Autoridades civiles en fuga

Lo afirmé públicamente varias veces, lo reitero: no nos alcanzará la vida para arrepentirnos si entregamos a los militares el control de la seguridad pública. La propuesta de promulgar una ley de seguridad interior implica dar un salto probablemente irreversible en ese camino. Es una trampa en la que se colocó el Estado a sí mismo, inhabilitando las competencias de la autoridad civil para proteger a los ciudadanos, aniquilando siquiera la expectativa social de que ello algún día sea diferente y colocando a las fuerzas armadas en la percepción mayoritaria como la alternativa que resolverá el entuerto. México está por dar un salto al vacío de consecuencias impredecibles.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, apenas publicó un texto que busca justificar la necesidad de la ley de seguridad interior. En su perspectiva, la creación de un mecanismo de intervención militar enmarcado en el concepto de seguridad interior, justamente evitaría confundir las tareas con la seguridad pública. En mi concepto, sucede justamente al revés.

Las discusiones siempre son más claras cuando se las reduce a sus términos más simples. La pregunta que está detrás de todo esto es muy sencilla: ¿deben o no los militares operar en la calle de manera regular en tareas de seguridad y de persecución de delitos? Así de simple. De la respuesta a esta pregunta depende todo lo demás.

Cienfuegos informa en el artículo citado que hay “52 mil elementos desplegados y durante el 2016 se han realizado 54 operaciones regionales para reducir la violencia”. Con estos y otros datos nos recuerda que los militares ya realizan las funciones de seguridad y persecución de delitos y que lo que se necesita hacer es crear un manto de protección legal para esas tareas. Algo así como decir: ya estamos en las calles y solo falta regularlo.

Para más de uno la salida puede parecer muy fácil usando el argumento de que los militares deben hacer estas tareas simplemente porque ya las hacen. Tal razonamiento equivale a una falacia y debemos descartarlo de plano. El hecho de que ya lo hagan desde luego no implica que lo deben hacer.

Despejemos cualquier confusión. Las fuerzas armadas irrumpieron en la seguridad pública gracias a la incompetencia de las autoridades civiles para cumplir con la parte que les toca. Las policías y las procuradurías no estuvieron, no están y no sabemos si estarán a la altura del desafío; por eso, primero que cualquier otra cosa, estamos discutiendo hoy en torno a la propuesta de crear una ley de seguridad interior. Son las palabras del propio general Salvador Cienfuegos las que ayudan a clarificar esto: no hay quien lo haga y por eso lo hacemos nosotros, ha dicho. En efecto, toda la información disponible lo confirma: la delincuencia y la violencia en general no encuentran contención en el quehacer de la intervención civil, ni por la vía de la prevención ni por la vía del control. Los militares son los últimos bomberos en la fila y están apagando los fuegos que los civiles dejaron crecer.

El titular de la SEDENA nos dice primero que ellos se deben encargar de protegernos porque nadie más lo hace y luego nos avisa que con una ley de seguridad interior no harán funciones de policía; además afirma que con esta norma no se eximirá a las autoridades locales de hacer sus tareas. No es posible aceptar la validez de estos argumentos. Primero, cuando el general confiesa que están haciendo lo que otros no hacen, de esa manera confirma la transferencia de las funciones policiales, desde las autoridades civiles hacia las autoridades militares. Están haciendo operaciones regionales para reducir la violencia, tal como explica él mismo. Son tareas de la policía. El segundo argumento es también insostenible. La ley de seguridad interior debilitará la respuesta civil exactamente en la misma medida que empoderará la vía militar. Esa ley podrá ofrecer un marco de colaboración formal con la autoridad civil al frente, pero en realidad será la puerta para institucionalizar el régimen de excepción que en realidad coloca a las autoridades militares al frente.

Por cierto, estamos desde mediados de los noventa en la misma discusión, arguyendo formalmente que las autoridades militares participan en la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles, para luego confirmar una y otra vez que no es el caso. La fórmula es otra y la dejó ver Cienfuegos: no hay quien lo haga, entonces lo hacen ellos. En efecto, las operaciones militares no van al lado ni atrás de los fiscales. Mucho menos al lado de las policías. No ha sido así y no será así con la ley de seguridad interior.

Estamos ante un vacío civil que la intervención militar va llenando. El vacío civil lo hacen los poderes ejecutivos municipales, estatales y federal, pero también lo construyen los poderes legislativos a lo largo del país e igual lo hace el sistema de justicia penal. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública cumple lo que prometió ni la justicia penal reduce la impunidad. Por si fuere poco, va para atrás la inversión publica a favor de la prevención del delito y la violencia.

Los militares avanzan porque los civiles retroceden. La brutal violencia que hoy enfrenta y desgasta a las fuerzas armadas se incubó ante la total incapacidad, primero que nada, de quienes son electos en cargos de elección popular, entre otras razones, justo porque ofrecen proteger a quien vota por ellos.

La propuesta de ley de seguridad interior es la fase superior de un auténtico vacío de Estado. Esos sicarios con poder de fuego suficiente para atacar a los militares mismos, son el engendro de ese vacío. Ante la delincuencia y la violencia, nuestras autoridades civiles negligentes, pasmadas y muchas veces totalmente corruptas, aparecen ante nuestros ojos en una especia de huida. Son civiles en fuga.

@ErnestoLPV