Apuestas por la memoria, más allá del 'narcoestado'

Una vez más, en el escenario político de México se reviven los dimes y diretes sobre vínculos entre el narcotráfico y el poder Ejecutivo. Como el guión lo dicta, opositores al presidente en turno le acusan de pactos y acuerdos con grupos del crimen organizado. La narrativa del “narcoestado” regresa a los titulares de los grandes medios de comunicación por unos días y se difumina entre la agenda de las mañaneras y las múltiples y diversas violencias que azotan Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas y otras zonas del país.

Durante años desde la academia y la sociedad civil se ha señalado este vínculo constante entre el gobierno y grupos que manejan mercados ilícitos. Sin embargo, son escasas las pruebas documentales que permitan entender la complejidad de las distintas etapas de las relaciones clientelares y reconstruir los efectos que estas han tenido en la vida de quienes habitamos México.

Diseñar procesos de memoria al respecto permitiría derribar mitos y lugares comunes en torno a la figura del “narcoestado”, sobre todo en relación con dos tesis que han circulado a los largo de los últimos años que impiden desentrañar y entender las distintas causas de la violencia. Por un lado, la de la fortaleza “invencible” de los cárteles gracias a los procesos de globalización, las nuevas tecnologías y el lavado de activos que se vuelven un desafío para el Estado que requiere todo el uso de la fuerza. Y por el otro, la del pacto perfecto entre los grupos de la delincuencia organizada y el gobierno en turno.

La primera tesis poco a poco ha perdido credibilidad. Más de 15 años de aparente guerra lejos de debilitar a los grupos de la delincuencia organizada han dado paso a la militarización del país y a políticas que han derivado en graves violaciones a derechos humanos y facilitado procesos de criminalización en contra de los movimientos sociales. Esta tesis también ha “narcotizado” la narrativa del Estado y los medios de comunicación al limitar la causa de las violencias al mercado declarado ilícito de drogas, dejando por fuera otras industrias criminales como el tráfico de armas o de personas e incluso, las extorsiones, la corrupción en mercados legales, entre otras. Las drogas centran y mueven el debate público de forma conveniente para la estrategia militar que se encuentra más afianzada que nunca en el poder.

La segunda tesis apunta a un pacto indisoluble entre crimen organizado y Estado. Acá surgen más interrogantes que respuestas. ¿El pacto es el mismo después de la transición democrática de 2001, la militarización de Felipe Calderón en 2006 y la llegada de López Obrador al poder? ¿Qué consecuencias han tenido las rupturas al pacto de una administración a otra y cómo se ha gestionado? ¿Con quién se pacta y con quién no? ¿Cómo se beneficia la clase política y las elites de dichos acuerdos?

La acusación constante de los vínculos entre los gobiernos federales y las empresas criminales tendría que ser cuestionada más allá del golpeteo político como un acto juicioso de memoria y, eventualmente, como insumo para garantizar verdad, justicia y reparación frente a las violencias que derivan estos vínculos y la narrativa bélica que simula una confrontación directa.

Un punto medio nos permitiría tener más luces sobre las causas que tienen a México sumido en una violencia que parece no tener fin. Urge allegarnos de archivos, pruebas documentales y voces de quienes protagonizan estos acuerdos de forma alterna a la vida pública. Necesitamos nuevas narrativas que den cuenta de las causas y den paso a la construcción de soluciones para contar la verdad, reducir la violencia y erradicar la impunidad.

* Adriana Muro Polo (@adrianawall) Abogada por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México con Maestría en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad del Externado de Colombia. Fundadora y Directora de @ElementaDDHH.