Innovaciones tecnológicas por la verdad y la justicia

Comisionado por y en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) -en representación de las familias de las víctimas del caso Iguala-, Forensic Architecture, agencia de investigación especializada en el análisis espacial de datos con sede en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, logró reconstruir en 3D por medio de un innovador mapa interactivo los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre.

Lo hecho por este equipo de arquitectas, periodistas, programadores y videastas, quienes trabajan a nivel mundial proporcionando evidencia en diversos casos de derechos humanos, es un gran logro, sobre todo en tiempos en que, de manera insistente, se intenta regresar a hipótesis del caso ya descartadas científicamente, pero convenientes para rebajar el nivel de responsabilidades.

Utilizando mapas interactivos y reconstrucciones en 3D, la plataforma revela la evolución, escalada y la extensión geográfica de la violencia en la noche del 26 al 27 de septiembre 2014; el nivel de coordinación y colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado y las dimensiones de la alteración de la evidencia de los ataques por parte de agentes del Estado

Al navegar por el sitio, el público es capaz de mirar y entender los diferentes episodios de esa noche en que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzadas, estatus en el que siguen ya casi tres años después. Pero no sólo eso: esta herramienta podrá ayudar a las y los investigadores a poder examinar con mayor profundidad los lugares, tiempos y roles de los diferentes actores.

La recolección, análisis y cruce de miles de datos –provenientes tanto de documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) como del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes de la CIDH y de periodistas que entrevistaron a los jóvenes sobrevivientes de los ataques- demuestra algunos puntos clave en la investigación que deberían ser retomados por la propia PGR:

1. Que las policías de tres distintos municipios (Iguala, Huitzuco y Cocula), las policías estatal, ministerial y federal, el Ejército y presuntos integrantes de organizaciones criminales tuvieron diferentes actuaciones durante la noche: como autores u observadores de la violencia u obstruyendo la justicia.
2. Que hubo, sin duda alguna, coordinación, colusión y omisión relacionadas con el caso: por ejemplo, un agente de inteligencia militar presenció, por casi una hora, los ataques contra el grupo de estudiantes que posteriormente fue desaparecido de manera forzada cerca del Palacio de Justicia en Iguala. Forensic Architecture recrea la visión de campo del agente militar, demostrando que pudo presenciar los ataques y la posterior desaparición del grupo de estudiantes. Esta recreación también demuestra que él fue un testigo de la detención y acoso a los normalistas que llegaron a la escena en el autobús Estrella Roja 3278, también conocido como “el quinto autobús”.
3. Patrones en la destrucción de evidencia: Este mismo ataque cerca del Palacio de la Justicia fue capturado por las cámaras exteriores de seguridad del edifico. El Poder Judicial de Guerrero destruyó los archivos de video y argumentó como motivos dificultades técnicas y que las imágenes en ellos no eran de interés. Forensic Architecture reconstruyó el campo visual de las cámaras de seguridad y demostró que éstas habrían grabado los momentos en que los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1531 fueron llevados vivos, antes de que fueran desaparecidos, así como la dirección en que la policía se los llevó.

Sin duda, la utilización primordial de la prueba científica y de este tipo de plataformas innovadoras podría contribuir a comprender y esclarecer lo sucedido –o lo que no sucedió- en distintos episodios posteriores a la última vez que se vio con vida a los estudiantes. Así, contar con la tecnología más avanzada para ser utilizada por científicos independientes de los Ministerios Públicos debería ser un objetivo deseable y alcanzable para la próxima Fiscalía General de la República –y dicho esto, implica que todas las víctimas de violaciones a derechos humanos deberían tener derecho a que sus casos sean tratados con los máximos estándares y los mejores procedimientos posibles. Una vez más, la persistencia de las familias de Ayotzinapa así lo demuestra.

@CentroProdh