Ayotzinapa, ¿habrá cambio sistémico?

Las acusaciones que el pasado sábado 26 de septiembre hicieron representantes del Estado mexicano contra anteriores representantes del Estado mexicano, acaso fijan un punto de inflexión en la historia contemporánea de este país. Sucedió en el evento convocado por el gobierno federal, a seis años del caso Ayotzinapa.

Así afirmó el subsecretario Alejandro Encinas: “Como se ha acreditado, la verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”. Esto dijo Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa: “Las pruebas con las que la fiscalía general acusó, tanto a Tomás ‘N’, como a Blanca Alicia ‘N’ y a otros altos funcionarios de la extinta PGR, fue la utilización de la tortura como medio generalizado de investigación ya que todas y cada una de las personas que presentaron ante los medios de comunicación a través de sus conferencias de prensa en el mes de octubre de 2014 fueron previamente torturados por estos servidores o bien estos dieron su aquiescencia o consentimiento para que así pasara”.

También dijo: “… se han liberado 10 órdenes de aprehensión por hechos constitutivos de tortura, ocho de estas personas ya se encuentran privadas de su libertad y con autos de formal prisión y sujetos a juicio”. Y más: “Esta unidad ha documentado la forma en la que se detenía con la participación de policías ministeriales y otras corporaciones en interrogatorios irregulares, fuera de todo marco de la ley, en los que incluso participan otras dependencias del gobierno federal. La documentación de la tortura en este caso demuestra con claridad que los patrones generalizados de su uso eran para hacer investigación”.

En su turno, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, remató: “En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Agregó: “…el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales”. Más adelante informó: “Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado, como ya se dijo, 34, tanto por delincuencia organizada como por tortura…”.

Por su parte, Francisco Cox Vial, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, aseveró: “La PGR y el Ejecutivo anterior construyeron y respaldaron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad…”.

En suma, el Estado mexicano habría sido instrumento de un concierto de voluntades políticas y operativas, en los tres órdenes de gobierno, para utilizar la tortura o para tolerarla como medio generalizado de investigación, nada menos que en el hecho criminal que más atención ha provocado en décadas. Cuando el Estado debió hacer su mejor papel, hizo el peor posible.

Falta que esto sea probado en juicio, desde luego. Pero, en todo caso, el precedente ha quedado para la historia: la acusación implica una política que utilizó o toleró la tortura “desde la cúspide del poder”, según el Fiscal General. Si las acusaciones son demostradas en el proceso penal, la historia habrá enseñado que el sector de los derechos humanos nacional e internacional y la academia tuvieron desde el principio la razón cuando señalaron el uso generalizado de la tortura.

Y más allá de los procesos penales -desde luego fundamentales en sí mismos-, el pendiente a resolver de fondo es estructural: reformar a las instituciones que usan o toleran la tortura, ante la ausencia de controles y contrapesos suficientes. Desde una perspectiva sistémica, las palabras arriba citadas lo que enseñan no son personas desviadas sino instituciones rotas, prohijadas por un sistema político igualmente roto.

Si no se siembra el auténtico cambio sistémico, aún si prosperan las acusaciones, las culturas institucionales que normalizaron el uso y la tolerancia de la tortura seguirán ahí.

¿O alguien cree todavía en el viejo cuento de la manzana podrida?

Todas las declaraciones citadas se pueden consultar aquí.

@ErnestoLPV