De Ayotzinapa a Teuchitlán: una década de claroscuros en la política en materia de desapariciones

En México, la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta que se profundiza con cada caso impune. El informe Impunidad en Delitos de Desaparición de Personas de 2023, elaborado por Impunidad Cero, reveló que el 99 % de estos delitos quedan sin justicia, tanto en el fuero local como en el federal. La desproporción entre las denuncias presentadas y las sentencias emitidas es alarmante, reflejando un sistema incapaz de garantizar verdad y justicia a las víctimas y sus familias.

Jalisco es un claro ejemplo de esta crisis. Entre 2019 y 2022, se reportaron 6,345 desapariciones en la entidad, pero en ese mismo periodo sólo se dictaron seis sentencias condenatorias. Esto significa que el 99.9 % de los casos siguen en la impunidad, dejando a miles de familias en la incertidumbre. La reciente localización de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, tras una denuncia anónima, ha vuelto a evidenciar la negligencia de las autoridades. Este sitio ya había sido investigado en 2024 por la Fiscalía estatal, sin que se tomaran medidas suficientes para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.

Debido a estos hechos, familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones acompañantes llamaron a un acto de vigilia en el zócalo de la CDMX y en otras plazas públicas del país, con la finalidad de realizar una jornada de luto nacional en memoria de las víctimas de desaparición. En el presente artículo nos sumamos a las exigencias y reclamos de las familias, recapitulando una década de avances y retos frente a uno de los fenómenos delictivos más complejos que enfrenta nuestro país: el delito de desaparición de personas.

2014: Ayotzinapa y la vorágine de Guerrero

Hace más de 10 años, la ciudad de Iguala en Guerrero fue el foco de atención por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, revelando -además- la existencia de más víctimas en lo que parece un patrón generalizado en la ejecución de este delito. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la medida cautelar 409-14. Como parte de dicha medida, se solicitó la asistencia técnica para la investigación de los hechos y la búsqueda de los jóvenes.

De esa forma, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes después de un mandato de seis meses y su posterior renovación, emitieron dos informes con recomendaciones generales para la investigación del delito de desaparición en el país. Entre esas recomendaciones destacan aquellas vinculadas con herramientas tecnológicas para el cruce de información; la elaboración de protocolos especializados; la participación de las familias, y las medidas de protección para víctimas, sus familiares, y testigos.

2017: publicación de la Ley General

A partir de las recomendaciones del GIEI y de las consultas realizadas a colectivos, personas expertas y defensores de derechos humanos, a finales de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda; la cual tiene como objetivo determinar la coordinación entre las autoridades, encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como de la investigación de los hechos.

Para la implementación de la ley se crearon organismos denominados comisiones de búsqueda, las cuales, en coordinación con las fiscalías y/o procuradurías se encargan de implementar acciones para localizar a las y los desaparecidos, aportar elementos para la investigación de los hechos y la determinación de responsables.

2021: visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas

Después de que en agosto de 2021, México reconociera la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED), este organismo de Naciones Unidas realizó una visita al país del 15 al 21 de noviembre de ese mismo año. Las primeras recomendaciones se emitieron en el informe del 12 de abril de 2022; además, derivado de la información complementaria enviada por las autoridades mexicanas, el Comité CED emitió un documento de observaciones finales, el 29 de septiembre de 2023.

Entre los hallazgos del Comité CED, destaca la preocupación por los contextos en que se reportan las desapariciones: sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, reclutamiento y represalias, esto último principalmente contra personas defensoras de derechos humanos. Además, el organismo internacional también mostró preocupación por la crisis en la identificación de cuerpos y restos óseos que se encuentran en los Servicios Médicos Forenses del país.

2022: soluciones a medias

Es debido a esa crisis de identificación que, en mayo de 2022, se reformó la Ley General con el fin de crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), organismo encargado de la denominada búsqueda forense; su finalidad es la identificación de cuerpos o restos óseos a través de mecanismos del enfoque masivo, mecanismo utilizado para la localización de personas desaparecidas en eventos donde hay una gran cantidad de víctimas, y que se ha implementado en países como Guatemala y Argentina.

Sin embargo, un proyecto de esa magnitud requiere de instituciones y reglas definidas que se acuerdan entre todas las autoridades involucradas, así como con las familias y colectivos de personas buscadoras; además, se requiere no sólo de un presupuesto suficiente para la adquisición de los recursos materiales indispensables, sino también, de facultades para la intervención en lugares como panteones, fosas comunes y clandestinas. Esto no ocurrió y actualmente no hay claridad respecto a las funciones del Centro, aunado a la falta de implementación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual, es responsabilidad de la Fiscalía General de la República.

2023: ruptura institucional

A mediados de 2023, el gobierno federal anunció que se realizaría un censo con la finalidad de verificar la información contenida en el Registro Nacional, herramienta que proviene de la Ley General y que concentra la información de personas desaparecidas y no localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo el referido censo ocasionó dudas entre las familias, colectivos y personas defensoras, situación que escaló al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda hasta la renuncia de la entonces comisionada Karla Quintana Osuna y su equipo más cercano. En su lugar fue designada Teresa Reyes Sahagún, en un proceso que fue cuestionado por colectivos y organizaciones, al no realizarse de acuerdo a lo que señala la propia Ley General.

Después de Teuchitlán

Ante la ola de comentarios y presión mediática, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció seis acciones para la atención de la crisis de desapariciones en el país. Si bien estas acciones se presentaron como respuesta a la jornada de vigilia y luto nacional, y a la exigencia de víctimas, sus familias y colectivos de búsqueda, presentan retos para su implementación.

Por ejemplo, la propuesta para que las desapariciones se investiguen como secuestro deja de lado el componente principal del delito: el ocultamiento de información para localizar a la víctima. Por otro lado, no existe un plan respecto a cómo se van a implementar esas acciones, algunas de las cuáles incluso forman parte de las recomendaciones del Comité CED. En general estas medidas ya se encuentran definidas en la Ley General, describiendo la responsabilidad de cada autoridad involucrada. Entonces, después de la denuncia sobre el desmantelamiento de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, el anuncio del fortalecimiento de la CNB y el CNIH es un paso positivo. Sin embargo, es fundamental que estas acciones se diseñen y ejecuten con la participación de las familias, quienes deben ser el eje central de cualquier decisión en la materia.

Finalmente, es importante que la estrategia de implementación de estas acciones retome los aciertos, mejore las áreas de oportunidad y evite un enfoque cerrado que no permita la participación de familiares, colectivos y sociedad civil; se presenta la oportunidad de generar estrategias de seguridad integral, más allá de la militarización y la desarticulación de instituciones, como respuesta a fenómenos criminales complejos como la desaparición de personas. Recordemos que mientras las autoridades continúen sin cambiar el rumbo de sus políticas, como sociedad siempre mantendremos la exigencia del ¡Nunca más!

* Claudia Morales (@Clauscaos) es coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero.