Brecha de implementación y gobernanza de las industrias extractivas

La minería en México concentra operaciones de gran escala en pocos estados. A pesar del paro impuesto por las medidas para hacer frente a la pandemia, este sector sigue creciendo. Solo en julio pasado, por ejemplo, se reportó un incremento del 6.3 % en comparación con el mismo mes del año anterior. A esto se suma el anuncio del presidente López Obrador respecto al impulso que daría a la minería de carbón, lo que demuestra que la administración actual ve al sector como un componente importante para su estrategia energética.

Por este motivo, y considerando la importancia del sector, es preocupante que a distintos niveles de gobierno las autoridades presenten problemas para implementar medidas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. La reciente cancelación de la Subsecretaría de Minería solo añade más flancos a un sector que, según muestran los resultados de la evaluación llevada a cabo usando la metodología del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) en México, se caracteriza por una gobernanza débil.

En 2019, los especialistas del Natural Resource Governance Institute (NRGI) evaluamos las políticas y prácticas que componen la gobernanza del sector extractivo. Desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas, esta evaluación identifica las fortalezas y debilidades para promulgar e implementar normas relacionadas con el buen manejo de las industrias extractivas.

Avances y retrocesos del sector extractivo

De acuerdo con los resultados de la evaluación, en una escala del 1 al 100, el sector minero obtiene solo 58 puntos (posicionándola en la categoría “débil”) frente al de hidrocarburos, que acumula 70 (“satisfactoria”). Las áreas de política que podrían considerarse clave para el desarrollo minero, como los procedimientos de licenciamiento y el manejo de los impactos locales, resultan débiles debido a la dificultad que tienen las autoridades para implementar las normas vinculadas al acceso y la transparencia de la información, así como la rendición de cuentas.

En el sector minero, a diferencia del de hidrocarburos, no existe una base de datos actualizada que permita a la ciudadanía conocer el volumen de recursos extraíbles en el país. Los datos existentes solo hacen referencia a recursos probables. Además, la calidad de la información es pobre, desactualizada y no se encuentra en formato abierto, lo que dificulta su accesibilidad. Y pese a que la Ley Minera exige que las autoridades publiquen las bases y prerrequisitos de los concursos públicos para asignaciones mineras sometidas a licitación, encontramos que en los años 2017 y 2018 la Secretaría de Economía solo brindó acceso a la información a los licitantes interesados, previo pago para acceder al concurso. Tanto las bases como los prerrequisitos del concurso deberían ser accesibles y gratuitos, como sí sucede en el sector petrolero, a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Además, esta evaluación demuestra que existe un vacío de información sobre conflictos de interés de los funcionarios públicos (pese a que el artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos lo exige), así como problemas en desagregar la información disponible sobre los pagos que realizan las empresas extractivas a las entidades de gobierno. El Servicio de Administración Tributaria únicamente publica información sobre los pagos de derechos mineros por compañía, mas no por operaciones individuales o recursos extraídos.

Transparencia ambiental

La información ambiental es clave para el desarrollo de las actividades extractivas. En este sentido, los desafíos a los que nos enfrentamos, como la emergencia climática, han incrementado la necesidad de un escrutinio más completo sobre los impactos de esta actividad en los territorios extractivos. Por tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente deben mejorar la constancia y complejidad de la información disponible sobre los impactos sociales y ambientales de esta actividad que, según la evaluación llevada a cabo, es divulgada solo a través de La Gaceta Ambiental.

La actual administración de López Obrador ha decidido impulsar su industria extractiva -a corto y mediano plazo- como una fuente de riqueza, generación de empleo y seguridad energética. Más allá de la conveniencia estratégica de esta apuesta, es importante que la expansión de este sector venga de la mano de mejoras institucionales que democraticen la toma de decisiones. Así, los planes de mitigación, de cierre de operaciones mineras o petroleras, de relocalización de poblaciones y los pagos por compensación ambiental deberían tener un lugar de consulta común en ambos sectores.

* Alonso Hidalgo es oficial para América Latina de Natural Resource Governance Institute (@NRGInstitute) y experto en temas de gobernanza de recursos naturales.

 

 

* Los resultados completos del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales se encuentran disponibles aquí.