Autoritarismo e inseguridad: la protección ciudadana que no llega

Acaso la seguridad es el depósito donde se instalan las más extremas representaciones autoritarias del poder público en México. Ya envejece el relato de la supuesta transición democrática y aún hoy es casi imposible encontrar siquiera grietas en el paradigma hegemónico que entiende a la seguridad como un poder y en cambio la desconoce en su condición de derecho humano. Las políticas e instituciones de seguridad son fieles canales e instrumentos por donde se expresa el que parece funcionar como el núcleo más duro del poder político. De ahí que resulta casi imposible avanzar en el efectivo equilibrio entre el poder y el control de los aparatos policiales y militares.

Leída la seguridad desde esos espacios como un instrumento para imponer medidas de control social, a los mismos les resulta de imposible procesamiento habilitar sistemas efectivos de auto control o permitir la activación de controles externos igualmente efectivos. La seguridad es ante todo la seguridad de las instituciones y de quienes las representan. Aquí la esencia de la distorsión estructural. Por eso se reproduce sin parar el absurdo despropósito que hace posible a los gobiernos contarse sus historias de éxito sin que valga en lo más mínimo que los gobernados experimenten lo contrario. La contradicción de hecho es extrema como nunca. Si las víctimas se reproducen por aquí y por allá según los estudios empíricos nacionales, el problema en todo caso es de las víctimas. Ahí están los poderes ejecutivos en todo el país buscando cómo encontrar el ángulo para declarar que el delito baja, decidiendo así que el dato consistente de la subdenuncia en un nivel mayor al 90% es, para todo efecto práctico, simplemente irrelevante. Si el INEGI reporta millones de eventos de victimización que no se denuncian en mucho porque no hay expectativa de protección por parte del Estado, allá el INEGI.

[contextly_sidebar id=”BGXUnhkp30fAoEiJzbn1c0jUlylFWWVK”]La anatomía del ejercicio del poder de la seguridad dibuja un mapa de daño devastador e inabarcable. Domina un quehacer institucional que ha terminado por normalizar la disfuncionalidad. De brazos caídos, resignado, el gobernado espera que “no le toque” el embate de los representantes del Estado, desplegados en vistosos operativos y a la vez habilitados como intérpretes únicos e intocables del “brazo de la ley”. Si la seguridad es el núcleo más duro del Estado autoritario, el maltrato y la tortura son a su vez el núcleo más severo del formato impositivo de la seguridad. No es la seguridad coproducida entre gobierno y gobernados, como orienta el paradigma democrático, es la seguridad impuesta mediante formatos que hacen del abuso una mera rutina. El representante del Estado incluso se vive como la encarnación misma de la seguridad; él sabe cómo hacerlo y así lo hará, incluso en contra de la humanidad de aquel a quien debería proteger y servir.

De todos modos nadie sabe y nadie supo. Los verdaderos formatos de operación policiales y militares a través de los cuales se impone el poder de la seguridad están fuera del alcance de cualquier foro de debate público. Las visitas que las prácticas policiales y militares de maltrato y tortura hacen al foro público se llaman escándalos y sirven para poco más que la explotación mediática. Desde luego no sirven para la rendición de cuentas, el aprendizaje y el cambio. Lo que le sigue a un escándalo es otro escándalo.

Imponer la seguridad pisoteando derechos no trae costos formales y en cambio produce inconmensurables rentas informales. Desde el paradigma autoritario de la seguridad y desde su instrumentalización en la forma de un poder, la operación policial y militar reparte dividendos pero solo entre quienes controlan los propios aparatos. De hecho, adentro también hay una experiencia masiva de victimización entre quienes no logran subir por la escalera de acceso a la cúpula donde habitan quienes regulan las válvulas del ejercicio del poder de la seguridad.

En particular la policía está a tal punto averiada, al menos vista desde un lente democrático, que también nos hemos acostumbrado a las mediciones de la desconfianza social hacia ella. No sólo encuentro que ya a nadie le sorprende su propia desconfianza hacia la policía, ahora verifico además la multiplicación del miedo hacia ella. Desconfianza y miedo perfectamente funcionales a la tendencia expansiva de poderes a costa de los controles. Nada más útil bajo este paradigma que una ciudadanía asustada y cada vez más guarecida, incluso de la propia policía.

La persistencia de la crisis de inseguridad y violencia debe explicarse, antes que nada, desde la inhabilitación que el sistema político mismo padece con respecto a su voluntad y capacidad para construir un paradigma democrático de la seguridad donde el sujeto a proteger sea el gobernado. Habría que entender, con todo lo que eso supone, que aún no hemos resuelto esa simple fórmula; en el fondo, aún no se traslada el eje de protección desde las instituciones y sus representantes hacia el gobernado.

@ErnestoLPV