Ayotzinapa: 11 años de una investigación ralentizada sin mayores avances

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa cumple, este 26 de septiembre, 11 años. Llegamos a la conmemoración de este crimen de Estado en medio de un grave desgaste moral y físico de las familias, con la investigación ralentizada por el cambio de gobierno y la puesta en práctica de “nuevos instrumentos de investigación” propuestos por la jefa del Ejecutivo, así como por los cambios en la fiscalía especializada.

Pese a la gravedad del caso Ayotzinapa, éste no mereció referencia alguna en el mensaje político con el que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre. De hecho, algunas de las más graves violaciones a derechos humanos que se comenten en el país fueron las grandes ausentes en ese discurso, entre ellas, la desaparición, que asciende a más de 133 mil 478 personas al 22 de septiembre de 2025; la crisis forense con 72 mil 100 cuerpos sin identificar; la violencia de género; los asesinatos de mujeres que entre enero y julio ascendían a 2 mil 471 (de los cuales 493 eran investigados como feminicidios), y las graves consecuencias que ha tenido para las personas la militarización de la seguridad pública.

Por décadas, desde Amnistía Internacional hemos insistido en que los derechos humanos deben ocupar un lugar preponderante en la agenda del gobierno. Más aún cuando el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos y convenciones internacionales que está obligado a cumplir y que incluso ha incluido en el artículo 1° de la Constitución Política.

La desaparición de personas en México es tan grave, que el 4 de abril de 2025 el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU invocó, por primera vez en su historia, el artículo 34 por el cual se solicita información al Estado mexicano sobre ese tema para su valoración, y dependiendo de ésta el tema podría ser elevado a la Asamblea General de dicho organismo.

Encuentro con los padres de los normalistas

Como parte del acompañamiento que hemos dado a las familias de los estudiantes –y del monitoreo desde que ocurrieron los hechos– el 10 de julio pasado una delegación de Amnistía Internacional, de la que formamos parte el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, esta servidora, y colegas de Amnistía Internacional Sección Mexicana, nos reunimos en la emblemática Escuela Isidro Burgos con un grupo de padres y madres. El encuentro lo gestionó Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organización solidaría que les ha brindado un apoyo legal inigualable desde que los jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.

Vimos a las madres y a los padres sumamente desgastados física y mentalmente por estos once años de lucha en busca de verdad, justicia y reparación integral del daño. Algunos de ellos padecen serias afectaciones en su salud y varios padres y madres han fallecido sin que a sus hijos y a ellos se les haya hecho justicia. Quienes siguen en la lucha lo hacen por ellos y por quienes ya no están.

En el encuentro se notaba su tristeza por la ausencia de sus hijos, la frustración por el estancamiento en las investigaciones y la incertidumbre ante la falta de respuestas del Estado. El coraje y el amor por sus hijos es lo que les mueve para seguir luchando.

 

Con mucha preocupación nos dijeron que “en lo legal estamos sostenidos por un hilito”. Era clara su preocupación por el trabajo que realizaba el fiscal Rosendo Gómez Piedra, nombrado en la administración anterior y sin contar con el aval de las familias.

Nos manifestaron su inquietud por la negativa de la Secretaría de la Defensa para entregar los 800 folios relacionados con el traslado de 17 estudiantes desde la estación de policía municipal de barandilla hasta las afueras de Iguala. Esta información la han pedido desde julio de 2023. La solicitud fue secundada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para avanzar en la investigación.

Este tema condujo a una intensa polémica en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en todo momento apoyó la postura de los militares. Su actitud contrastó con la frase que expresó cuando presentó su Primer Informe de Gobierno: “no descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa”.

Las familias nos compartieron la importancia de que la investigación sobre la desaparición de los normalistas sea retomada por un grupo de especialistas de alto nivel, como lo fue el GIEI, que les brinde certeza y confianza.

Cada uno de esos temas los expusieron a lo largo de los cinco encuentros que han sostenido con la presidenta Claudia Sheinbaum, realizados entre el miércoles 4 de diciembre de 2024 y el 4 de septiembre de 2025. A la fecha de nuestro encuentro se habían realizado tres de ellos: uno el 4 de diciembre, el segundo el 28 de febrero y el tercero el 27 de mayo. Estaba por realizarse el del 29 de julio.

Cambio de fiscal

Su preocupación por el aspecto legal incluía el hecho de que no fueron partícipes de la designación del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UELILCA), Rosendo Gómez Piedra. Cuando conversamos con las familias de los estudiantes, 10 de julio de 2025, ya se había generado una polémica luego de que personas funcionarias de la UELILCA presentaran una denuncia en contra de Gómez Piedra, en mayo de 2025.

La insensibilidad del fiscal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa quedó de manifiesto el 27 de mayo, justo antes de ingresar al tercer encuentro entre las familias de los jóvenes y la presidenta Claudia Sheinbaum. Al referirse a los avances en la investigación dijo: tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres (sic)”.

Su declaración fue sorpresiva y causó gran preocupación, porque en ningún momento se había distinguido indicio alguno de cambio en la política del Estado mexicano de renunciar a la búsqueda en vida de los jóvenes.

Justamente el cambio de fiscal fue uno de los temas centrales del tercer encuentro sostenido ese 27 de mayo con la presidenta. En la mañanera del miércoles 28 de mayo Sheinbaum declaró que “ellos (las familias) han planteado el cambio de fiscal y estamos viendo si es necesario o no es necesario”, y calificó la declaración de Rosendo Gómez como “muy desafortunada”.

Finalmente, Gómez Piedra fue removido del cargo el 15 de julio de 2025 por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y en su lugar asumió Mauricio Pazarán, quien justamente en la misma reunión del 27 de mayo entre la prresidenta y las familias, presentó a éstas los nuevos esquemas de investigación que sigue el gobierno.

Nueva visión de la investigación

De la información difundida sobre los cinco encuentros con la presidenta se desprende que éstos se han centrado en explicar a las familias los “nuevos instrumentos de investigación” que se aplicarán desde una “nueva visión” de la investigación y que se realizará una “revisión de todas las carpetas de investigación”.

Sin precisar el tema de los 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa, la presidenta les dijo a las familias que “nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, es decir, nadie va a proteger a nadie”.

Respecto de la solicitud de las familias para que el GIEI siga colaborando, la presidenta dijo haber pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que “hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien la cosas”.

A la fecha hay muchas dudas y temas pendientes de solución, entre ellos la extradición de Tomás Cerón –refugiado en Israel–, presunto involucrado por haber ocultado pruebas y torturar a testigos del caso; cómo impacta a la investigación la absolución dictada el 5 de junio de 2025 en favor de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, así como el asesinato, ocurrido el mismo mes, de Patricio Reyes Landa, testigo colaborador en el caso, quien habría participado en la desaparición de los estudiantes normalistas.

En Amnistía Internacional consideramos fundamental la exigencia de las familias para que un grupo de personas expertas, que les brinde confianza y certeza, dé seguimiento a la investigación que permita llegar a la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días siguientes.

En once años la investigación sobre la desaparición de los jóvenes normalistas se ha contaminado mucho por temas de índole político y por deficiencias en las investigaciones. En ese lapso pasamos de la denominada “verdad histórica” a una reactivación de la investigación que se estancó ante la negativa del Ejército de entregar los 800 folios referidos y ahora estamos en un proceso de ajustes en los “instrumentos de investigación” y en los enfoques de ésta, que ya lleva un año.

Desde Amnistía Internacional seguiremos acompañando la exigencia de las familias de los jóvenes normalistas para que las investigaciones se realicen de manera profesional y con celeridad. Todas las personas podemos colaborar con ellos, por eso invitamos a las personas lectoras a firmar la Acción Urgente que tenemos en nuestra página web para exigir a la Secretaría de la Defensa la entrega de los folios que demandan las familias.

Es claro que el tiempo no corre igual para las autoridades del Estado mexicano que para las familias de los jóvenes normalistas desaparecidos. En la reunión con las familias descrita en este texto, una de las madres manifestó en una frase toda su desesperación: “Que se pongan (las autoridades) una hora sin encontrar a su hijo a ver cómo se pondrían”. Uno de los padres nos dijo a su vez: “cómo sobrevives diez años con ese dolor”. A once años de la desaparición de los estudiantes normalistas no cedamos un ápice en la exigencia: los papás y las mamás tienen derecho a saber dónde están.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).