Joel Aguirre · 16 de junio de 2026
Argentina puede estar entrando en un problema entre el poder civil y las fuerzas armadas. Los recortes presupuestales del gobierno argentino han llegado a afectar a las instituciones castrenses. A la par, recientemente se dio a conocer que el gobierno argentino autorizó a los miembros de las fuerzas armadas a realizar otros trabajos en su tiempo libre. Esto se da a raíz del deterioro del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida, lo que ha generado focos de alarma entre la jerarquía militar a la par de que se vive un éxodo de militares debido a que su salario no alcanza para subsanar los costos de vida.
Las relaciones cívico-militares en Argentina, es decir, la subordinación del poder militar a la autoridad civil, han experimentado una transformación profunda desde el retorno de la democracia, en 1983. Tras décadas marcadas por la intervención militar en la política y por sucesivos golpes de Estado, el país construyó un modelo de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil que suele considerarse uno de los más sólidos de América Latina.
A pesar de estos avances institucionales, las Fuerzas Armadas no son inmunes a las presiones económicas que afectan al resto de la sociedad argentina. El país continúa enfrentando problemas estructurales relacionados con la inflación, la volatilidad económica y la pérdida del poder adquisitivo. Si bien los acuerdos de intercambio de divisas valuados en más de 40,000 millones de dólares que Buenos Aires acordó con Estados Unidos han contribuido a estabilizar algunos indicadores macroeconómicos, el ajuste fiscal implementado por el gobierno ha tenido costos significativos para amplios sectores sociales, entre ellos el personal militar.
Por ello, la estabilidad de las relaciones cívico-militares no puede entenderse únicamente a partir de normas legales o principios democráticos pues también depende de las condiciones materiales de las instituciones castrenses. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han enfrentado restricciones presupuestarias que han afectado tanto la modernización de las capacidades militares como el bienestar económico de su personal.
En este contexto, el gobierno argentino emitió recientemente el Decreto 34/2026, que permite a militares en actividad desempeñar funciones dentro del Ministerio de Defensa sin abandonar su condición de servicio efectivo. Aunque la medida busca aprovechar capacidades profesionales existentes, también puede interpretarse como una respuesta a la necesidad de generar oportunidades complementarias de ingresos para efectivos afectados por el deterioro salarial como una forma de aminorar el éxodo del personal militar que existe como resultado del creciente malestar económico dentro de las Fuerzas Armadas.
Diversos informes publicados durante 2026 señalan que el personal militar ha experimentado una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la administración de Javier Milei. Según algunos reportes, los salarios militares crecieron considerablemente por debajo de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Lo que ha generado un importante deterioro de los ingresos reales del personal militar. Esto, a la par de que ha habido reducciones presupuestales significativas para las Fuerzas Armadas.
Las consecuencias de esta situación son visibles en diversos ámbitos de las Fuerzas Armadas argentinas. Las restricciones presupuestarias no solo afectan las condiciones de vida del personal, sino también la operatividad y modernización militar. Entre sus posibles efectos se encuentran las dificultades para sostener programas de equipamiento, como la incorporación de los nuevos cazas F-16 de la Fuerza Aérea; limitaciones en recursos esenciales, como el combustible destinado a las campañas antárticas; y la cancelación o postergación de adquisiciones estratégicas, como los nuevos helicópteros navales previstos para la Base Naval Puerto Belgrano.
Cabe destacar que esta situación no es completamente nueva. Durante las últimas dos décadas Argentina ha experimentado una reducción sostenida del gasto en defensa en relación al PIB. Sin embargo, el incremento del costo de vida y los recortes presupuestarios recientes han generado una creciente preocupación dentro de la jerarquía militar. Esto se debe a que los ajustes estructurales que reducen los recursos destinados a la defensa, combinados con la pérdida de poder adquisitivo del personal, pueden traducirse tanto en una disminución de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas como en un deterioro sostenido de las condiciones de vida del personal militar, lo que lleva a un descontento generalizado.
Desde la perspectiva de las relaciones cívico-militares, esta cuestión adquiere una dimensión adicional. La literatura especializada ha desarrollado el concepto de coup-proofing, que hace referencia al conjunto de estrategias utilizadas por los gobiernos para reducir el riesgo de rebeliones e intervenciones militares en la política. En otras palabras, son medidas implementadas para mantener a las fuerzas armadas bajo el control civil.
Históricamente, las condiciones materiales de los militares han desempeñado un papel relevante en diversos procesos de inestabilidad política. Aunque no siempre explican por sí solas un golpe de Estado, pueden contribuir a generar descontento entre las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando se combinan con conflictos políticos más amplios. Históricamente varios golpes militares estuvieron precedidos por reclamos relacionados con salarios, equipamiento deficiente o abandono institucional por parte de los gobiernos.
No obstante, resulta necesario matizar y evitar interpretaciones alarmistas. Señalar la existencia de problemas salariales dentro de las Fuerzas Armadas argentinas no implica afirmar que el país enfrente un riesgo inminente de golpe de Estado. Sin embargo, ignorar el deterioro de las condiciones materiales de los militares también sería un error. Las relaciones cívico-militares saludables requieren no solamente subordinación al poder civil, sino también instituciones profesionales que cuenten con los recursos suficientes para cumplir sus funciones y garantizar condiciones de vida dignas a su personal.
En ese sentido, la situación actual de las Fuerzas Armadas argentinas puede convertirse en un desafío importante para el país, no solo por el riesgo de deserciones, la pérdida de capacidades operativas o una menor preparación institucional, sino también por las tensiones que estas dinámicas pueden generar en las relaciones cívico-militares y sus efectos en la estabilidad institucional de Argentina y la gobernabilidad democrática en el largo plazo. ♦