Ayotzinapa: paramilitarismo y crimen de Estado

Por: Adrián Galindo de Pablo (@agp86agp)

Los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre en el Estado de Guerrero son sin duda alguna motivo de indignación mundial por su brutalidad, pero sobre todo por el manto de impunidad que lo abriga. Manto que ha cubierto una gran cantidad de hechos similares en los últimos ocho años en el marco de la guerra “contra el narcotráfico” desatada por el gobierno de Felipe Calderón y reforzada por el de Enrique Peña Nieto. Esta guerra pone en evidencia que los hechos ocurridos en Guerrero no son aislados, sino todo lo contrario, son ya una práctica cotidiana de los tres niveles del gobierno en donde desaparecer, torturar y ejecutar son hechos habituales en la actual ofensiva militar y policiaca que cada día se muestra más como una guerra irregular contra el pueblo de México.

Para poder aseverar que lo ocurrido en Guerrero es un crimen de Estado es importante primero definir que es el Estado. Parto del entendido, y de forma muy simplificada, que el Estado es un aparato de dominación de clase que se desdobla principalmente en dos cosas. La primera y más importante, es el poder político, es decir el poder de imponer un proyecto de clase como universal a la sociedad en su conjunto. La segunda, es el aparato de Estado o gobierno, es decir todas las instituciones, reglas, leyes y personal que se aseguran de mantener ya sea por el consenso o la fuerza este proyecto de clase, en pocas palabras, asegurar la reproducción social bajo la orientación de intereses sociales específicos. Sintetizando, el elemento central del Estado es la condensación de relaciones de dominación de clase[1].

El problema es que esta serie de relaciones muchas veces no se pueden mantener por consenso, así que el Estado necesita recurrir a la represión y la violencia para mantener proyectos políticos y económicos que sólo benefician a la minoría. Para proteger el estatu quo esta violencia puede darse de forma pública u oficial, mediante, por ejemplo, políticas estructurales que aseguren la conservación en la miseria de la gran mayoría de la población o mediante planes de seguridad que bajo el pretexto del bienestar social tienden a crear estados de excepción permanente. Pero también el estatu quo se asegura con medidas clandestinas, como lo son operaciones paramilitares, las cuales tiene como objetivo instaurar el terror como mecanismo de atomización social, eliminar a aquellos que desempeñan un papel preponderante en las luchas sociales, suprimir la crítica al sistema y eliminar los obstáculos a la expansión de las relaciones sociales que el modelo económico vigente manda[2], el cual en el caso concreto de México está caracterizado por el despojo, el crimen y la impunidad.

Tomando lo anterior en cuenta repasemos lo ocurrido en Guerrero. En la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre ocurre un atentado en contra de los estudiantes normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos[3]. El atentado consta de una emboscada por parte de policías municipales en conjunto con un grupo de civiles armados. Hay dos balaceras distintas en un transcurso de por lo menos tres horas. El resultado son seis personas asesinadas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, los cuales fueron previamente detenidos por la policía y trasladados al último lugar en el que fueron vistos con vida: la comandancia del municipio de Iguala.

En el atentado resalta un modo de operar caracterizado por la tortura (uno de los estudiantes asesinados fue encontrado desollado), la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, tres características del operar histórico de los despliegues clandestinos de la violencia estatal en América Latina, es decir, del paramilitarismo.

Es importante tomar en cuenta que este atentado tiene como antecedentes la tortura de 24 estudiantes normalistas y la ejecución sumaria de otros dos estudiantes el 12 de diciembre de 2011 cuando en una movilización los estudiantes bloquearon la Autopista del Sol (en donde también se señaló la participación de “civiles” en el tiroteo)[4], ocurre en una ciudad, Iguala, donde en los últimos nueve años han ocurrido más de 200 desapariciones forzadas y una trama de corrupción e impunidad que tiene como cereza del pastel al Alcalde prófugo José Luis Albarca, señalado por testigos de asesinar personalmente en mayo de 2013 al activista Arturo Hernández Cardona junto con otros activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), cuyos cadáveres fueron encontrados con huellas de tortura practicada con un sadismo acentuado[5]. El marco de violencia estatal, impunidad y terror es inocultable, este permea a los tres niveles de gobierno, en donde, ya sea por acción u omisión hay responsabilidad en el desarrollo e instauración de un régimen terrorista en el estado de Guerrero, el cual no es diferente al del resto del país.

Tomando el contexto descrito anteriormente es poco creíble que los hechos ocurridos se deban a una ausencia de Estado, a un Estado fallido o a una descomposición estatal. La teoría del tercer actor[6], es decir el narco como un fenómeno social incontrolable que se escapa de las manos del gobierno, termina presentando al victimario como víctima, difumina responsabilidades, garantiza la impunidad y da razón a la violencia estatal justificando una escalada en el uso de la fuerza y en las medidas “preventivas”. La teoría del tercer actor tiene por objetivo hacer pasar este tipo de actos de barbarie como hechos aislados y no como una práctica que persigue objetivos políticos. Como bien señala Carlos Fazio, la desaparición forzada en este tipo de contextos tiene un claro objetivo político: “La figura de la desaparición, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente que, entre otras funciones, persigue la diseminación del terror”.

A mi forma de ver lo ocurrido en Guerrero es una clara acción paramilitar porque:

• Involucra una acción armada en donde participaron agentes oficiales del Estado (policías) y civiles armados, es decir hubo una coordinación con un grupo clandestino para atentar contra los estudiantes normalistas.
• Se utilizaron técnicas que infunden terror social como la tortura y la ejecución extrajudicial.
• Es un atentado político contra una organización social que no solo se opone a los intereses representados por los tres niveles de gobierno, sino que es un agente activo en la organización y resistencia en contra de esos intereses, es un actor social preponderante en la lucha social y promotor de la crítica al sistema.
• La impunidad es la marca que rodea todo el evento, aunque en el mejor de los casos se llegara a hacer justicia castigando a los autores materiales e intelectuales, hubo un profundo clima de impunidad y violencia que permitió llegar a lo ocurrido no como un hecho aislado sino como una práctica sistemática de control social, evidencia de esto son la gran cantidad de fosas comunes localizadas en donde hasta ahora no se ha encontrado a ninguno de los estudiantes.

Es importante mencionar que el contexto que acompaña esta tragedia es el de una ofensiva frontal contra los derechos laborales y el salario, una fuerte criminalización de la protesta social y una imparable privatización del sector público (proceso mejor conocido como “reformas estructurales”), en pocas palabras, un contexto que evidencia un cambio de régimen. Este cambio implica la imposición del neoliberalismo por la fuerza, es decir, se está calzando con fuego y sangre. En este proceso totalmente ausente de consenso es en donde la violencia paramilitar juega un papel importante, ya que este es el aceite que lubrica esa acción de fuerza cuando los intereses en el poder así lo demandan. Hoy más que nunca es evidente que vivimos en una dictadura de clase en donde el “discurso democrático” es la herramienta que sostiene la impunidad.

De este lamentable episodio podemos rescatar dos lecciones importantes. Primero, hay una consigna clara: todos los partidos políticos principales y los partidos satélites que funcionan bajo su mandato son responsables de lo ocurrido, queda claro cuáles son sus prioridades y no hay forma de lograr un cambio social que implique justicia histórica bajo su tutela o con su participación. Y segundo, sólo organizados políticamente podemos hacer frente a la actual embestida; este particular caso no se conoció porque fuera algo nuevo, ya que lleva siendo una práctica recurrente desde hace mucho años, sino porque el atentado se realizó sobre una comunidad organizada que pudo romper el cerco mediático y hacerse escuchar.

El escenario que se está configurando en México no es nada alentador, los hechos apuntan a la consolidación del terrorismo de Estado en México; dependerá de nuestra organización como sociedad que esto no ocurra.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIMOS LOS QUEREMOS!

 

*Adrián Galindo de Pablo es Sociólogo y Maestro en Estudios Latinoamericanos.

 

 

[1] Ver más en: Osorio, J., (2009) El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder. México, Fondo de Cultura Económica.

[2] Espacio de Reflexión y Acción Conjunta sobre Militarización, Represión e Impunidad en México, (1999) “El costo humano del proceso de guerra de “exterminio selectivo” en México: 1994-1999. Avance exploratorio analítico de las luchas sociales” en El proceso de guerra en México 94-99: militarización y costo humano. México, Pensar en voz alta. p. 110.

[3] Es importante mencionar que la organización social en torno a dicha escuela es histórica y de gran incidencia en la región. Los estudiantes normalistas son actores políticos de importancia a nivel local, más si tomanos en cuenta que su organización es también de carácter nacional. Los principios que definen a esta organización están regidos por la transformación social, está lograda por medio del trabajo y la organización con los sectores populares principalmente campesinos e indígenas. Su fuerte compromiso social, su inquebrantable voluntad política para construir una realidad más justa y su determinado activismo han convertido a los estudiantes normalistas y su organización en un objetivo hostil para los intereses de los tres niveles de gobierno.

[4] Del asesinato de los dos estudiantes fueron encontrados culpables dos policías, los cuales actualmente se encuentran libre después de haber cumplido una muy corta condena. Nuevamente la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, como lo es la ejecución sumaria, se impone con total facilidad.

[5] Turati, M., (2014) “Contra los ‘ayotzinapos’, odio criminal” en Proceso. Num. 1980. 12 de octubre de 2014. P. 13-14.

[6] Para profundizar en torno a la teoría del tercer actor ver: Calvo, H., (2007) El terrorismo de Estado en Colombia. Venezuela, Fundación Editorial el perro y la rana.