Redacción Animal Político · 18 de agosto de 2025
Tras su mañanera del 12 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “Juntas y juntos consolidamos la democracia; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.”
Esta no sería la primera reforma electoral en México ni el primer intento de reformar considerablemente el sistema político-electoral por parte de Morena. La hoja de ruta puesta sobre la mesa por la presidenta se inspira fuertemente del proyecto de reforma que se viene cocinando desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia es que la presidenta Sheinbaum sí cuenta con los números suficientes en las Cámaras para impulsar estos cambios constitucionales. Las propuestas del ejecutivo incluyen modificaciones a pilares de la democracia electoral como el voto popular, el financiamiento de los partidos políticos y la representación proporcional. De aprobarse, esta reforma electoral supondría cambiar las reglas del juego democrático en México. No se trata de criticar precipitadamente la reforma ni la comisión anunciada, pero sí subrayar las oportunidades y los riesgos de una reforma electoral en tiempos críticos para la democracia en México y en el mundo. Por otra parte, esta coyuntura nos invita a reflexionar e imaginar un modelo democrático que no se limite a escuchar ni dependa de elecciones periódicas, sino una democracia viva y cotidiana donde la ciudadanía y la sociedad civil sean protagonistas y corresponsables.
Si de mejorar la democracia electoral se trata, aún tenemos tareas pendientes en México: por ejemplo, garantizar el acceso pleno al voto; fortalecer la representación de grupos históricamente subrepresentados, como las comunidades indígenas y afromexicanas, y los jóvenes; frenar la influencia de intereses privados, y ampliar los derechos electorales. Una mala reforma podría reducir el espacio democrático y perjudicar la representación popular que tanto nos has costado ganar. Cambiar las reglas del financiamiento de partidos y de la representación popular, o modificar el sistema electoral no son simples ajustes técnicos —ni pueden ser una venganza política. Una mala reforma podría poner en jaque la esencia misma de la democracia y regresarnos a un régimen autoritario.
Comparto con la presidenta la urgencia de asociar a ciudadanía y sociedad civil en este proceso de reforma tan importante. Escuchar a la ciudadanía mediante consultas es una forma válida de participación democrática, pero aún estamos a tiempo de implementar mecanismos más innovadores, capaces de generar propuestas de calidad y que eviten la polarización. Para ello podemos inspirarnos de practicas comunes en otros países, regiones y ciudades.
En Brasil, más de un millón y medio de personas han participado en la plataforma digital Brasil Participativo, impulsada por el Gobierno de Lula. Además, desde hace décadas el país organiza Conferencias Nacionales, procesos en los que miles de participantes ayudan a definir prioridades y a redactar propuestas de política pública.
Más inspirador aún son los cientos de casos de uso de Asambleas Ciudadanas en el mundo. Estas Asambleas son mecanismos de democracia deliberativa que reúnen a un cierto número de ciudadanas y ciudadanos elegidos por sorteo, como se hacía en la antigua Atenas. En 2004, el gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica le delegó a un grupo de ciudadanos/as seleccionados por sorteo, la responsabilidad de hacer una primera propuesta de reforma electoral. En 2017, en Irlanda, una Asamblea Ciudadana creada por el parlamento, aconsejó al gobierno de reemplazar o enmendar la parte de la Constitución que limitaba estrictamente el aborto. Esta propuesta fue llevada a referéndum y de esta forma Irlanda legalizó el aborto. Recientemente, en 2024, el alcalde de Bogotá en Colombia anunció la creación de asambleas ciudadanas como espacios de participación recurrentes y desde entonces 60 ciudadanos, provenientes de todas las localidades de Bogotá y con distintas características demográficas, conformaron la primera edición. Según la OCDE, más de 34 países han establecido Asambleas Ciudadanas para atender temas de interés público.
Este tipo de procesos de participación ciudadana hacen parte de una forma de democracia que se dice deliberativa, porque busca llegar al consenso a través de la deliberación, es decir, de un discusión moderada e informada con el fin de responder a una pregunta hecha por una autoridad pública. La democracia deliberativa permite salir del debate polarizado, ya que los participantes pasan por una etapa de información con el fin de dejar atrás opiniones personales o mal informadas para buscar una respuesta o solución consensuales. El uso del sorteo como mecanismo de selección permite crear grupos representativos de ciudadanos que no suelen participar en política y otorga espacio a los grupos que suelen estar menos presentes: mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, minorías sexuales y migrantes. Este tipo de procesos democráticos han demostrado generar más beneficios que las consultas, tanto para los participantes como para las autoridades que las crean.
La participación en la vida democrática y el ejercicio de nuestros derechos cívicos y políticos no se reducen al voto periódico. Cuidar la democracia requiere un trabajo constante, y la Asamblea Ciudadana para la Reforma Electoral que propongo permitiría un debate informado y consensual con el fin de profundizar esos derechos, abriendo también espacio para pensar una democracia más allá del voto, que pudiese ser por sorteo y deliberativa.
Un grupo representativo conformado por entre 100 a 300 ciudadanas y ciudadanos elegidos por sorteo -usando el padrón electoral del INE y siguiendo datos estadísticos del último censo de población- se reuniría durante un tiempo para debatir y formular una propuesta (o un punto especifico) de la reforma electoral. Es decir, en un escenario A, la Asamblea propondría unos lineamientos o sugerencias para la comisión presidencial. En un escenario B, la Asamblea trataría de algún tema que resulte polémico, con el fin de reducir la polarización; por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos o el futuro de los plurinominales. En un escenario C, la Asamblea revisaría y propondría cambios a la propuesta del ejecutivo. La Asamblea Ciudadana no vendría a reemplazar las mesas de diálogo con sociedad civil, las consultas con ciudadanía ni la responsabilidad de las Cámaras electas. Este órgano se nutriría de los insumos generados por las consultas públicas y podría ser un foro ideal para que expertos, sociedad civil y ciudadanía trabajen mano a mano.
Las consultas que propone la presidenta son una buena señal, pero necesitamos mecanismos de diálogo y participación más robustos si queremos evitar pasar por otro proceso doloroso como la reforma judicial. La reforma electoral es la oportunidad perfecta para innovar en cómo hacemos sociedad, en cómo ejercemos nuestros derechos democráticos y en cómo pensamos la representación, más allá de la elección periódica.
De ser exitoso, el modelo de Asambleas podría volverse una nueva forma de ejercer el poder desde abajo, con verdadera representación y voz ciudadana.
* Mauricio Mejía Galván es experto en democracia, participación ciudadana y gobierno digital. Durante los últimos años, ha estado a cargo del equipo de participación ciudadana de la OCDE y ha trabajado como asesor en gobierno abierto, participación y democracia digital para gobiernos en Colombia, Brasil, Rumania, España, Portugal y Francia.