Aquí nos enfermamos dos veces, Lola

Redacción Animal Político · 5 de enero de 2026

Aquí nos enfermamos dos veces, Lola

Tras un desmayo, a Lola la llevaron a una consulta médica y le dijeron que era diabética, aunque nadie se lo explicó del todo. El médico habló rápido, mirando la pantalla más que a su cara, y escribió una receta que ella guardó con cuidado abrazando su bolsa, como si fuera un documento frágil.

“Tiene que regresar en un mes”, le dijo.

No le explicó por qué, ni qué pasaba si no regresaba. Lola asintió, porque aprendió hace tiempo que en los consultorios ella asiente aunque no entienda.

Durante demasiado tiempo, el sistema de salud ha funcionado bajo un orden de diferencias que se naturalizó hasta volverse invisible. No se trataba de una diversidad creativa ni de una adaptación virtuosa a los territorios, sino de una variabilidad clínica injustificada: cada estado, cada consultorio, atendía a su población según criterios propios, como si la salud fuera un asunto local o un milagro y no un derecho compartido.

De esa disparidad surgió un sistema incapaz de garantizar salud a todas las personas en todos los lugares. Las diferencias en diagnóstico, tratamiento, referencia y seguimiento no fueron accidentes: fueron consecuencias previsibles de un modelo que toleró —y en muchos casos administró— la desigualdad. Factores institucionales, administrativos, económicos, organizativos y geográficos se convirtieron en filtros que decidían quién accedía a una atención oportuna y digna, y quién quedaba atrapado en la espera, la demora o el abandono. Incluso bajo la promesa de cobertura universal, la calidad de la atención siguió estando distribuida de manera profundamente desigual. Y cuando la salud depende del lugar donde se nace, del ingreso que se tiene o del territorio que se habita, deja de ser un derecho y se vuelve una palabra vacía.

Transformar el sistema de salud no es ajustar lo existente; es abandonar un modelo que normalizó la desigualdad. Avanzar hacia un sistema público integrado, comunitario y centrado en las personas no es una consigna: es la condición mínima para que el derecho a la salud deje de ser una promesa incumplida.

Es una verdad incómoda: el sistema no solo reprodujo las desigualdades sociales existentes: las amplificó, las institucionalizó y las volvió rutina.

La vida de Lola se organizó alrededor de las clínicas. Se levantaba de madrugada para alcanzar ficha, desayunaba poco por miedo a que el azúcar se le subiera antes del estudio, y llevaba siempre un cuaderno donde anotaba lo que creía importante: fechas, nombres de medicinas, indicaciones incompletas. Cada consulta era distinta, aunque la enfermedad fuera la misma. Un médico le cambiaba el tratamiento, otro se lo regresaba. Uno le pedía estudios que no estaban disponibles ahí; otro le decía que los resultados “no habían llegado”. Nadie parecía ver el proceso completo, solo el fragmento que tocaba ese día.

Mientras se la repartían, Lola reaprendía a medir el tiempo por frascos de insulina. Antes, los años pasaban por calendarios, los bautizos de sus nietos, los partidos de futbol, pero desde que la diabetes llegó a su vida, el tiempo se volvió un trámite: filas, recetas médicas, medicamentos que vencían, médicos que cambiaban como cambian los gobiernos, viajes interminables a clínicas que parecían existir solo para recordarle que su cuerpo pertenecía a una jurisdicción equivocada.

La glucosa de Lola no obedecía a la burocracia de un sistema fragmentado: cada consulta un episodio aislado, sin memoria y sin continuidad. Lola lo vivía en el cuerpo cuando tenía que repetir su historia clínica una y otra vez, como si su enfermedad empezara de nuevo en cada escritorio.

“¿Desde cuándo es diabética?”, le preguntaban siempre. Ella respondía con la fecha aproximada, aunque sabía que la verdadera pregunta era otra: ¿a quién le corresponde hacerse cargo de usted?

Cuando necesitó insulina, le explicaron que debía ir a otra unidad. Tomó dos camiones y cuando llegó a la farmacia le dijeron que ese mes no había medicamento. “Regrese la próxima semana”. La próxima semana tampoco hubo. Nadie se hacía responsable del vacío entre la indicación médica y la realidad de Lola. El sistema había cumplido su parte —diagnóstico, receta, medicina—, pero había abandonado el cuidado de la persona.

Para Lola, eso significaba decidir entre comprar el medicamento o pagar el gas. Para el sistema, era solo un problema administrativo. Lola hacía pambazos, gorditas y quesadillas en una esquina transitada los fines de semana. Ella no sabía de desigualdad estructural, ni de asimetrías de gobernanza, ni de voluntades políticas. Pero con el tiempo, empezó a notar que otras personas vivían algo parecido. En las filas mañaneras, en las salas de espera, en ventanillas de farmacias, se compartían historias: a quién le tocaba médico nuevo cada tres meses, a quién le habían pedido estudios imposibles, a quién le habían detectado complicaciones que se pudieron evitar. Así aprendió que la desigualdad no era individual, sino estructural. Que no se trataba de errores aislados, sino de un orden que aceptaba que la calidad de la atención dependiera del lugar, del turno, del presupuesto disponible. Esa desigualdad no fue un accidente técnico: fue una decisión política que se volvió rutina.

Cuando le apareció una herida en el pie, la enviaron al hospital. Ahí la atendieron especialistas que sabían mucho del órgano, pero poco de su vida. Nadie preguntó si podía regresar sola a las curaciones, si entendía cómo cuidar la herida en casa, si tenía con qué alimentarse como le indicaban. El hospital resolvía la urgencia, pero la vida quedaba fuera del expediente.

Ese es uno de los silencios del progreso médico: más tecnología, más especialización, pero menos mirada integral. Lola era tratada por partes —la glucosa, el pie, la presión—, pero nadie parecía responsable de su salud como totalidad. El sistema sabía mucho de enfermedades, pero poco de personas; veía a la enfermedad, pero nunca a Lola: su camino, su vida, sus manos con gajos de masa seca, su trabajo informal, su esposo alcohólico, su trabajo doméstico, su hijo asesinado, sus cuidados, su olvido. Para Lola, más ciencia no significó más justicia ni más progreso, más derechos. Para el sistema, el progreso significo más formas de dividirse a Lola.

La paradoja es brutal: más conocimiento, más tecnología, pero una distribución cada vez más injusta de sus beneficios. Los avances se concentraron donde ya había poder, mientras amplios sectores quedaron expuestos a enfermedades evitables que el propio “progreso” dejó de considerar prioritarias. El problema nunca fue la falta de ciencia, sino la falta de proyecto colectivo. Por eso la crisis del sistema de salud no es solo operativa ni financiera. Es una crisis ética y política porque no puede garantizar los derechos a Lola ni cuidar de comunidades.

Lola lo resumió en una frase cuando me dijo: “Estoy enferma dos veces: del cuerpo y del trámite”.

Un sistema de salud centrado en la comunidad no es una consigna abstracta: significa que la clínica conozca a la población que atiende, que sepa cuántas abuelas diabéticas hay, dónde viven, qué barreras enfrentan. Significa que el equipo de salud no espere a que la complicación llegue al hospital, sino que acompañe antes, prevenga, dé continuidad. Que el tratamiento no termine en la receta, sino en el acceso real al medicamento y en el seguimiento sostenido.

Trabajar hacia un sistema donde las clínicas y los hospitales sean lugares públicos vivos que se anticipen a los daños, acompañen la sanación, y cuenten con personal dedicado que conozca a la gente por su nombre, no es romanticismo político: es el Estado apareciendo donde antes no lo hacia.

Lola pensaría también en que no la traten distinto cada vez; que su día no dependa del humor del profesionista que le toque; que su atención no cambie por cruzar una calle o un límite estatal. Protocolos claros y obligatorios no son rigidez, son equidad. Son la forma en que el sistema dice, en la práctica, que todas las vidas valen lo mismo: que el sistema tenga memoria, responsabilidad y rostro; que pueda responder por la gente, no solo por metas cumplidas.

Lola murió sin jamás hablar de justicia sanitaria, pero la reclamó cada vez que esperó horas sin explicación, cada vez que regresó a casa sin medicamento, cada vez que nadie la llamó para saber cómo seguía. La transformación del sistema de salud es escuchar esas experiencias y convertirlas en política pública. Es dejar de administrar pedazos y empezar a cuidar vidas completas. Los derechos humanos, y más el derecho a la salud, no deben ser sugerencias educadas; deben ser herramientas de justicia capaces de ordenar el sistema desde la prosperidad compartida.

Porque al final, un sistema de salud se mide menos por sus documentos y números que por lo que le pasa a una abuela diabética un martes cualquiera. Y mientras eso no cambie, la desigualdad seguirá siendo rutina. Transformarlo es decidir, solidariamente, que la salud no sea un privilegio. Lola dejó una certeza que no cabe en ningún expediente: todos morimos, sí, pero enfermamos doblemente cuando la desigualdad es destino.

El sistema de salud no es únicamente un dispositivo técnico de asistencia. Es, ante todo, una declaración política y ética. Afirma que la salud de una nación no puede quedar subordinada a intereses ajenos ni fragmentada por la inercia del pasado. Es la capacidad de un pueblo para hacerse cargo de su bienestar, para decidir sobre sus cuerpos y sus comunidades, y para liberarse, colectivamente, de las cadenas de la desigualdad. Militar en estos tiempos no es gritar hacía la izquierda o hacía la derecha, es más bien asumir que la justicia no llegará sin “nosotras”, aquellas que se niegan a aceptar la desigualdad como destino de todas las Lolas.

* Nemer Naime es sociólogo.