Ataques a opositores con presupuesto público en Guanajuato

El 05 de enero de 2024 la precandidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Guanajuato, Yulma Rocha, hizo público un tuit del autodenominado “influencer” Otoniel Rivera, en el que la ataca por críticas a la inyección de fondos estatales a la feria municipal de León. Entre otras cosas, lo que revela este incidente es el uso de recursos públicos financiando ataques a opositores al gobierno panista y a contrincantes políticos.

Hay que señalar, primero que nada, que Rivera no es periodista ni dirige algún medio de comunicación, los más de 800 mil pesos que recibió de publicidad oficial del gobierno panista durante 2022 y 2023 han sido justificados con la inserción de “banners”. Los contratos se han hecho públicos por la abogada y periodista Rosario Martínez De la Vega y están disponibles en esta liga. Esta aclaración es importante, ya que no estamos hablando de opiniones editoriales de algún medio o de periodistas en lo particular, éstas estarían resguardadas por la libertad de expresión. Según Yulma, se trata de ataques y descalificaciones directas.

Como lo ha podido documentar Poplab.mx en su reportaje “Influencer financiado por gobierno panista insulta a precandidata de MC”, este sujeto estaría relacionado con ataques directos contra la entonces precandidata a la gobernatura Alejandra Gutiérrez Campos. Es decir, serían al menos dos ataques los documentados recientemente, aunque éste y otros portales estarían relacionados con las campañas de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2019.

Desde hace una década, la organización ARTICLE 19 ha litigado diversos amparos para regular el artículo 134 de la Constitución relativo a los fines de la comunicación social, y junto con el Colectivo #MediosLibres impulsó una agenda legislativa y política que sigue pendiente de cumplirse. Si bien ahora no existen condiciones para impulsar una Ley de Comunicación Social a nivel local, sí es importante hacer énfasis en cuáles deben ser los criterios que debe seguir la publicidad oficial. Recuperando estas experiencias, enumero algunos de ellos para alimentar la discusión local.

• No se plantea que la publicidad oficial desaparezca, pero debe transparentarse, limitarse y controlarse.
• La normativa o los lineamientos deben impedir el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad, la opacidad, las deficiencias en la planificación, así como la ausencia de rendición de cuentas. En el caso que nos ocupa incluso debe analizarse el manejo de redes y cómo estos conceptos ocultan el uso de campañas de desprestigio contra opositores con el uso de cuentas anónimas.
• Establecer criterios de asignación a partir de elementos de “idoneidad”, sin que éstos sean una restricción directa e indirecta en función de los contenidos editoriales.
• Transparencia en la regulación de la medición de la audiencia, estableciendo un sistema imparcial y externo.
• Que los contenidos de utilidad pública sean libres de promoción personalizada.
• La publicidad oficial debe ser siempre identificable, en sintonía con el artículo 6, inciso B, fracción IV de la Constitución, que prohíbe la transmisión de publicidad o de propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
• Fomento a la pluralidad y la diversidad.

Finalmente, se debe crear un mecanismo de control externo, incluso que permita monitorear posibles conflictos de interés en grupos creados o controlados por actores de gobierno. Como es el caso que nos ocupa, donde no se trata de acciones de comunicación social, sino de campañas y de ataques presumiblemente financiados con recursos públicos.

Ya más 50 periodistas y colectivos locales externaron su rotundo rechazo a estas campañas y llamaron al Gobierno del Estado, a los partidos y al Congreso a establecer pautas que regulen la publicidad oficial y el uso faccioso de los recursos públicos. Justo ahora que están por comenzar formalmente las campañas. Ver el posicionamiento aquí.

Lo que está pendiente de analizar es cómo estos ataques se presentan en tiempo electoral, si hay contratos de partidos políticos con este tipo de campañas de desprestigio, lo que ya no se trataría de uso arbitrario de publicidad oficial, sino de ataques intencionados contra opositores políticos. Veamos.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.