¿Así podremos “mover a México”?

La revocación de la licitación del tren México-Querétaro –aderezada con la exhibición de una propiedad de la familia Peña Nieto valuada en 7 millones de dólares— es la más reciente manifestación de una compleja red de corrupción que carcome a los sectores público y de la construcción en México. Más allá de las particularidades de cada caso, la constante en la licitación de obras públicas parece ser la colusión entre funcionarios y licitantes, donde el funcionario favorece a un licitante a cambio de un porcentaje del contrato o de bienes materiales como carros, yates o casas. Como demuestran los escándalos en torno a la asignación de contratos en la Comisión Federal de Electricidad, la etiquetación de proyectos en la Cámara de Diputados y, como todo parece indicar, la licitación de contratos en el Gobierno de la República, es común que los servidores públicos antepongan sus intereses personales al beneficio de la ciudadanía, principal perjudicada por la corrupción del gobierno.

En el caso del tren México-Querétaro, nos enteramos de la corrupción gracias a dos sucesos: (1) la súbita revocación de la licitación pese a que, en palabras del Secretario de Comunicaciones y Transportes, “fue un procedimiento legal, apegado a tiempos legales, apegado a procedimientos legales, apegado a las normas legales para tener certificación”, y (2) la exhibición de una casa valuada en 7 millones de dólares que la familia Peña Nieto recientemente compró a Grupo Higa, una de las empresas mexicanas que junto con China Railway ganó la licitación. A falta de establecer el vínculo definitivo entre ambos sucesos, todo parece indicar que Grupo Higa, una de las principales contratistas del gobierno del Estado de México durante el sexenio del ahora presidente Enrique Peña Nieto, habría ganado el contrato del tren México-Querétaro –y otros contratos— a cambio de beneficiar materialmente a la familia Peña Nieto.

[contextly_sidebar id=”tnOQLr2iKKdesRlHOI4fbQW1pa3aETJ8″]Sin ser nada nuevo en el escenario político nacional, en este caso escandalizan tanto el ámbito de los sucesos –Gobierno Federal, que sin duda cuenta con el mejor sistema para prevenir la corrupción en licitaciones— como el monto del contrato en disputa –50 mil 820 millones de pesos, con una alta probabilidad de incrementar sustancialmente a lo largo de la obra. En este sentido, la revocación de la licitación del tren México-Querétaro sería ilustrativa de la maduración de una democracia clientelista caracterizada por un Estado de derecho intermitente y vulnerable, un crecimiento mediocre sin desarrollo económico y un conjunto de políticas públicas dirigidas a intereses particulares; una democracia donde la familia del presidente se beneficia materialmente por la asignación de uno de los contratos más elevados y emblemáticos del sexenio.

¿Qué podemos hacer al respecto? Al menos dos cosas. Lo primero es exigir que el Gobierno de la República rinda cuentas sobre el proceso de licitación del tren México-Querétaro. Es necesario saber si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) efectivamente se apegó a la normatividad vigente y, sobre todo, los motivos precisos por los cuales decidió revocar el contrato. Si, como todo parece indicar, la revocación fue en anticipación del escándalo que desataría la exhibición de la casa de la familia Peña Nieto, estaríamos ante un gobierno dispuesto a violar la ley con tal de que, en palabras del titular de la SCT, “no haya cuestionamientos de ningún tipo”.

Lo segundo que podemos hacer es vigilar que se castigue a quienes hayan incurrido en actos de corrupción, sin importar su puesto o cercanía al presidente. Docenas de estudios coinciden en que las conductas de los líderes son uno de los principales factores que determinan las conductas del resto del personal en cualquier institución o empresa. A mayor corrupción de los líderes, mayor probabilidad de que los subordinados sean corruptos. El mejor antídoto contra este venenoso “aprendizaje por ejemplo” es que se castigue a todos los culpables. El costo de tolerar la impunidad lo pagamos a diario, tanto en los accidentes provocados por la inaplicación de los reglamentos de tránsito como en el asesinato de 43 estudiantes a orden de un presidente municipal.

El clientelismo ha pasado de ser un problema episódico confinado al ámbito electoral a ser un problema estructural que erosiona la democracia en México. Por otro lado, la corrupción en la asignación de obras multimillonarias como el tren México-Querétaro envía un mensaje tan contundente como preocupante a los inversionistas: el gobierno mexicano se reserva el derecho de violar contratos por razones políticas. En la antesala de la obra más ambiciosa de las últimas décadas –el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un costo estimado de 131 mil millones de pesos— y de la licitación de docenas de contratos multimillonarios de exploración y explotación hidrocarburos en territorio nacional, la revocación de la licitación del tren México-Querétaro por razones políticas es un grave antecedente que nos atañe a todos. ¿Así podremos “mover a México”?

* Gustavo Rivera Loret de Mola (@gustavoriveral) es Director Ejecutivo de Integralia Pública, A.C.