Ayotzinapa: no más mentiras ni encubrimientos

A nueve años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no hay atisbo de solución para el caso. La investigación sigue inmersa en una serie de hechos polémicos que la trastocan y podrían implicar retrasos importantes. Uno de ellos, fundamental, es el fin de la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A ello se suma el persistente señalamiento sobre la falta de transparencia con que se conduce la Secretaría de la Defensa (SEDENA) respecto de la información que se le solicita.

La transparencia tiene un peso fundamental. En su mensaje final del 31 de julio de 2023, el GIEI advirtió que la información que recibió a esa fecha “es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes”.

El 24 de julio de 2023, el periódico La Razón entrevistó a Angela Buitrago, experta integrante del GIEI. El periodista le preguntó: “¿Siguieron los tapones de información?”, a lo que la experta responde tajante “si, continúan”. En otra respuesta previa Buitrago ya había advertido: “El tema es sencillo, si tú no tienes cómo trabajar, ¿con qué trabajas?”

En este espacio ya he referido investigaciones académicas e informes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que dan cuenta de la falta de transparencia con que se conducen las fuerzas armadas cuando son requeridas por información diversa.

Forma es fondo

Las peticiones para que la SEDENA proporcione información del caso siempre llegan a un impasse. En reunión con el Ejecutivo el 20 de septiembre de 2023, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos solicitaron que dicha dependencia entregara una conversación del líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, con el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, en que le instruye para que le haga entrega de los 17 estudiantes en un lugar determinado.

En respuesta, el Secretario de la Defensa, General Luis Crecencio Sandoval, envió un documento de 49 páginas a la reunión que autoridades sostuvieron con los padres de los jóvenes desaparecidos el 25 de septiembre de 2023. En él señala que: “la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.

En el párrafo siguiente, con una redacción por demás desafortunada, el Secretario de la Defensa le dice a los padres y madres: “Al respecto, se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.

La respuesta, carente del mínimo comedimiento, es de escándalo. Sin hacer referencia a tan lamentable hecho, más aún, sin la menor sensibilidad, empatía, ni respeto al dolor de las familias, el Ejecutivo declaró en su conferencia matutina del 26 de septiembre: “ellos (los padres de los jóvenes desaparecidos) insisten en que el ejército no coopera, que quieren que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información y ha ayudado mucho en esclarecer este lamentable caso”.

En otra parte de su intervención agregó: “Ahora todo hoy (sic) parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información (…) no es culpar por culpar, no es nada más fue el ejército y ya, no”.

En su conferencia del 2 de octubre de 2023, al atender una pregunta sobre la participación del ejército en la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, el Ejecutivo hizo referencia por enésima ocasión a que el ejército mexicano “es un ejército popular, los soldados son pueblo uniformado, eso tiene que tomarse en cuenta”, dijo.

Y agregó otra de sus frases recurrentes: “no ha habido órdenes para masacrar, para reprimir, para torturar, desaparecer a nadie”, para luego agregar: “y cuando se cometen errores, a diferencia de lo que sucedió cuando Ayotzinapa, que algunos elementos, no el ejército, participaron o no actuaron adecuadamente, en vez de que se les juzgara por lo que hace uno o 2, 3,10, 20 elementos de una institución contrario a la legalidad y de manera injusta no tiene por qué este manchar a toda una institución…”.

La defensa a ultranza de las fuerzas armadas continuó en la conferencia matutina del 12 de octubre de 2023. El Ejecutivo fue cuestionado, primero, por la denuncia pública que hizo el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) el 11 de octubre de 2023, por los obstáculos interpuestos por la SEDENA para consultar la documentación que le es requerida y, segundo, por la condecoración que otorgó al general Salvador Cienfuegos en el marco del 200 aniversario del Colegio Militar, celebrado el 11 de octubre.

El periodista dijo al Ejecutivo que el alegato del MEH es “bastante parecido al que hacían los padres de Ayotzinapa la semana pasada” y más adelante argumentó: “pareciera que hay un mensaje encontrado (…) por una parte, el ejército no entrega la información y, por otra parte, se le condecora”.

El Ejecutivo respondió que “hay mucha desinformación y hay mala fe”. Reiteró que la SEDENA lo obedece, que le “consta que han entregado todo lo que tienen”, y al referirse a la denuncia del MEH –institución creada por su gobierno– calificó de “malinformados” a sus directivos “o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad” y más adelante agregó: “hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento”.

El presidente no cede un ápice en su respaldo al ejército, pero en cambio endureció su discurso contra el exfiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UELILCA), Omar Gómez Trejo, cuando éste lo que hizo fue renunciar por las injerencias indebidas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del caso, que incluso llegaron al retiro de los agentes que hacían trabajo de investigación en campo.

En su conferencia matutina del 28 de septiembre de 2023, al referirse a Omar Gómez Trejo, para sorpresa de todas y todos el Ejecutivo declaró: “ahora estoy investigando de dónde salió, y todo parece que lo propusieron de la OEA (…) de dónde surgió este fiscal, quién lo nombró (…) está muy interesante todo esto”.

Estas aseveraciones están fuera de lugar y proporción. Es claro que el Ejecutivo debió conocer el proceso de designación de Gómez Trejo, del que incluso muchas Organizaciones de la Sociedad Civil estuvimos pendientes y no era para menos en un caso paradigmático como el de Ayotzinapa. Su nombramiento, hecho el miércoles 26 de junio de 2019, fue consultado incluso con las familias de los estudiantes, lo cual fue un aspecto de fondo fundamental para generar desde el inicio de su gestión una relación de confianza con ellos.

Al enfocar sus baterías en el exfiscal, el Ejecutivo pretende desviar la atención de donde se encuentran las responsabilidades reales que frenan los avances en la investigación del caso y que es la SEDENA.

No a otra verdad histórica

Enmarcado en esta polémica, el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa –presentado el 27 de septiembre de 2023– no fue bien recibido por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes advirtieron que éste “se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos” que se han desbrozado a lo largo de la investigación.

El trabajo del GIEI fue fundamental para conducir la investigación en el marco de los estándares internacionales sobre investigaciones de graves violaciones a derechos humanos; contribuyó a reorientar la investigación en diferentes fases; permitió fortalecer las acusaciones; documentar los hechos y señalar responsabilidades; ayudó a recabar información sobre el posible destino de los jóvenes y a identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, entre muchas otras tareas.

El GIEI ha dejado seis informes sobre el caso que son la base de los avances actuales. El Estado tiene la obligación de continuar ese trabajo. En este sentido, es inquietante, por decir lo menos, la declaración del Presidente de la República –hecha en la conferencia matutina del 12 de octubre de 2023– en el sentido de que él conduce la investigación, cuando no es su responsabilidad, sino de las fiscalías que deben contar con personas profesionales expertas para realizarla y sin injerencias indebidas.

Desde Amnistía Internacional nos sumamos al llamado para que se lleve a cabo una investigación penal en contra de los altos funcionarios públicos, quienes presuntamente estuvieron presentes en el encuentro donde se fraguó la #VerdadHistórica. De igual manera debe cesar la estigmatización y difamación contra las OSC que acompañan el caso, así como la criminalización que se ha hecho del ex fiscal Omar Gómez Trejo.

La militarización de la seguridad pública y de otras actividades del orden civil que han ido in crescendo a lo largo de este sexenio, ha traído graves consecuencias consigo. La persistencia en las violaciones de derechos humanos es una de ellas. Otra, es la falta de transparencia que caracteriza las actuaciones de las fuerzas armadas que no toleran la existencia de controles eficaces de supervisión y mucho menos mecanismos que las obliguen a rendir cuentas de sus actos. La falta de contrapesos conduce a otro grave problema, la impunidad.

Desde Amnistía Internacional mantenemos firme nuestra postura contra la militarización y el militarismo rampante que se cierne sobre el país. Continuaremos apoyando los llamados para que la SEDENA entregue toda la documentación que tiene de Ayotzinapa, que permita destrabar de una vez por todas este caso paradigmático y permita a las familias de las víctimas el acceso a la justicia y a una reparación del daño que tendrá que incluir desagravios por el trato indolente que han recibido de dos administraciones del Gobierno Federal. Todas y todos en este país tenemos derecho a conocer la verdad.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).