blogeditor · 7 de noviembre de 2022
El 9 de noviembre de 2020 sucedió la represión más violenta y grave en la joven historia de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde policías municipales y estatales reprimieron una manifestación haciendo uso de armas de fuego y formas de tortura física, psicológica y sexual. El objetivo era sembrar terror entre la población que demandaba justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, y de muchas otras mujeres que siguen sin ser encontradas, y de quienes sus familiares siguen sin obtener justicia ni trato digno por las autoridades encargadas de procurárselas.
Alexis fue encontrada después de un día de búsqueda, con signos de extrema violencia que evidenciaba la tortura de la cual fue víctima. Fue la gota que derramó los mares en este paraíso que huele a sangre, pues en solo ese fin de semana dos mujeres más fueron víctimas de feminicidio sin obtener siquiera una investigación de calidad.
Los manglares del Caribe huele a podredumbre de tanto malestar social incubado durante décadas de impunidad y negligencia de las autoridades en la atención a los crímenes contra las mujeres.
Todo este hartazgo se sintetizó en una convocatoria que lanzaron colectivas tanto feministas como de defensa de derechos humanos para manifestarse en una marcha ese 9 de noviembre, iniciando en el km 0 de la tan famosa zona hotelera de Cancún, finalizando en la fiscalía del estado donde cientos de personas, en su mayoría mujeres y jóvenes de las periferias olvidadas de donde Alexis era originaria, se dieron cita esa tarde.
Madres y familiares de otras víctimas de feminicidio y desaparición forzada respondieron a la convocatoria, a la par de las colectivas que hacían un llamado desesperado de concientización y exigencia de justicia ante tanta barbarie y tantas historias de terror que no son ficción. Centenares de ciudadanos y ciudadanas asistieron a gritar el hartazgo ante el crimen y la corrupción de las autoridades, por la impunidad que gobierna el territorio. Esa tarde la empatía y preocupación por el futuro de nuestra ciudad y nuestras juventudes movió a la acción de tomar las calles y el espacio público.
No hubo una organización aglutinadora convocante, meramente se movilizó sobre la lectura general que cada persona o grupo de afinidad hacía de la situación y donde la iconoclasia se hizo presente a niveles desconocidos hasta entonces en el estado, reflejando el nivel de hartazgo que tenía la población en ese momento.
Al paso de las horas y a falta de respuesta de cualquier autoridad, la manifestación se puso en marcha hacia el palacio municipal de la ciudad de Benito Juárez “Cancún” con una sensación de frustración colectiva altísima, impotencia generalizada y esta digna rabia que ardía en todos los corazones unificando voces y fuerza de exigencia.
Minutos previos a la llegada de los contingentes a la explanada del palacio municipal, elementos de seguridad pública retiraron las vallas que durante meses limitaron el acceso en este gobierno conocido por sus políticas de vallas y toletes frente a los edificios gubernamentales, dejando así un regalo envenenado invitando a la sociedad a continuar la iconoclasia, que estaba estigmatizada y criminalizada. Lo anterior generó sospechas entre los y las defensoras de derechos humanos que se encontraban presentes, pero no conforme a esto los elementos policiales colocaron las vallas en la parte trasera del palacio donde también apagaron las luces y crearon un espacio de penumbra y propicio para el terror, donde los policías de los dos niveles estatal y municipal aguardaban el momento preciso para comenzar el ataque.
Hasta ese momento nunca se apercibieron autoridades; de hecho, parecía que estaban solo las personas manifestantes y el palacio vacío. Ciertamente no era así. Apenas unos momentos más tarde, al menos 80 elementos policiacos, entre municipales y estatales, realizaron un operativo coordinado con la Guardia Nacional para disolver la protesta.
Sin mediar palabra ni advertencia previa salieron del edificio de gobierno, de la zona de penumbra y desde los costados, abriendo fuego con armas largas y cortas contra la muchedumbre manifestante.
Se escucharon gritos de terror y fuertes amenazas mientras se observaba a personas caer desplomadas donde, además de todas las violencias, la de género invadió la plaza esa noche fatídica del 9 de noviembre. Al mismo tiempo la multitud corría tratando de huir de los disparos y de los golpes perpetrados por los agentes de policía, que se ensañaron con quienes no alcanzaran a tener suficiente rapidez de reacción o que se resistieron. Tal actuar de parte de los cuerpos armados con una extrema euforia levantaron sospecha de que podría relacionarse con el uso de estupefacientes.
Al salir de la plaza la gente todavía fue recibida por una red -previamente articulada- de policías que estaban esperando para disparar y golpear a las y los manifestantes frente a camionetas patrullas de la Guardia Nacional, llenas de elementos militares que veían los hechos sin moverse, siendo testigos y cómplices de este crimen de Estado.
Cuando la población pidió auxilio a los militares, estos procedieron a resguardar el edificio de gobierno y a hacer una valla en conjunto con la policía, mientras al menos ocho personas eran privadas ilegalmente de su libertad y torturadas a espaldas de los mismos militares en el interior del palacio. Dos periodistas y una activista feminista tuvieron que huir con heridas de bala y al menos dos de las detenidas sufrieron tortura sexual por los elementos de policía durante su detencion; afuera del edificio del ayuntamiento en esos mismos momentos cientos de personas huían aterradas, muchas fueron golpeadas, humilladas y violentadas en su derecho a manifestar la inconformidad con su gobierno y con el acceso a la justicia en nuestro estado.
La pregunta que queda siempre es la misma: ¿quién dio la orden para la ejecución de tales actos? Misma que dos años después, al igual que todas las otras injusticias, quedan sin resolverse, y las deudas, que crecen al mantenerse la impunidad, ahora se estancan en la bandeja de pendientes de la nueva gobernadora Maria Elena Hermelinda Lezama Espinoza, quien fuera la presidenta municipal entonces.
La herencia de su administración local fue la pésima atención a las víctimas para su reparación integral y para el acceso a la justicia, generando un círculo de revictimizacion que al día de hoy se puede tipificar como tortura institucional contra las víctimas para forzar su desistimiento en la búsqueda de Justicia.
El Comité de víctimas del 9N se conforma semanas después del crimen de Estado con dos propósitos clave: el de conformar una identidad colectiva para las víctimas de la represión, que permitiera luchar por acceder a la justicia y la reparación, pero también se moviliza para defender el derecho a la protesta, a la libre expresión y a la libertad de organización, en un contexto social donde se puede oler el miedo y la desesperación en el aire de nuestra ciudad.
Aunque al inicio el comité de víctimas se mantuvo en un estado de soledad, siendo cinco víctimas y algunas amistades, no desistieron y los días 9 de cada mes mantuvieron la lucha inamovible para exigir justicia y hacer una declaración clara y concisa: el espacio público es político y no podemos dejarlo a merced de criminales y corruptos, pues corremos el riesgo de no recuperarlo nunca más en un afán autoritario que busca que la cultura de participación política dé un retroceso hasta la época de la guerra sucia en México.
El comité de víctimas se valió de diversas herramientas posibles para protestar con estrategias creativas, artísticas y pacíficas; sin iconoclasia al inicio para que no tuvieran ningún pretexto para reprimirnos, pero trabajando hasta la reivindicación y reconocimiento de ella en argumento a la tesis de la multiplicidad de vías que se define integrando que todas las maneras de protestar son válidas. Desde las marchas, altares, rodadas, conciertos, museos vivientes, fiestas de colores y hasta una posada contra la impunidad recordaron y gritaron que todas las expresiones hacen posible que muchas personas retomen su derecho a la exigencia política y garantías de no repetición, pues esa noche se fracturó el tejido social.
En ese camino se formó la idea de que la única justicia es la memoria de los pueblos y la única garantía de no repetición es la lucha constante y la organización colectiva frente al estado violentador de nuestros derechos humanos, para que nunca más se repita un 9 de noviembre.
Al día de hoy el comité cumplirá pronto 24 meses de lucha y resistencia sin dar un paso atrás, con el objetivo de visibilizar y denunciar que el Estado mexicano y, en específico, en el estado de Quintana Roo violan de manera sistemática por comisión y omisión los derechos humanos de su población para evitar el acceso a la justicia, negando a las víctimas un trato digno y una reparación integral de los daños. También alza la voz para denunciar que, como se ha demostrado en todos los amparos ganados a nivel federal, los funcionarios se dedican a torturar vía dilaciones y revictimizaciones con el afán de que se opte por el olvido y resignación en vez de la memoria y la reparación.
Este espacio y cualquier otro medio sirve a las víctimas para recordar que la venganza también es ser felices, que las luchas como la del 9N tienen dos armas muy poderosas, verdad y dignidad y, por último, ¡que el 9N no se olvida!
* Julián Ramírez, María Oronzor y Wendy Galarza son sobrevivientes del 9N.