Aquí no se mata gente

 

A principios de 2001 llegó a mi casa una señora en sus 30 para ayudarme con el trabajo doméstico. No recuerdo su nombre, sólo que era de Mérida, que tenía tres hijos y que era muy alegre y dicharachera. La llamaremos María.

Un mes después, María me contó muy preocupada que estaba embarazada por cuarta vez. Que su esposo y ella no tenían dinero para criar a un hijo más. Que como derechohabiente había acudido a una clínica del IMSS a consulta y que le había pedido al doctor que la ayudara a abortar. Imaginen su desesperación para atreverse a hacer algo así.

El médico la insultó. Enojadísimo, le dijo que él no asesinaba niños. Que si insistía en su “despropósito” la iba a denunciar. Que más le valía poner todo de su parte para que su hijo naciera.

Así que María se resignó a tener a su bebé. Durante las consultas prenatales le tocaba un médico diferente cada vez. Al sexto mes, la doctora que la atendió le dijo quitada de la pena que el latido del bebé “no se oía” y que “quién sabe” si estaba bien. Y adiós, la veo el próximo mes.

Ante la angustia provocada por la desalmada mujer que le tocó en consulta, la llevé con mi ginecólogo. El doctor le realizó un ultrasonido donde pudo ver y escuchar a su hija y constatar que todo estaba bien con su embarazo.

Luego del nacimiento de la niña, la familia decidió regresar a Mérida, capital del único estado en el país que permite el aborto por razones económicas y después del tercer hijo, desde 1932. Tal cual su caso. Por desconocimiento de la ley, María no pudo decidir por más que hoy sea muy feliz con su cuarta hija. Y como ribete, tuvo que someterse a una atención infame de médicos que la torturaban sobre el estado de su embarazo. Con todo, le fue bien.

Hilda Álvarez Hernández no puede contar lo mismo. De 26 años, originaria de Huixtán, Chiapas,  pobre, indígena y con síndrome de Down, fue violada recurrentemente desde los 16 años por un vecino que la embarazó. De acuerdo con el testimonio recabado por Patricia Chandomí para el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y cuya nota pueden consultar aquí, Hilda cumplía con las tres causales de aborto en ese estado (violación, embarazo de alto riesgo y producto con alteraciones genéticas), pero no hubo poder humano que convenciera a los médicos para aplicar la ley.

La única respuesta que recibió por parte del personal del Centro “Los Pinos” de la Secretaría de Salud fue un sentencioso “aquí no tenemos orden para matar sino para dar vida. Aquí no matamos gente”. A los seis meses de embarazo el parto se adelantó y el bebé nació muerto.

Ante el peligro en que se encontró Hilda, el médico que la atendió entonces sugirió a su mamá que se le practicara una salpingoclasia (cirugía que liga las trompas de Falopio para que ya no haya ovulación) como precaución “por si le vuelve a pasar lo mismo (la violación), ya no quede embarazada”.

Increíblemente, dos años después el violador regresó al pueblo con todo y orden de aprehensión girada en su contra y la volvió a violar, embarazándola por segunda ocasión. En 2007 Hilda parió una niña con síndrome de Down. Su madre, de 70 años, ahora tiene que atender a una hija y a una nieta discapacitadas, con la angustia permanente por lo que será de ellas cuando ya no esté.

El 24 de abril de ese mismo año, 2007, se aprobó en el Distrito Federal la despenalización del aborto por voluntad de la mujer durante las primeras 12 semanas de gestación. De entonces a la fecha se han practicado más de 75 mil interrupciones legales de embarazo (ILE), de los cuales sólo se ha registrado un fallecimiento a causa de un error humano por parte del médico que lo atendió. Uno en 75 mil.

Para Martha Lamas, fundadora y presidenta honoraria de GIRE, el logro más destacado de esta despenalización ha sido la “desdramatización” del procedimiento. Primero, porque las mujeres llegan exigiendo un derecho, no una concesión sujeta al humor o la moral del personal médico. Y segundo, porque el 85 por ciento de las ILE son en casa, con mecanismos que provocan “abortos espontáneos” sin necesidad de legrados. Sin necesidad de métodos invasivos. Porque son procedimientos informados y a tiempo, sobre los que decide únicamente la mujer.

A cinco años de la entrada en vigor de la ILE, Lamas y la Consejera Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, resaltan como siguiente reto que se obligue al gobierno federal a ejercer este derecho en sus hospitales. Hasta ahora, el ILE en el DF se practica únicamente en los centros de salud locales (aquí la lista completa). El Centro de Salud Beatriz Velasco concentra el 38 por ciento de los procedimientos, seguido por el Hospital Inguarán con el 9 por ciento y la Clínica Santa Catarina con el 8 por ciento.

Para obligar a la Secretaría de Salud a practicar la ILE en el DF tiene que haber una derechohabiente “que se atreva y demande”, orienta Bonifaz. Como en el caso de la pareja gay que ganó una demanda al IMSS para inscribirlos en el régimen de seguridad social, a lo cual la instancia federal se negaba.

María e Hilda no tuvieron la información ni al personal médico de su lado, igual que miles de mujeres en todo el país que aún exponen su vida con abortos ilegales. 76 años tuvieron que pasar para que la primera ola del movimiento feminista rindiera frutos. 36 desde que la segunda ola tomó la bandera.

Toca ahora al resto de los ciudadanos interesados presionar a políticos y candidatos para que los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) se reconozcan como lo que son, derechos, y no “graciosas concesiones” sujetas a voluntades políticas, a los intereses de quien apoye con presuntos votos o financiamiento las campañas electorales o, peor aún, a consultas populistas y mal informadas, propuestas, según se aprecia, por el enemigo en casa.