Un avance, la reforma a la LFT sobre los antecedentes no penales

La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la Cámara de Senadores, que elimina la emisión de la carta de antecedentes no penales a solicitud de empleadores, no representa una amenaza que otorgue derechos a “delincuentes” y en cambio garantiza el cumplimento del artículo 18 constitucional. Desde INSADE apoyamos que dicha solicitud deje de ser requisito para ingresar, permanecer o ascender en los puestos de trabajo.

Para ubicar el beneficio de esta reforma debemos dejar de mirar a las cárceles como “fábrica de delincuentes”, pues si bien hay personas que cometieron delitos graves y que han reincidido, también hay personas que requieren de esta reforma para poder garantizar su derecho a la reinserción social, entre ellas:

1. Personas que se vieron obligadas a delinquir por primera vez por la falta de empleo.

2. Personas reclutadas por el crimen organizado para transportar droga.

3. Personas que fueron encarceladas de manera injusta o se les imputó un delito que no cometieron.

Aunque aplaudimos la reforma aprobada por el Senado de la República, también es muy pronto para celebrar ya que aún falta la aprobación de la Cámara de Diputados, cuya ley orgánica señala en el artículo 182 que las minutas deben ser dictaminadas por la Comisión correspondiente en un plazo de cuarenta y cinco días con derecho a una prórroga para que presente el dictamen.

Con base a lo anterior exhortamos a que la Cámara revisora a que dictamine, en cumplimento de ese término y con el antecedente de la resolución de enero de 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que confirmó la inconstitucionalidad de las normas que exigen como requisito “no tener antecedentes penales” para realizar una actividad comercial o gubernamental e invalidó algunos artículos de la Ley que Regula a los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California Sur, entre otros. Las y los diputados deben poner al centro el derecho a la reinserción social de las personas egresadas de prisión para que puedan ejercer su libertad y de ese modo romper las trabas para emplearse formalmente.

Con estas reformas se siguen garantizando los principios de progresividad de los derechos humanos y el principio Pro persona que los empleadores deberán respetar, lo cual será uno de los retos más grandes a cumplir y del que estaremos atentos a fin de evitar que se siga negando en derecho al trabajo por antecedentes penales, y que se siga violando el derecho a la no discriminación y libertad de trabajo.

* Daniel Serrano del Rejil (@amigosdaniel) e Itzayana Borgua (@Itzayana_Borgua) son integrantes de INSADE A. C. (@insade_ac) organización que trabaja con estrategias para la #reinserciónsocial y autonomía económica de personas egresadas del sistema de justicia penal y en contextos de violencia.