Ataques a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia

Todo comenzó el 8 de marzo. Cuando se dio la enorme manifestación en contra de la violencia contra las mujeres, ya sospechábamos que muy pronto iniciaría el periodo de emergencia que suspendería muchas actividades, incluyendo la actividad legislativa. Sin embargo, durante los ya casi 5 meses de emergencia ha habido mucha actividad en relación con diversos temas de derechos sexuales y reproductivos. La marcha del Día Internacional de las Mujeres provocó la ira de los grupos más conservadores ante las pintas y los desmanes. Pero, sobre todo, por la exigencia del aborto legal, del fin a la violencia de género y de la caída del patriarcado. Esa ira se mantuvo por meses alrededor de asuntos como los que aquí se abordan.

Pin parental

Por la influencia del partido español VOX y la organización Hazte Oír de ese mismo país, llegó a México el concepto de “pin parental” que más bien se puede reconocer como “veto parental” para que papás y mamás puedan decidir qué tipo de contenido no quieren que sus hijos vean en la escuela. Este tipo de iniciativas están encaminadas principalmente a limitar la educación sexual ya que los grupos conservadores insisten en que, a través de ella, se les inculca a los niños “la ideología de género”.

La mayor discusión se dio cuando en mayo se presentó la iniciativa en Nuevo León por el ya famoso diputado de ultraderecha Carlos Leal, que llegó a su curul por MORENA y después se unió al Partido Encuentro Social. Además de proponer el pin parental, Leal ha propuesto eliminar el delito de feminicidio, extender la objeción de conciencia a todas las aristas del servicio público y por supuesto, limitar los derechos de las personas LGBT. Aunque en el Congreso de Nuevo León no prosperó, una iniciativa similar fue aprobada en Aguascalientes y, además, se ha presentado en una decena de estados como Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. En todos los casos, durante la pandemia.

Con la bandera de #AMisHijosLosEducoYo, el pin parental implicaría un severo retroceso a la ya de por sí deficiente educación sexual que reciben adolescentes y jóvenes en México. Los discursos alarmistas y de pánico moral por parte de los antiderechos ha hecho que la iniciativa gane adeptos entre legisladores de todos los colores. Incluso la Secretaría de Gobernación del gobierno federal tuvo que emitir un comunicado alertando a diputados y diputadas de los riesgos de promover iniciativas que limiten el derecho de niños y adolescentes a obtener información veraz sobre sexualidad.

Matrimonio igualitario y reconocimiento legal de la identidad de género

Las marchas del orgullo LGBT+ de todo el país que regularmente se llevan a cabo en junio, se cancelaron o se llevaron a la arena virtual. Sin embargo, la lucha continuó por el reconocimiento del matrimonio igualitario y la identidad legal de las personas trans. En Baja California se presentó dos veces la iniciativa que no logró los votos que se requerían para hacer la reforma constitucional que daría paso a una reforma en el Código Civil. Diputados de todos los partidos votaron en contra a pesar de que en el estado ya se han dado matrimonios como el famoso caso presentado en el documental “Etiqueta no rigurosa” de una pareja que, aun teniendo amparo para casarse en Mexicali, le fue negado el derecho en varias ocasiones bajo pretextos absurdos.

La presión para que Congresos estatales aprueben el matrimonio igualitario sólo ha prosperado en Oaxaca en el último año. Otros estados donde también se ha discutido, pero no ha pasado, son Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y el Estado de México. Claramente están legislando en sentido contrario a lo dispuesto por la Suprema Corte en varias ocasiones. En Veracruz, la diputada de MORENA, Mónica Robles, incluso presentó una iniciativa para prohibirlos -aunque formalmente no están permitidos- pero la iniciativa afortunadamente no trascendió.

La lucha por el reconocimiento de la identidad de género también siguió. En Quintana Roo se presentó una iniciativa, pero no ha avanzado. En Morelos, estado con gran influencia del Partido Encuentro Social, nunca se logró que se discutiera ya que los legisladores pusieron pretextos en varias ocasiones para bajar el tema de la agenda. A diferencia del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género sí prosperó en más estados en el último año: Colima, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Organizaciones antiderechos se dedicaron a difundir información falsa en Facebook, cadenas alarmistas en WhatsApp sobre su concepto favorito, la supuesta “ideología de género”, diciendo que con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de la identidad trans se presentaba una clara afrenta a la familia natural y a los valores tradicionales.

“Terapias de conversión” mejor conocidas como ECOSIG

Diversas iniciativas se crearon desde hace al menos un año para prohibir los Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual o la Identidad de Género (ECOSIG) en el Senado y en el Congreso de la CDMX. Esta última, apoyada por el diputado abiertamente gay Temístocles Villanueva, logró avanzar recientemente a pesar de la enorme controversia generada por grupos antiderechos que han buscado reivindicar su supuesto derecho a “ayudar” a las personas que quieren dejar su orientación o identidad, como si estos fueran una enfermedad.

Bajo la bandera de la libertad religiosa y de expresión, algunos terapeutas, organizaciones e iglesias han buscado mantener tratamientos nocivos y violentos que buscan que jóvenes LGBT+ se vuelvan heterosexuales o cisgénero. Dichos tratamientos han sido catalogados por la Organización Panamericana de la Salud, por la ONU y por diversas asociaciones de profesionales de salud mental como una forma de tortura ya que no sólo no sirven, sino que pueden causar severas consecuencias en las personas que se ven sometidas a esos procedimientos.

El triunfo en la CDMX marca el inicio de un largo camino que seguramente empezará a discutirse en los congresos de diversos estados. Seguramente los grupos antiderechos no tardarán en lanzar iniciativas que los protejan para seguir con sus charlatanerías que tantos problemas le han provocado a las infancias y juventudes diversas.

Aborto en Veracruz

El último episodio fue el que se dio en la Suprema Corte el 29 de julio. La discusión de la primera sala de la Corte se centraría en la posible omisión legislativa respecto al aborto por causales en Veracruz. Aunque la discusión estaba centrada en un asunto de forma, los antiderechos se empezaron a movilizar para que las y los ministros se pronunciaran en contra y rechazaran el dictamen que preparó el ministro Alcántara Carrancá. Desde días antes colocaron hashtags en redes sociales como “México es provida”, “CorteXLaVida” y el ya típico “Salvemos las 2 vidas”. Incluso salieron a manifestarse un día antes de la discusión afuera de la SCJN. El movimiento feminista hizo lo propio colocando mensajes a favor del derecho a decidir y medios de comunicación.

Al final, 4 de 5 ministros votaron en contra del dictamen por un asunto técnico-jurídico y no por estar en contra del aborto como tal. Los antiderechos se proclamaron vencedores, aunque en realidad la decisión de rechazar el dictamen no tuvo que ver con el tema del aborto como tal. Lo que quedó en evidencia de toda la discusión en redes sociales fue la cantidad de mentiras y exageraciones de las que se valen organizaciones, iglesias e individuos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos con tal de convencer a la sociedad de que la interrupción del embarazo no debe ser legal.

El uso de Tik-Tok e Instagram se ha vuelto un vehículo más efectivo para generaciones más jóvenes que no necesariamente usan Twitter o Facebook, sobre todo con el simbolismo de los pañuelos azul celeste y los pañuelos verdes que fue aprovechado al máximo durante el debate.

Alerta por nuestros derechos

El lema de la XLII Marcha LGBT de la Ciudad de México de este año fue “Alerta por nuestros derechos, ni un paso atrás”. Ese lema fue escogido ante las amenazas que se presentan cada vez más a menudo en los Congresos estatales. Con el pin parental vemos que cosas que ya creíamos superadas como la educación sexual vuelven a estar en el ojo del huracán. Los derechos LGBT+ y la despenalización del aborto se vuelven todavía más complejas para avanzar. Legisladores de todos los partidos han salido a atacar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo del PAN y del PES. Pero también de MORENA y Movimiento Ciudadano que, en sus plataformas, afirman apoyar dichas garantías.

Desde sociedad civil será fundamental seguir haciendo alianzas con diputadas y diputados de todos los colores, con medios de comunicación, con sector privado y con la academia para asegurar que no se de ningún paso atrás mientras continúe la emergencia provocada por la COVID-19 y también una vez que se termine. No sólo frenaremos los retrocesos, sino que avanzaremos. La justicia social está de nuestro lado.

* Ricardo Baruch es activista e investigador, colaborador de la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF-RHO.