Autogolpe e implosión democrática

La intención manifiesta del lopezobradorismo de denunciar penalmente a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica constituye un parteaguas en la historia política y constitucional del país.

Nunca antes un presidente ni el partido con mayoría en el Congreso de la Unión habían osado transformar la discrepancia en delito; nunca antes desde el Congreso de la Unión un partido mayoritario, el mismo que el del presidente del país, había considerado punible penalmente el ejercicio de las funciones esenciales del legislativo (aprobar, modificar o rechazar iniciativas legales); nunca antes un partido político mexicano había estado dispuesto a encarcelar a toda la oposición y controlar así las funciones que la Constitución otorga al poder legislativo; nunca antes una intención autogolpista como ésta había estado acompañada de una propuesta de reforma electoral que busca menoscabar la representación política y adueñarse de los órganos electorales encargados de conducir los procesos comiciales de manera autónoma, imparcial, legal y transparente.

No importa si se piensa que es sólo una baladronada, un acto propagandístico, un intento de radicalizar al país con miras a la elección de 2024: estamos frente a la voluntad explícita de la fuerza política poseedora de la mayoría de las gubernaturas estatales, de la presidencia de la república, de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión y controladora de la Fiscalía General de la República, de operar un autogolpe de Estado. Esto significa que en México hemos alcanzado un nivel alarmante de implosión democrática; que esta fuerza aplastante, autoritaria y antidemocrática está dispuesta a desaparecer todas las conquistas democrático-electorales que hemos alcanzado desde los años noventa; que hemos puesto en el poder a personas dispuestas a utilizar los mecanismos legales y el uso de la fuerza del Estado para capturar la representación política, suprimir la pluralidad y el disenso, acabar con la libre manifestación de las ideas, con la división de poderes.

Los partidos que gobernaron México antes de este sexenio lo hicieron innegablemente mal, pero no hay nada, ningún rencor, ningún desencanto, ningún odio político que pueda o deba conducirnos a terminar con la institución, los principios y los valores de la democracia.

Las falacias que todos los días salen de la boca del presidente de la república y de sus antidemocráticos adláteres (la abyecta consideración de una traición a la patria por parte de los opositores; la invocación del pueblo para sostener lo insostenible, la desacreditación de opiniones ad hominem) no guardan relación con la construcción de mejores condiciones democráticas ni con la posibilidad de fortalecer la representación política. Se trata, lisamente, de la intención de capturar el Estado para sí.

Al menos 15.1 millones de votantes mexicanos apoyan este proyecto, contando sólo a quienes votaron a favor de la continuidad del gobierno lopezobradorista en la revocación del mandato. Nunca antes habíamos visto con tanta claridad que en México existe una enorme fuerza política dispuesta a deshacer y rehacer la institucionalidad electoral para conservar el poder a toda costa.

Si la oposición dobla las manos y se aprueba la reforma electoral entraremos de lleno a la larga noche del partido de Estado, ese monolito asfixiante del que buscaban liberarse los estudiantes del 68, los miembros de fuerzas políticas de izquierda proscritas hasta la reforma política de 1977 y muchas otras corrientes ideológicas -incluido el panismo-, que impulsaron desde la oposición la creación del IFE-INE, la representación proporcional, la pluralidad, el diseño de mecanismos que abatan la sobrerrepresentación de la mayoría.

Si las amenazas, la persecución mediática y penal, los cañonazos de 50 mil pesos, las embajadas y las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República son suficientes para doblegar a la oposición, la aprehensión y el encarcelamiento de Francisco Madero por Porfirio Díaz será un cuento infantil al lado de esta apología dictatorial.

* Sergio López Menéndez es consultor independiente.