claves para retomar el rumbo

Desde el pasado 16 de agosto la investigación del caso Ayotzinapa está en crisis. Ese día, la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) emitió un informe que incluía, como una de sus partes sustantivas, la presentación de una nueva versión que pretendía explicar lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. En dicha versión se expone una mecánica de hechos particularmente dolorosa y cruel sobre la forma en que los muchachos habrían sido “ultimados”, según las palabras utilizadas por el presidente de la COVAJ. Para sustentar esta nueva versión, la evidencia fundamental consistía en una serie de capturas de pantalla que supuestamente registraban el intercambio de mensajes entre distintos actores que operaron la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.

Ese mismo día 16 de agosto, poco antes que la prensa, los padres y madres de los estudiantes conocieron esta información en una reunión con la presencia del presidente López Obrador, el subsecretario Alejandro Encinas, el fiscal general de la República Gertz Manero y el otrora fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo. También estuvieron presentes las personas titulares de la SEMAR, SEDENA, Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El mensaje era claro: el Estado mexicano cerraba filas frente a los padres y madres y las organizaciones acompañantes.

Cuando el presidente López Obrador se despidió, reinó un silencio sepulcral, fue una conmoción y el formato de la reunión (tipo auditorio) impidió cualquier reacción o interpelación; en los hechos, se trató de una notificación de muerte de los estudiantes, sin que sus familiares tuvieran un espacio digno para ejercer su derecho a una explicación completa que despejara todas sus dudas sobre las circunstancias en que ésta habría sucedido. Los padres y madres se miraban con desconcierto, sus ojos brillaban de enojo, incredulidad y tristeza; nadie lo decía, pero la pregunta flotaba en el aire: ¿y ahora qué sigue, se acabó todo?

Entre el gobierno actual y su antecesor las diferencias son innegables, la existencia de una voluntad política distinta para esclarecer el caso no se regatea, pero en este último movimiento de la COVAJ existe un paralelismo con el pasado que no se puede soslayar: los tiempos y las presiones políticas se impusieron sobre los tiempos de la verdad y la dignidad de las víctimas. La emisión del informe de la presidencia de la COVAJ fue una decisión apresurada que colocó a los padres y madres en la difícil posición de tener que confiar en el dicho de la autoridad, sin tener todos los elementos técnicos y científicos que dotaran de confiabilidad a la evidencia presentada por la COVAJ.

El Grupo Interdisciplinario de Expertas/os Independientes (GIEI) ha jugado (nuevamente) un rol fundamental como fiel de la balanza. Después de la emisión del informe de la presidencia de la COVAJ, el GIEI ha tenido dos salidas públicas en las cuales han logrado, con precisión quirúrgica, desenmarañar el enredo de narrativas e interpretaciones que se generaron sobre el caso y su resolución a partir del informe de la presidencia de la COVAJ. De forma muy concreta, el GIEI nos ha dejado una ruta de trabajo, cuyo trazo tiene tres claves como puntos de referencia. Primero, toda la actuación gubernamental debe recuperar la centralidad de las víctimas, la cual, más allá de los discursos, implica que el esclarecimiento del caso debe entenderse como un ejercicio de co-construcción con las y los familiares y las instancias que les acompañan; segundo, la investigación realizada por el otrora fiscal especial del caso, Omar Gómez, debe ser recuperada como la piedra angular para la resolución del caso, lo anterior significa que la colaboración y coordinación con mecanismos no judiciales es importante, pero cualquier información generada en estos mecanismos debe pasar por el tamiz de una investigación científica; es decir, una investigación basada en la contrastación y corroboración de hipótesis con base en evidencia verificada. Y tercero, el gobierno federal y, en particular el presidente López Obrador, debe remover de una vez por todas los obstáculos y resistencias de las fuerzas armadas a colaborar con la entrega de información esencial para esclarecer el paradero de los estudiantes. Estas tres pistas son un “puente de oro” para el gobierno, una vía que le permitiría regresar a la senda de la verdad y honrar su promesa de dirigirse siempre con verdad y dignidad hacia las víctimas.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos en @FundarMexico.