Arden Guanajuato y Jalisco

El 09 de agosto pasará a la historia como el martes negro en el que literalmente ardieron Guanajuato y Jalisco debido a cerca de 40 incidentes de violencia presuntamente realizados por delincuencia organizada (CJNG), aunque hasta el momento ningún grupo delincuencial se ha adjudicado estos eventos ni la autoridad ha expresado alguna teoría al respecto. Tampoco se ha dicho una palabra sobre los vínculos de ciertas autoridades con supuestos grupos delincuenciales.

Un día después de los hechos, un grupo de personas académicas y defensoras de derechos humanos hicieron pública un posicionamiento en el que proponen un cambio de paradigma en el abordaje de este fenómeno, empezando por el cambio de narrativa, oponiendo a la del “narcoterrorismo” que privatiza la discusión y diluye la responsabilidad estatal, un abordaje público del fenómeno de la macrocriminalidad.

Este Colectivo de investigación está adscrito al proyecto de CONACYT “Incidencia política de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de procesos organizativos y de construcción de memoria” y se forma por integrantes de Ibero León, ENES León, ENES Juriquilla, UG, entre otras.

Lo que pudo observarse en el monitoreo de medios es que en Jalisco, además de los vehículos incendiados en Zapopan, se registraron otros 7 incidentes como consecuencia de una supuesta detención. En Guanajuato los hechos fueron diferentes, la información actualizada habla de una afectación de una cuarta parte de los municipios del Estado (11 de 46 municipios) con cerca de 30 eventos en los que además de incendiar vehículos, se prendió fuego a Oxxos (la autoridad no ha informado el móvil) y a diversos negocios. Es decir, no queda claro si el conjunto de eventos está relacionado directamente o se trató de dos esquemas de operación diferentes.

Lo que es cierto es que los efectos son diversos y aún no podemos medir su impacto, tanto en lo económico, lo político y lo social. El Colectivo de investigación pudo verificar el efecto revictimizante que tuvieron estos hechos en familias de personas desaparecidas, especialmente de los municipios del corredor industrial y del sur del Estado.

¿Qué proponer desde la academia derechohumanera?

• Cuestionar el modelo de militarización de la seguridad pública, que en Guanajuato y en Jalisco no han reducido la violencia, sino que han mostrado vínculos de la propia Guardia Nacional con poderes fácticos.
• Comenzar la discusión regional y nacional sobre el enfoque de Conflicto Armado Interno, que implique la asistencia técnica de organismos internacionales para su abordaje.
• Un Plan regional que atienda la emergencia humanitaria y la violencia que se vive en la región, que implique la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno de las entidades del occidente del país.
• Evitar la revictimización a quienes ya han enfrentado violaciones graves a derechos humanos, como las familias de personas desaparecidas.
• Reforzar los controles constitucionales para evitar toques de queda o restricciones ilegítimas, según el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En pocas palabras, hace falta una nueva política de atención de la crisis que incluya estándares de derechos humanos y de análisis de la macrocriminalidad. Y la academia local está llamada a colaborar.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.