Aseguradoras inseguras

Alejandra tiene 33 años, y dos de haber sido diagnosticada con un trastorno de tipo cerebral: la bipolaridad, que afecta a cuando menos dos millones de personas en México. Ella vivía en los Estados Unidos cuando se manifestaron los síntomas, y pudo atenderse con seguridad y sin problema, porque su seguro en ese país cubría todo el tratamiento. Sin embargo, cuando por motivos de trabajo tuvo que regresar al nuestro descubrió que ninguna aseguradora le daría la misma cobertura: no era costeable para ellas. Lo sentían de veras, pero ella tendría que buscar la manera de financiarse esos cuidados por su cuenta. El camino fue largo, pero encontró una solución a medias. Por fortuna, pudo someterse a tratamientos especializados en el Instituto Nacional de Psiquiatría, aunque gasta en promedio cinco mil pesos mensuales en medicamentos. No puede dejar de cuidarse, no es opción. Los mismos proveedores que cumplieron en la Unión Americana, se empeñaron en lavarse las manos del asunto en estas tierras.

Conocimos de su caso en Alconsumidor A.C hace algunos meses, porque Alejandra se tomó la libertad de compartir su historia de horror personal con nosotros en nuestra  página web. Su valor civil, y la indeclinable intención de nivelar el equilibrio de fuerzas (que sólo favorece a intereses privados a expensas del bien común), eventualmente derivaron en un Foro –gracias al financiamiento proporcionado por Indesol y el Fondo Jurica de la SCJN- dedicado en exclusiva a esta materia en la Escuela Libre de Derecho el pasado 11 y 12 de noviembre. La intención principal: estimular un debate sano y necesario, pero también traducir las propuestas articuladas en el mismo para impulsar cambios estructurales en política pública. Así se trazaron objetivos similares en el ámbito de las Acciones Colectivas, cuando en noviembre del 2007 se organizó una Conferencia Internacional con ese propósito en el ITAM. (Ya se logró una enmienda constitucional en esta materia, y se da la batalla en el frente de las leyes secundarias. Todo parece indicar que la Cámara de Diputados se pronunciará al respecto, en el próximo periodo de sesiones).

Proveedores de seguros que tienen por obligación ceñirse a estrictos ordenamientos y regulaciones en el extranjero, aquí hacen lo que les antoja. Comercializan a modo sus productos, y discriminan abiertamente a clientes y usuarios (a los que no podrían, aunque quisieran, negarles el servicio), so pena de enfrentar las graves consecuencias de sus malas prácticas.

Pero en México, para no perder la costumbre, las cosas son distintas. Tenemos que seguir siendo las grandes excepciones universales, donde campea el gandallismo y un perverso sistema de castas oficialmente sancionado. Los organismos reguladores se esmeran en cubrirle las espaldas a empresas cartelizadas e inescrupulosas, muy a  tono con usos y costumbres de autoridades que han perdido la brújula (si alguna vez la tuvieron), y mantienen convenientemente extraviado el sentido social de su trabajo.

En el evento del ITAM se escucharon distintas voces, incluyendo la de especialistas en la materia que expresaron su deseo de revertir el trato discriminatorio hacia grupos vulnerables. El de las y los discapacitados, es un ejemplo de libro de texto. Enfrentan múltiples dificultades para obtener seguros que cubran sus necesidades, y muy poca chance de ser escuchados –y debidamente defendidos- en Condusef, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Todos los distintos y chafkianos vericuetos que recorremos los usuarios, topan con la  infranqueable barrera de siempre: la indiferencia oficial, su capitulación y captura en los hechos. Llamó incluso la atención que el mismísimo director jurídico de Condusef -quien en su momento justificó los abusos bancarios mediante una defensa del sistema financiero y la economía ‘de los chantajistas irresponsables’ cuando se impulsaban las Acciones Colectivas en el Senado de la República, exhibiendo su nulo compromiso con los consumidores de servicios financieros que dice defender- fuera en esta ocasión el expositor elegido por el organismo regulador para participar en una mesa de debate.  No sorprende entonces que él haya vuelto a reciclar airados reclamos e inexistentes ‘insultos’, que no fueron otra cosa que sólidos argumentos proferidos para desmontar sus inconsistencias, y la inocultable vacuidad del discurso interesado y aldeano de nuestros presuntos ‘defensores’.

Hay un paupérrimo entendimiento de la función pública por parte de los reguladores, mucho más ocupados en justificar los excesos de compañías acostumbradas a cometer verdaderos atracos porque de lo contrario, ‘se pierden valiosas fuentes de trabajo’, que en cumplir con los mínimos denominadores de su responsabilidad administrativa. Como si estas evidentes e ilegales exclusiones de las compañías de seguros, se manifestaran en otros lados y allá fueran igualmente tolerables.

Muy pronto publicaremos un libro con las mejores ponencias, junto con el video que abarca la totalidad de las exposiciones. La intención es presentarlo oficialmente y en fecha próxima a la opinión pública (ya estaremos compartiendoen este espacio los pormenores), y abordar el asunto directamente en el Poder Legislativo. Urge elaborar de una Ley General de Salud que supere estos rezagos, a la mayor brevedad. Es menester seguir transitando de las anécdotas personales o el lamento generalizado, a la plena obtención de derechos irrenunciables.

Duele y lastima la absoluta indefensión de millones de consumidores, que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida pública. La irresponsabilidad de gobiernos que ‘dejan hacer y dejan pasar’, no puede quedar desapercibida. Cada vez es más claro que el principal empeño tiene que provenir de la Sociedad Civil. Las aseguradoras inseguras difícilmente se volverán virtuosas por generación espontánea. La tarea de modificar comportamientos y romper inercias es de nosotros.